Imagine este escenario: una joven profesional paga intereses en sus cuotas de Icetex y en la hipoteca del apartamento que compró con esfuerzo. Adicionalmente, también mes a mes, paga comisiones para que le manejen su ahorro pensional obligatorio.
Así funciona el asunto, pero ¿es realmente eficiente? En un caso como este, la gente podría tener mayores rendimientos en su ahorro invirtiendo en educación y vivienda.
Antes de meternos a este tema –sensible siempre, pero especialmente peliagudo en esta campaña electoral– repasemos un par de generalidades sobre el panorama pensional en nuestro país. Todos los trabajadores formales cotizan para pensión en Colombia, haciendo un aporte mensual que para la mayoría es de 16 por ciento; los empleados con salario integral y los contratistas aportan montos un tanto distintos.
En cualquier caso, cuando se aporta a fondos privados, el dinero va a una cuenta de ahorro individual y solo se puede disponer de este cuando las personas se pensionan o cumplen con los requisitos para la devolución de saldos.
Pero mientras se llega a esa meta, la plata que todos los meses se le mete a la alcancía pensional no se queda quieta en las administradoras de fondos de pensiones (AFP), sino que se utiliza para financiar, entre otras, préstamos a la Nación, inversiones en bolsas extranjeras, e inversiones de empresas que hacen parte de los conglomerados económicos a los que pertenecen dichas administradoras. El año pasado el portal de periodismo investigativo Cuestión Pública detalló cómo el dinero suele distribuirse entre proyectos en carpetas tan diversas como infraestructura, energía, servicios financieros, hoteles y agroindustria.
Es muy importante subrayar que estas actuaciones son totalmente legales. En su calidad de instituciones financieras privadas, las AFP quedaron facultades para hacer este tipo de inversiones por cuenta de lo dispuesto en el Decreto 1385 de 2015. Esta norma hizo “modificaciones al régimen de inversiones de las Sociedades Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantía (AFP), las Entidades Aseguradoras y las Sociedades de Capitalización” con el objetivo de “facilitar la participación de inversionistas institucionales en la financiación de proyectos de infraestructura, desarrollados de conformidad con el esquema de Asociaciones Público Privadas”.
El asunto volvió a ponerse sobre la mesa, por cuenta del anuncio de que los fondos de pensiones invertirán 4,5 billones de pesos en proyectos de infraestructura.
Más y mejor infraestructura para el país será siempre una buena noticia. La inversión, además, se hace a partir de lo dispuesto en la ley. La pregunta es si los dueños de la plata –las personas que en su inmensa mayoría viven de su sueldo y hace aportes obligatorios– también consideran que esta es la mejor destinación posible para su plata.
La filosofía de las cuentas individuales de ahorro es que uno ahorra y pone ahí recursos con cuyos retornos puede sostenerse en la vejez. Se trata, pues, de una acumulación de capital.
No se trata, sin embargo, de la única forma de ahorrar o acumular capital. También está el capital inmobiliario. ¿Por qué no utilizar los recursos del ahorro pensional para comprar vivienda?
Si lo que se está buscando es asegurar el bienestar de las personas en la vejez, asegurarles la posibilidad de tener casa propia estaría solucionando el no tener que pagar arriendo en el futuro (una clara manera de ahorrar) y la posibilidad de contar con ingresos extras por cuenta de un eventual arriendo.
Es indudable que esta es una manera de ahorrar que puede tener retornos más altos que las inversiones del portafolio, sobre todo si se están pagando intereses para una hipoteca. Dadas las características del mercado financiero actual, la tasa de interés a la que se saca una hipoteca es más alta que el retorno que dan los portafolios de las AFP.
Lo mismo pasa con la educación. Esta es inversión en capital humano. El rendimiento de esa inversión se da a manera de ingresos más altos. Muchas personas están pagando intereses para financiar ese capital humano que es su educación. Mientras tanto, el ahorro pensional –que es un capital financiero del que las personas son dueñas– está dando unos retornos más bajos. La ecuación está, pues, desbalanceada y todo está saliendo más costoso de lo que debería.
¿Por qué no poder retirar el ahorro pensional para financiar la vivienda o la educación? ¿Deben tener los grupos económicos que son propietarios de las AFP la potestad de controlar las actividades y tiempos en los que invierten el dinero de las personas que hacen aportes obligatorios?
La respuesta a estas y otras preguntas va más allá de “eso es lo que dice la ley”. En el fondo está una cuestión de hasta qué punto deberían determinados actores económicos e institucionales tomar decisiones acerca de lo que las personas pueden o deben hacer con esquemas de ahorro orientados a su protección en la vejez.
En este punto conviene también preguntarse si la persistencia de estos modelos –tan convenientes para las AFP y sus casas matrices, y no necesariamente tan adecuados a las necesidades inmediatas de quienes hacen aportes obligatorios– es el fruto de la búsqueda de una protección para las personas o de un intenso lobby empresarial orientado a mantener ese estado de cosas.
De nuevo: poder hacer retiros del ahorro pensional para financiar vivienda o educación sería muy conveniente. Eso ya se hace con las cesantías. Es difícil encontrar buenas razones para no hacerlo, con las precauciones debidas, con los ahorros de pensiones.
Comments