El retiro del proyecto de reforma tributaria –anunciado el domingo por el presidente de la República tras cuatro días de protestas ciudadanas– plantea preguntas sobre cuáles deben ser los pasos a seguir en tres frentes principales: el sentido del nuevo proyecto de reforma que se buscará –y deberá– presentar ante el Congreso; las vías de concertación frente a movilizaciones que –según lo anunciado por el comité nacional del paro– se mantendrán vigentes; y la respuesta institucional frente a las numerosas denuncias de colectivos y ciudadanos sobre violencia ejercida por parte de integrantes de la fuerza pública en el marco de las protestas –replicadas por periodistas, entidades estatales y medios de comunicación–.
Comencemos por el frente económico. El proyecto de reforma tributaria presentado por el Gobierno nacional el pasado 15 de abril recargaba en el bolsillo de los consumidores y los asalariados la financiación del hueco fiscal. Este boquete en las finanzas públicas lo agrandó deliberadamente el Gobierno hace tres años. La reforma tributaria de 2018 –tramitada de nuevo al año siguiente por vicios de forma en la discusión inicial– les otorgó a las grandes empresas del país gabelas por más de 9 billones de pesos.
Aunque en la defensa de la nueva reforma tributaria imperó –y sigue imperando aún después de su retiro– el argumento de que ha sido el gasto de emergencia obligado por la pandemia la principal razón para impulsar la iniciativa, realidad es que el faltante en las cuentas del Estado existía desde antes del covid-19. A esto se suma que el gasto por parte del Estado durante esta crisis sin precedentes no ha superado los cerca de 3 puntos del PIB, y que, a diferencia del gasto temporal por pandemia, el hueco de los recortes de impuestos a las empresas sí es para toda la vida.
Es importante dejar algo en claro: una reforma tributaria con alto componente fiscal –esto es, haciendo cambios de fondo respecto a cómo y quienes pagan impuestos en Colombia– es necesaria. El punto, entonces, no es el qué. Lo realmente importante es el cómo.
¿Cuáles son, entonces, los elementos del consenso que busca impulsar el Gobierno nacional con miras a la nueva reforma?
En su declaración del domingo 2 de mayo, el presidente de la República aseguró que la presentación de la reforma tributaria tuvo como “único propósito” dar “estabilidad fiscal al país, proteger los programas sociales de los más vulnerables y generar condiciones de crecimiento, luego de los efectos arrojados por la pandemia”.
Tras resaltar la necesidad de “tramitar, de manera urgente, un nuevo proyecto fruto de los consensos, y así evitar incertidumbre financiera”, aseguró que ha dialogado “con representantes de los partidos políticos, la sociedad civil, alcaldes y gobernadores, y líderes del sector empresarial, quienes han aportado valiosas ideas para lograr esta financiación sin afectar a la clase media y a los más vulnerables”.
Según lo expresado por el presidente, las propuestas base para iniciar la concertación del nuevo texto son las siguientes: sobretasa de renta temporal a empresas; prórroga del impuesto al patrimonio de forma temporal; incremento del impuesto a los dividendos, de forma transitoria; creación de una sobretasa de renta a personas de mayores ingresos; y la profundización de programas de austeridad del Estado. El presidente dijo también que “no habrá ningún incremento del IVA para bienes y servicios, ni se cambiarán las reglas existentes”, y que “nadie que no pague impuesto de renta pagará ese tributo”.
Se trata, en su mayoría, de impuestos al capital –lo cual es un buen comienzo, pues es allí donde debe ponerse el énfasis del recaudo–. Sin embargo, todo apunta a que lo que terminaría concertándose no es una reforma de fondo, sino más bien un conjunto de medidas temporales para aumentar el recaudo.
Colombia parece, una vez más, avanzar hacia una postergación de la crisis, en vez de solucionar el problema de fondo y gravar al capital para obtener una reforma tributaria progresiva.
En 2018, en un segmento titulado Los trucos de magia de Iván Duque sorprendieron a Eva, el presidente de la República –entonces candidato– aseguró que no dejaría de “hacer una gran reforma fiscal para que esta economía se recupere, bajando impuestos, mejorando además los ingresos de los trabajadores”. La promesa que se le hizo a Eva está en riesgo de no cumplirse.
La construcción de consensos en torno a la reforma es otro elemento fundamental. Este punto toca el segundo elemento que señalábamos al inicio: ¿cómo se va a concertar con los ciudadanos que seguirán movilizándose?
Según dijo el presidente, las líneas generales de la nueva reforma –“sobre las que existen principios de consenso”– se plantearon luego de “escuchar a la ciudadanía, e incluyendo las propuestas de la Andi, el Consejo Gremial y los partidos políticos”. No obstante, no especificó con qué voceros de la ciudadanía conversó. Llama también la atención que mencionara, antes que a los partidos políticos, a los grupos de lobby empresarial.
Los ciudadanos que –en su inmensa mayoría– se han movilizado de forma pacífica, ¿tendrán voz y representación en las deliberaciones? No es claro: así será si los representantes y senadores por los que votaron asumen su vocería, e incluso si es así, tendrán que competir con la voz de un lobby empresarial que, desde luego, no fue elegido democráticamente. A juzgar por lo que la semana pasada les dijo el hoy renunciado ministro de Hacienda a los congresistas de las comisiones económicas del Congreso, tendrán un gran peso las ideas manifestadas por los partidos. Esto quedó reforzado por las palabras del presidente sobre su deseo de “construir un consenso solidario en el Congreso de la República”.
Por obvias razones, la reunión de los ponentes de la reforma tributaria, la cual se realizaría en la sede del Ministerio de Hacienda –a puerta cerrada y sin transmisión al público, como sucede, por ejemplo, durante el trámite del Presupuesto General de la Nación– fue cancelada. En su lugar el presidente convocó una reunión de emergencia con partidos políticos en la Casa de Nariño. Voceros e integrantes de los partidos de oposición no fueron convocados al encuentro. Al final del día, el Gobierno aseguró que se reunirá también con las fuerzas de oposición.
El tercer punto –la respuesta institucional frente a las denuncias sobre violencia por parte de integrantes de la fuerza pública en el marco de las protestas– sigue todavía pendiente. También lo está la respuesta de las instituciones encargadas de velar por este asunto.
Tan obvias como las tres líneas que hemos analizado es decir que las semanas por venir serán cruciales para que el país pueda definir una hoja de ruta clara hacia la recuperación del tejido laboral y empresarial –protegiendo el bolsillo de las personas de a pie y poniendo el énfasis tributario en donde debe estar–. Seguiremos reportando.