¿Qué tan conveniente es adelantar la vigencia de la Regla Fiscal de 2025 a 2024?

Las reglas fiscales imponen restricciones presupuestales para asegurar la sostenibilidad de las finanzas públicas. Refuerza la confianza de inversionistas y mejora el acceso a crédito. Incumplirlas afecta la estabilidad macroeconómica y aumenta los costos de endeudamiento para los países. Estas reglas varían en su diseño, limitando el gasto, el nivel de deuda pública o el nivel de déficit. El proyecto de Ley de Financiamiento propone ajustes a la Regla Fiscal (modificada en el 2021) para permitir mayor endeudamiento, adelantando la vigencia del mecanismo paramétrico para calcular el nivel de déficit permitido.

En Colombia, la Regla Fiscal fue instaurada por la Ley 1473 de 2011 y establece que el déficit del Gobierno nacional no podría superar el 1% del PIB a partir de 2022. Se implementó un régimen de transición con límites al déficit del 2,3% del PIB hasta 2014 y 1,9% del PIB hasta 2018. En la práctica, con este diseño, el nivel de deuda del país podría aumentar de manera sistemática mientras se cumpliera con los límites de déficit, lo que ocurrió hasta la aprobación de la Ley 2155 de 2021 de “Inversión Social”.

Gráfico 1. Trayectoria deuda neta (%PIB) y parámetros introducidos por Ley 2155 de 2021

El Gráfico 1 muestra la trayectoria de deuda neta como porcentaje del PIB desde 2011 a la fecha y el límite y ancla introducidos a la Regla Fiscal por la Ley 2155 de 2021. La Ley de "Inversión Social" introdujo un cambio clave al establecer un límite de deuda neta del 71% del PIB, con un nivel prudente de endeudamiento ("ancla") del 55%. Este nuevo esquema desaceleró el crecimiento de la deuda neta de manera inmediata. Para conocer a fondo las razones que fundamentaron esta modificación en el diseño de la regla recomendamos el documento: “Cimientos para fortalecer la institucionalidad fiscal en Colombia”.

La reforma de 2021 introdujo un nivel de balance fiscal mínimo permitido (diferencia entre ingresos y gastos) para cada año, basado en la deuda neta del año anterior. El cálculo de este balance es el producto de una fórmula establecida en la Ley que excluye intereses de deuda, rendimientos financieros, transacciones de una única vez, el ciclo económico y petrolero (técnicamente este balance es denominado Balance Primario Neto Estructural - BPNE). La Ley 2155 de 2021 mejoró la Regla Fiscal al vincular las metas fiscales al nivel de deuda pública, buscando una convergencia hacia un nivel prudente y creando un Comité Autónomo de la Regla Fiscal para fortalecer la institucionalidad fiscal. 

Es relevante señalar que, entre 2022 y 2025, la nueva Regla Fiscal contempló un periodo de transición, en reconocimiento del posible máximo impacto que la pandemia de Covid-19 pudiese tener sobre las finanzas públicas, provocando desequilibrios fiscales más severos de lo habitual. La transición establece que el balance fiscal como porcentaje del PIB debe ser de mínimo -4,7% en 2022, -1,4% en 2023, -0,2% en 2024 y 0,5% en 2025. Este ajuste permitiría que las finanzas públicas converjan gradualmente hacia niveles de déficit alineados con un equilibrio sostenible a mediano plazo. Solo al término de este periodo de transición, el balance fiscal permitido será producto de la fórmula establecida para su cálculo. 

Gráfico 2. Proyección deuda neta (%PIB) y comportamiento observado BPNE

El Gráfico 2 muestra la proyección de deuda neta y el comportamiento observado en el BPNE. En específico, el nivel de deuda neta se ubicó por debajo del ancla el año pasado y se proyecta en niveles cercanos al 55% del PIB, contrario a lo proyectado en el 2021 cuando se asumía que la deuda neta no convendría a niveles de ancla antes del 2034. Por otro lado, se observa que en 2022 y 2023 el BPNE fue menos deficitario y las metas fijadas por el régimen de transición se cumplieron. 

El actual gobierno, en vista de que el nivel de deuda pública se ubica en niveles cercanos al ancla antes de lo pronosticado y que las metas de BPNE se han cumplido, en algunos casos con mucha holgura como ocurrió en el 2022, encuentra que adelantando el mecanismo establecido para el cálculo del BPNE para este año conseguiría un espacio adicional para déficit de 0,3% del PIB. Este espacio permitiría que el gobierno acceda a financiamiento para gastar aproximadamente $5,3 billones por encima de sus ingresos corrientes. En términos sencillos, se está pidiendo permiso para endeudar más el país y llegar a los niveles de deuda máximos pronosticados para responder a la peor crisis sanitaria en un siglo: el Covid-19.

Aunque, desde cierto punto de vista sería ineficiente para el gobierno seguir apretándose el cinturón y, consecuentemente, no parezca problemático adquirir nueva deuda de corto plazo consistente con la Regla Fiscal, desde el Observatorio Fiscal de la Javeriana consideramos que podría no ser conveniente. 

Modificar la Regla Fiscal para cubrir necesidades de gasto a corto plazo puede dañar la credibilidad y sostenibilidad de las finanzas públicas. Estas reglas buscan estabilidad a largo plazo, y flexibilizar la regla para resolver urgencias puede aumentar el endeudamiento sin un plan claro de reducción, generando desequilibrios fiscales y pérdida de confianza de los inversores. La actual Ley de Financiamiento busca $5,3 billones adicionales de gasto mediante deuda, sin generar ingresos fiscales a mediano plazo ni proponer recortes al gasto o medidas de austeridad, lo que podría agravar el déficit y perpetuar una dinámica fiscal insostenible en el largo plazo.

Gráfico 3. Comportamiento del servicio a la deuda pública nacional

El Gráfico 3 muestra el comportamiento del servicio de la deuda pública nacional. En específico, la cantidad de recursos destinados a cumplir con las obligaciones de pago de las operaciones de crédito público, internas y externas ha pasado de $45 billones en 2013 a $109 billones en 2025. Este comportamiento se ha visto fuertemente impulsado por el incremento en el pago de intereses. El aumento en el pago de intereses de la deuda pública tiene consecuencias significativas para la estabilidad fiscal y macroeconómica, ya que genera presión sobre el presupuesto del gobierno y afecta diversos aspectos clave del desempeño económico del país. 

Un mayor pago de intereses implica menos recursos disponibles para financiar otros gastos esenciales como infraestructura, salud, educación y programas sociales. A medida que se acumulan intereses sobre la deuda existente, el saldo de la deuda puede crecer rápidamente, incrementando nuevamente los niveles netos de la deuda y las primas de riesgo, encareciendo el costo de financiamiento para el país. Finalmente, para conocer más a detalle todas las implicaciones que tendría esta y otras propuestas contenidas en la Ley de Financiamiento, los invitamos a consultar nuestro Informe #58 publicado recientemente.