Van tomando forma las propuestas de los candidatos y precandidatos presidenciales en materia económica. El manejo de la política fiscal y tributaria en el mediano plazo, así como el rumbo que tomará Colombia en materia macroeconómica serán, son lugar a dudas, el principal foco de atención y preocupación de los ciudadanos en la actualidad.
Así las cosas –y sin dejar de lado asuntos tan apremiantes como el recrudecimiento de la violencia; las amenazas y ataques contra líderes sociales, defensores de derechos humanos y firmantes del Acuerdo de Paz; y el alarmante incremento en los índices de deforestación; entre otros–, será la economía el tema que mayor atención concite en medio de la campaña electoral que avanza en nuestro país.
En los menos de seis meses que le quedan de mandato, el actual Gobierno tiene una agenda amplia de tareas en el frente económico –con especial énfasis en la contención de los galopantes índices de inflación–. Sin embargo, la atención de la opinión pública está puesta en la persona que llegará a la Casa de Nariño el próximo 7 de agosto.
En el Observatorio Fiscal hemos comenzado a hacer seguimiento a las propuestas e ideas que vienen planteando candidatos y precandidatos. Hasta el momento nos hemos centrado en las posturas de varios de ellos respecto a una reforma tributaria que parece tan necesaria como inaplazable (aquí pueden también leer la segunda entrega de ese análisis).
No obstante, las propuestas en otros frentes ya se están escuchando. En esta ocasión queremos centrarnos en dos relacionadas con el IVA, lanzadas por el precandidato de la Coalición Centro Esperanza por el Nuevo Liberalismo, Juan Manuel Galán, y el precandidato de la Coalición Equipo por Colombia, Alejandro Char.
Comencemos con Galán, quien planteó –“con el fin de detener la inflación”, y como medida transitoria– “reducir el IVA a la mitad por un periodo de 4 meses”, así como la suspensión de “todos los aranceles a los insumos y a los bienes de consumo de las familias”.
Antes de seguir, hagamos una pausa. ¿Qué es el IVA? El IVA –denominado impuesto a las ventas en el estatuto tributario– recae sobre el consumo de bienes y servicios en las diferentes etapas del proceso productivo –es decir: producción, distribución, comercialización e importación–.
Así, este Impuesto al Valor Agregado se cobra cuando compramos un producto o pagamos por un servicio.
El IVA se cobra sobre toda la cadena productiva, pero solo grava las transacciones que incrementan el valor en cada uno de los eslabones de dicha cadena. Su tarifa general es del 19 por ciento, y se aplica a bienes y servicios. Estos pueden ser excluidos, exentos o no sometidos.
Para saber más sobre el IVA, los invitamos a consultar nuestra Guía ciudadana a la tributación y el gasto del Estado colombiano.
Volvamos ahora a la propuesta de Galán. El país tiene experiencia reciente en materia de eliminación temporal –o transitoria– de este impuesto: los días sin IVA. Cuando se conoció la propuesta de estas jornadas, en el Observatorio Fiscal hicimos un ejercicio: calculamos el gasto que hacen los hogares en los productos que no tendrían este impuesto –desagregándolos por nivel de ingreso– para estimar la magnitud del posible ahorro.
A partir de los cálculos realizados, llegamos a la conclusión de que estas jornadas no suponen un alivio tributario sustancial para los ciudadanos. De hecho, incluso en un escenario en el cual los consumidores pueden usar de forma significativa este tipo de descuentos –como concentrar las compras de un mes en un solo día–, el recaudo de IVA disminuye en unos 660.000 millones de pesos al año.
Haciendo cuentas en términos muy generales, el IVA a la mitad durante cuatro meses implicaría dejar de recaudar cerca de 36 billones –esto es, millones de millones– de pesos.
Adicionalmente, sería importante mirar en detalle el comportamiento de los precios al tratarse de una rebaja del impuesto durante un periodo relativamente extendido, y no en una sola jornada.
Por cuenta del revuelo que causó la propuesta, Galán explicó los detalles de su propuesta. Señaló, por ejemplo, que su propuesta no consiste “en desmontar ni mucho menos eliminar” el impuesto. “Al revés, creo que el IVA sobre bienes suntuarios debe ser diferenciado y mucho más alto”.
Detalló que la reducción se efectuaría “en un grupo selecto de productos e insumos que impactan a consumidores y que inciden dramáticamente en la inflación”, en una movida similar “a la reducción temporal de aranceles para enfrentar inflación”.
El objetivo, agregó, es “garantizar el bienestar de los más vulnerables, contrario a los días sin IVA de Duque, que favorecen solo a los comerciantes de ciertos productos no vitales, como los electrónicos, y no a la producción nacional ni a los más vulnerables”.
El precandidato del Nuevo Liberalismo también detalló que se propone hacer “una gran transformación de la injusticia tributaria” que le permita al país pasar “de una tributación recargada en los trabajadores formales, la clase media y que castiga la generación de empresa, a una que contribuya a la equidad donde los más ricos paguen más”.
En este sentido, explicó que se propone “eliminar exenciones que no crean empleos y engordan bolsillos de los más ricos”, crear un “impuesto a riqueza extrema” y “modernizar la tributación de la tierra y el catastro para que tierras improductivas y lotes de engorde no generen inmensas fortunas”.
Más allá las propuestas generales en materia de tributación del precandidato –las cuales analizaremos a profundidad– conviene observar, con relación al IVA– los potenciales efectos de la interrupción del recaudo durante periodos extendidos de tiempo.
Por su parte, el precandidato Alejandro Char no propone la reducción temporal del IVA, sino su eliminación definitiva. “Sustituiremos el odioso IVA por un impuesto al consumo, como ya se ha hecho en el sector de bares y restaurantes. Con una tarifa mucho más baja, con mayor cobertura y mayor eficiencia para su recaudo”, escribió.
El precandidato, quien prometió “una transición seria y rigurosa”, aseguró que “las devoluciones del IVA están acabando con la DIAN”, y que “un impuesto al consumo generalizado, del 8%, con devolución solamente a los más pobres, simplifica recaudo y enfoca a la DIAN en su labor de recaudar y auditar renta, no IVA”.
La reacción a la propuesta de Char vino desde el propio Ministerio de Hacienda. Juan Sebastián Betancur, director general de Política Macroeconómica le respondió que esta propuesta se analizó en 2020. “Concluimos que reemplazar el IVA por ImpoConsumo perjudica el bienestar de los colombianos”, afirmó.
Un documento técnico compartido por Betancur señala que “un impuesto sobre las ventas que solo grave el consumo final tiene un diseño menos eficiente y más vulnerable frente a la evasión que el del IVA”. Y agrega que un impuesto al consumo que grave todas las transacciones entre empresas, gravaría sus insumos y distorsionaría fuertemente los procesos de producción y las decisiones de consumo, generando efectos perjudiciales sobre la actividad económica”.
Todas las propuestas son bienvenidas –mucho más en un escenario como el actual, marcado, además, por recomendaciones internacionales respecto a profundas reformas–. Sin embargo, como hemos visto, unas pueden resultar altamente contraproducentes, mientras que otras parecen más orientadas por el deseo de agradar al electorado que por el conocimiento en materia tributaria.
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