Regla fiscal verde: mitigante para el daño climático o puerta para relajar las restricciones fiscales

En Colombia, la Regla Fiscal instaurada por la Ley de “Inversión Social” define un límite de deuda neta y un nivel prudente de endeudamiento. En específico, el límite superior de la deuda es del 71% del PIB y el nivel prudente de endeudamiento, denominado “ancla” es del 55%. En ese orden de ideas, para cada año, el valor mínimo que tomará el Balance Primario Neto Estructural (BPNE) estará en función de la deuda neta de la vigencia anterior. 

El BPNE mínimo permitido es el calculado teniendo en cuenta la diferencia entre los ingresos y los gastos totales del Gobierno Nacional Central, sin incluir en la ecuación el pago de intereses de deuda, los ingresos por rendimientos financieros y las transacciones que tienen un efecto transitorio sobre el presupuesto nacional.

El Proyecto de Ley de Financiamiento introducirá un escape a las restricciones presupuestarias impuestas por el actual diseño de la Regla Fiscal, con el objetivo de conseguir un espacio adicional y transitorio de gasto que financie “inversiones verdes”. Este mecanismo ajusta las reglas de financiamiento del Estado para priorizar la acción climática. La razón principal para esta modificación es asegurar que Colombia pueda financiar iniciativas que reduzcan su vulnerabilidad ambiental, dado que el cambio climático representa un riesgo significativo tanto para la biodiversidad como para el capital natural del país. 

En específico, el gobierno propone que las inversiones verdes no sean contabilizadas en el BPNE dentro de la Regla Fiscal. El gasto asociado a proyectos que cumplan con la Taxonomía Verde de Colombia y los requisitos del Marco de Referencia de Bonos Verdes, Sociales y Sostenibles Soberanos de Colombia no se incluirán en el cálculo del BPNE. Esta modificación permitiría que ciertos proyectos de adaptación y mitigación del cambio climático puedan financiarse a través de deuda, sin que esto afecte el cumplimiento de la Regla Fiscal. 

Este espacio verde, excluido del BPNE, sería de hasta el 0,3% del PIB anual entre 2025 y 2030 (1,8% en total) y de un 0,15% adicional entre 2031 y 2035 (0,75% adicional en total). De acuerdo a nuestros cálculos, esto representaría un espacio de alrededor de $30 billones para el periodo 2025-2030, y $14 billones adicionales entre 2031 y 2035, para un total de $44 billones durante los 10 años de vigencia transitoria de la “Regla Fiscal verde”. 

En el país existe un déficit de financiamiento climático, según estimaciones de la Estrategia Nacional de Financiamiento Climático para poder mitigar este déficit, Colombia debe invertir entre 0,7% y 1,2% de su PIB anualmente en sectores relacionados con la mitigación del cambio climático. Sin embargo, abrirle la puerta a superar las restricciones en el gasto para proyectos relacionados con el medio ambiente flexibiliza el cumplimiento de la Regla Fiscal y afectaría la confianza de los inversionistas. 

En el Observatorio Fiscal de la Javeriana reconocemos que Colombia es un país con múltiples necesidades de gasto público en varios frentes como infraestructura, salud, educación, agua potable y saneamiento básico, etc. Flexibilizar el cumplimiento de la Regla Fiscal en este caso, sería un incentivo para los gobiernos futuros, que buscarían relajar las restricciones fiscales del momento con cada prioridad de política que pretendan atender. 

Por otro lado, acompañamos las voces que consideran que esta propuesta parece ser muy ambigua pues no existe información concreta sobre los proyectos que efectivamente se desarrollarán, sobre las actividades económicas y el espacio de gasto adicional que se utilizará. Para conocer más a detalle todas las implicaciones que tendría esta y otras propuestas contenidas en la Ley de Financiamiento, los invitamos a consultar nuestro Informe #58 publicado recientemente.