Ha quedado listo (¿o todavía no?) el partidor para las elecciones presidenciales. Los ganadores de las consultas internas de partidos y movimientos políticos –antes precandidatos y ahora candidatos de pleno derecho– se sumarán a los aspirantes que ya estaban inscritos, y se enfrentarán en primera vuelta el próximo 29 de mayo. Si nadie gana con, al menos, la mitad más uno de los votos, el 19 de junio habrá una segunda vuelta entre las dos personas que más votos obtengan.
Aunque las encuestas ya vienen reflejando tendencias, la fragmentación electoral parece estar mandando la parada. Vienen, pues, un par de meses intensos en materia política.
Conviene, sin embargo, fijar la mirada más allá de las elecciones. Quienquiera que gane enfrentará un escenario especialmente complejo, marcado por la necesidad de implementar reformas profundas en materia fiscal y tributaria. La franqueza y la transparencia de cara a la ciudadanía deberán primar en este contexto.
Conviene, pues, volver a repasar algunos de los frentes que el próximo gobierno deberá atender en materia económica. Buena parte de ellos no son opcionales: hay ajustes que deberán hacerse sí o sí.
En esta ocasión queremos regresar a la carta abierta en la que un grupo de cerca de 50 economistas, académicos y profesionales de otras áreas con experiencia en tareas de gobierno les plantearon “diagnósticos y propuestas” a los candidatos y entonces precandidatos presidenciales.
En esta expresan su preocupación por la “situación fiscal precaria”, caracterizada por “un endeudamiento público superior al 64 por ciento del PIB”. Señalan, sin embargo, la existencia de obstáculos que dificultan la reducción del déficit fiscal, como la dificultad de aumentar los ingresos tributarios con el régimen tributario actual, las crecientes expectativas de gasto social, y que el crecimiento de la economía en 2021 –producto del efecto rebote tras la crisis de la pandemia– no se repetirá este año.
Señalan que las tasas de crecimiento inferiores a 4 por ciento anual, a las cuales regresaría el país bajo las actuales condiciones, resultan “insuficientes para corregir el desequilibrio fiscal y responder a la presión social”.
Tras destacar que “es imprescindible una estrategia de diversificación y sofisticación de la oferta de bienes y servicios, para que haya más fuentes de ingresos y empleos de buena calidad”, así como una “mayor competencia en sectores oligopólicos que hoy están controlados por unas pocas grandes empresas”, combatiendo también la informalidad, la carta destaca siete ejes en los que, a juicio de los expertos, deberá el próximo gobierno poner el énfasis.
El primero es el reto de la seguridad social. Al respecto señalan que “en su diseño actual, el sistema de pensiones tiene problemas de cobertura, regresividad, eficiencia y sostenibilidad”. Subrayan especialmente su excesiva dependencia de los impuestos a la nómina, “lo que los convierte en una barrera al crecimiento de la economía y una fuente injustificada de informalidad y desigualdad”.
En segundo lugar se encuentra la tributación, y la apremiante necesidad de que el próximo gobierno genere “ingresos tributarios muy superiores a los que hoy se recaudan a nivel nacional”. Estos, destacan, deberán subir al menos un 4 por ciento del PIB en los próximos cuatro años.
Acelerar y blindar el crecimiento es otra de las tareas. Hacerlo a tasas superiores al 5 por ciento debe ser una prioridad. Señalan, de igual forma, las exigencias derivadas de la transición energética. “Es urgente que se adopten políticas de diversificación productiva para que surjan otros productos de exportación que gradualmente sustituyan las exportaciones de carbón e hidrocarburos”, dice la carta.
En quinto y sexto lugar se refieren a la corrupción y a la inoperancia estatal, a las que califican como “un freno a la productividad y una causa de enorme desigualdad y frustración”, destacando también que existe “una distancia enorme entre el Estado robusto y eficaz al que aspira la Constitución y el endeble aparato que en la práctica es incapaz de ofrecer justicia y seguridad a sus ciudadanos, y de responder a las responsabilidades que se le han asignado, especialmente en el campo y en las poblaciones pequeñas”.
La tarea que le espera al próximo gobierno, sostienen, es monumental. Este es el último eje de los señalados. En este sentido, resalta la necesidad de que se “estudien las propuestas que se han hecho”, de modo que los aspirantes a la Presidencia de la República “hagan conocer a la opinión pública sus posiciones al respecto”.
Uno de los elementos más relevantes de la carta es el carácter inaplazable que tienen las reformas que deberán implementarse. No se trata de asuntos que podrán ser objeto de un análisis profundo y extendido en el tiempo una vez se inicie el nuevo periodo de gobierno, sino más bien de asuntos que deberán abordarse de manera prioritaria.
Pocas iniciativas reflejan tanto esta urgencia como la nueva reforma tributaria, la cual deberá ser implementada sí o sí por quien quiera que llegue a la jefatura de Estado. Podría ser, incluso, este mismo año.
“Quien llegue a la presidencia el próximo 7 de agosto no tendrá tiempo de explorar soluciones si no ha adelantado la tarea, pues los problemas lo desbordarán”, puntualiza la carta abierta.
Mucho se habla y se hablará por estos días de la carrera electoral. De las alianzas, de las encuestas, los cálculos y la filigrana necesarias para sacar mayorías en medio de un escenario fragmentado. Sin embargo, a juzgar por el panorama fiscal y tributario del país, ganar la Presidencia será lo más fácil. Las tareas difíciles vendrán después.