En marzo pasado Daniel Gómez, subdirector del Departamento Nacional de Planeación (DNP), nos compartió su experiencia sobre el diseño, la puesta en marcha y el primer año de vigencia del programa Ingreso Solidario. En su texto nos adelantó que estaban en marcha varias evaluaciones tanto de académicos como de organismos multilaterales respecto a los impactos de esta política en la población beneficiada.
El Banco Interamericano de Desarrollo y el DNP publicaron la semana pasada un documento titulado Impactos del programa Ingreso Solidario frente a la crisis del COVID-19 en Colombia. En este, sus autores –Jorge Gallego, Bridget Hoffmann, Pablo Ibarrarán, María Paula Medina, Camilo Pecha, Olga Romero, Marco Stampini, David Vargas y Diego Vera-Cossio– analizan cómo impactó la iniciativa la situación de los hogares beneficiados.
Creado mediante el Decreto 417 de 2020, Ingreso Solidario fue concebido con el objetivo de apoyar económicamente a cerca de 3 millones de hogares en condición de pobreza y pobreza extrema –cuyos ingresos provienen principalmente de actividades informales– y que no son beneficiarios de programas sociales y de transferencias monetarias condicionadas como Familias en Acción, Jóvenes en Acción, Colombia Mayor y Devolución del IVA. El giro consiste en 160 mil pesos mensuales que se entregan mediante operadores y entidades financieras.
Proyectado inicialmente hasta junio de 2020, el programa fue luego extendido a septiembre y diciembre de ese año. Posteriormente su vigencia se planteó hasta junio de 2021.
En marzo pasado el Gobierno nacional anunció que la idea es que Ingreso Solidario sea un programa permanente. El retirado proyecto de reforma tributaria reflejó ese propósito. Y la nueva reforma tributaria, que se le presentará al Congreso en las próximas semanas, mantendrá ese propósito.
Pero volvamos al documento. Hay cuatro elementos especialmente interesantes sobre este programa: el primero tiene que ver con el ingreso de los hogares. Los investigadores encontraron que Ingreso Solidario ha sido “efectivo en garantizar que los hogares mantengan un nivel básico de ingresos”, particularmente los más golpeados por la pandemia. Por ejemplo, durante julio de 2020, los hogares beneficiados aumentaron en 5,9 puntos porcentuales la probabilidad de reportar ingresos respecto a los hogares comparables que no resultaron elegibles para el programa.
Respecto al gasto de los hogares, el estudio estableció que si bien no se incrementó significativamente el consumo de alimentos en los hogares beneficiados, el ingreso derivado del programa sí contribuyó a atenuar los efectos negativos de la caída de ingresos. En otras palabras, no hubo caída en el consumo de alimentos. En cuanto al consumo de otro tipo de productos, encontraron que se gastó en artículos de limpieza y salud, así como en material escolar.
De esto se desprende el tercer elemento, relacionado con la convivencia al interior de los hogares. En este sentido, el gasto en material escolar impactó positivamente el tiempo dedicado por los niños a actividades escolares. Así, según detallan los académicos, el programa contribuyó a dicho aumento. Siguiendo esta línea, señalan que “Ingreso Solidario puede haber ayudado a los hogares a adaptarse a la nueva realidad” derivada de la pandemia.
El cuarto elemento tiene que ver con la inclusión financiera, uno de los mayores retos durante la puesta en marcha del programa, dado que supuso la entrada al sistema financiero de ciudadanos que no tenían productos bancarios. Uno de los hallazgos es que, en promedio, “la probabilidad de que algún miembro del hogar haya abierto una cuenta bancaria nueva” aumentó en 14 puntos porcentuales en 2020 respecto “a los hogares no elegibles en el margen de elegibilidad”.
Al respecto encontraron que “los hogares elegibles son 7.5 puntos porcentuales más propensos a haber usado una billetera electrónica para realizar pagos de servicios u otras transacciones”.
En términos generales, otra de las conclusiones más relevantes del análisis es que la inclusión de los hogares en Ingreso Solidario no implicó que las personas tuvieran incentivos para no buscar trabajo, o seguir participando de forma activa en el mercado laboral. Se trata de un dato relevante, pues este es uno de los elementos que más se observa al momento de diseñar programas de transferencias monetarias condicionadas –incluyendo los relacionados con la introducción de iniciativas de renta básica–.
Respecto a la situación del mercado laboral, el estudio no encontró evidencias de impacto. Señala, eso sí, que los cambios en la situación de los hogares están relacionados con “la precariedad del ambiente económico durante la pandemia”.
Los autores destacan también que encontraron evidencia de que “los hogares beneficiarios del programa están en promedio más preocupados por el estado del mercado laboral y, consecuentemente, más enfocados en la búsqueda de empleo”.
Adicionalmente señalan que a futuro “queda pendiente incorporar en el sistema de protección social un instrumento para brindar apoyo temporal a las familias vulnerables afectadas por choques transitorios, sean pandemia o desastres naturales o eventos causados como consecuencia del cambio climático, así como brindar apoyo regular a las familias en situación de pobreza estructural que no estaban cubiertas antes de la pandemia”.
Esta recomendación es especialmente importante en el contexto de eventuales reformas de la estructura de las transferencias monetarias condicionadas, un tema que se ha planteado en debates como el de la posible creación de un programa de renta básica en Colombia.
En términos generales, esta evaluación académica del programa Ingreso Solidario es muy valiosa tanto para entender los impactos de la pandemia en la economía y la estructura social del país, como para medir de manera más precisa la efectividad de los programas e iniciativas que se han puesto en marcha durante la emergencia.
El interés de organismos multilaterales como el Banco Interamericano de Desarrollo en programas de esta naturaleza debería poner de presente la importancia de que las entidades del Estado colombiano sean más proactivas en la divulgación y la entrega de microdatos que permitan a la academia hacer los cálculos y análisis pertinentes, con miras a mejorar el diseño, funcionamiento y enfoque de las políticas públicas.
Para consultar el documento completo, los invitamos a visitar este enlace.
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