Entre las innumerables consecuencias que la pandemia ha tenido para el país, pocas han tenido un impacto tan grande y negativo como la destrucción del empleo. La tasa de desempleo –que en agosto se ubicó en 16,8 por ciento– da cuenta no solo de una seria disminución del poder adquisitivo de los colombianos, sino también de profundas afectaciones en el tejido empresarial.
En materia de empleo formal, por ejemplo, muchas empresas dejaron de facturar o registran ganancias menores y han tenido que recortar sus nóminas –el sector informal tampoco ha sido ajeno a este panorama, siendo afectado por una reducción en la circulación habitual de personas–.
Todavía está por estimarse cuánto costará y cuánto tiempo tomará recuperar los empleos perdidos. En cualquier caso, será mucho mayor al que se hubiera podido invertir para evitar su pérdida mediante la entrega de subsidios a la nómina de las empresas por parte del Gobierno.
Esta alternativa –que, además de solidaria con empresarios y trabajadores, habría sido realista y responsable en términos fiscales– se puso sobre la mesa. Como lo contamos en julio pasado, a pesar de tener no solo los cálculos sino también el dinero, el Gobierno decidió no proteger el empleo de millones de colombianos.
¿Cuál fue, entonces, la alternativa? En mayo pasado, tras declarar un segundo Estado de Emergencia para hacer frente a la pandemia, el Gobierno nacional expidió el Decreto 639 mediante el cual creó el Programa de Apoyo al Empleo Formal (PAEF). Este consiste en una transferencia monetaria para los empleados de las empresas beneficiarias. Puntualmente, el Gobierno nacional se compromete a cubrir el 40% de un salario mínimo legal mensual vigente.
Los dos requisitos principales para acceder al beneficio son que la empresa hubiese sido constituida antes del 10 de enero de 2020 y demostrar la necesidad de recibir el beneficio a partir de la certificación de una disminución del 20% o más de los ingresos. El dinero para el programa sale del Fondo de Mitigación de Emergencias (FOME).
Inicialmente se proyectó que el programa iría de mayo a julio; luego se amplió a agosto. Además de la vigencia, se amplió el rango de empresas que podrían aplicar. Se abrió la puerta no solo a personas jurídicas –como estaba originalmente– sino también a personas naturales, consorcios y uniones temporales. Estas modificaciones se hicieron mediante el Decreto 677 y el Decreto 815.
En agosto el Gobierno nacional quiso ampliar la vigencia del programa, y para ello radicó ante el Congreso un proyecto de ley con mensaje de urgencia para que el PAEF se extendiera hasta marzo de 2021.
El trámite de la iniciativa no estuvo exento de polémicas, que dejaron al descubierto que el alcance del programa es parcial y se queda corto para proteger el empleo en sectores de la sociedad que se han visto especialmente golpeados.
Por un lado, durante el trámite se descartó la inclusión de microempresas con entre uno y tres empleados. Un argumento del Gobierno nacional para oponerse a esta idea fue que la mayoría de las empresas con estas características son informales.
Otro tema que concentró el debate fue que ni en la concepción inicial del PAEF ni en la propuesta presentada por el Gobierno al Congreso se contemplaron políticas diferenciadas para proteger el empleo de las mujeres –más afectadas que los hombres–. Este asunto, que fue señalado por la bancada de mujeres en el Legislativo, terminó siendo incluido en el texto por iniciativa congresional.
Adicionalmente, la ley no contempló la introducción de mecanismos diferenciados de apoyo para las empresas más afectadas. El criterio para optar al PAEF es una reducción de mínimo un 20% de los ingresos de las empresas elegibles. Así, el criterio de apoyo es el mismo para una empresa que haya perdido 25% de sus ingresos que a otra cuyas utilidades se hayan caído en un 80%.
Aún están por verse las consecuencias de las limitaciones impuestas en materia de apoyo a las microempresas. Igualmente, deberán observarse las respuestas del mercado laboral a la extensión de los apoyos. Por lo pronto, la ley que extiende el PAEF por los próximos cinco meses ya recibió sanción presidencial.
Las cifras de empleo y la respuesta del tejido empresarial –todavía maltrecho por una emergencia que no termina– tendrán la última palabra. No obstante, la evolución de los indicadores sigue apuntando a que habría tenido más sentido inyectar recursos desde el principio de la emergencia para evitar la caída de la economía y el empleo, que hacerlo para atender las consecuencias de los golpes al ingreso y la calidad de vida de millones de personas.
Los indicadores tendrán la última palabra. Sin embargo, no puede dejarse de lado que detrás de esos números se encuentran la realidad, el ingreso y el día a día de empresarios, trabajadores y familias que demandan respuestas contundentes a una situación que está lejos de ser la ideal.
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