A más tardar el próximo 19 de octubre las plenarias de Senado y Cámara de Representantes discutirán, votarán y seguramente aprobarán el proyecto de Presupuesto General de la Nación para el próximo año.
De aquí a esa fecha tendrán lugar al menos cuatro reuniones de ponentes –se prevé que en al menos una de ellas participen funcionarios del Gobierno–. Los ponentes –que son los congresistas designados tanto por el Senado como por la Cámara para proponer ajustes al proyecto– presentarán sus propuestas de ajuste a más tardar el 15 de octubre. Esas ponencias –que son votadas por todos los congresistas al momento del debate– plantean (o no) cambios al texto que se aprobó en la discusión anterior, aunque también pueden proponer el archivo de la iniciativa.
Mientras se conocen las ponencias –serán al menos dos: una apoyada por congresistas de la coalición de gobierno, y otra de los partidos de oposición–, vale la pena echarle una mirada y analizar aspectos llamativos –y con potenciales duros efectos económicos en el mediano plazo– del texto al que la semana pasada le dieron luz verde las comisiones terceras y cuartas de Senado y Cámara.
Miremos, pues, el servicio de la deuda. En el contexto del Presupuesto General de la Nación el elemento de servicio de la deuda podría asimilarse al pago de la tarjeta de crédito.
En el presupuesto aprobado el año pasado –correspondiente a 2020–, en valores corrientes, la asignación correspondiente a la deuda fue de 53 billones de pesos. En el proyecto para 2021 se prevé un salto enorme: pasaría a 71,5 billones. Llama la atención que la semana pasada, en el debate sobre el proyecto de Presupuesto, liderado por la oposición, el ministro de Hacienda se refirió al aplazamiento de deuda como uno de los componentes de ese aumento de deuda.
Aterricemos este concepto: tener deuda no es malo. Lo que no es tan bueno es usar la tarjeta de crédito para comprar una hamburguesa. Por eso conviene que el Gobierno le explique con claridad al país cómo se explica un salto de semejante magnitud en el servicio de la deuda.
La crisis generada por la pandemia ha modificado las prioridades de gasto a todo nivel. De igual forma, las acciones tendientes a la recuperación en un escenario pospandemia son un elemento central de la planeación de gasto e inversión en el mediano y largo plazo. No obstante, la explicación de que ‘todo esto es debido al COVID’ no es suficiente en materia de construcción de política pública, la transparencia y la rendición de cuentas a la ciudadanía.
Fuente: Proyecto de Presupuesto General 2021
¿Cuál es el valor de las amortizaciones? ¿A cuánto ascienden los créditos internos? ¿A cuánto los externos? En la medida en que estos asuntos no se detallen explícitamente en el texto de un proyecto que será ley, queda abierta la puerta para que el Gobierno decida discrecionalmente cómo se estructura y se atiende la deuda.
No se trata de no pagar deuda. Se trata de que el Congreso y la ciudadanía sepan, cada año, cuánto se debe, a quién, en qué condiciones, y que den su visto bueno a la manera en que se está priorizando cada uno de estos rubros, especialmente si de un año para otro se decide aumentar el pago de la deuda en $18 billones (equivalentes, a por ejemplo, la mitad del presupuesto anual de salud). Y, desde luego, que esa información quede elevada a rango de ley en el marco del Presupuesto General de la Nación. Es probable que esta información exista. Pero no se ha abordado en los debates sobre el presupuesto del país para el próximo año, y el Congreso está a punto de firmarle un cheque en blanco al ministro de Hacienda para que tomen la decisión a solas él y su equipo.
¿Qué se ha comprado con la tarjeta de crédito? ¿Electrodomésticos y muebles? ¿O se ha usado para pagar la pizza del almuerzo? Los ciudadanos tienen derecho a saberlo con claridad.
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