El cierre fiscal del 2024 estuvo lleno de varias dificultades. La coyuntura fue tal que, por primera vez en la historia, el Congreso de la República no aprobó el proyecto de Presupuesto General de la Nación (PGN) para 2025 debido a que la suma de $523 billones que se proponía estaba desfinanciada y necesitaba de una Ley de Financiamiento. Esta Ley fue presentada por $12 billones, pero, en medio de la incertidumbre, esta fue negada por el legislativo.
En ese contexto, el PGN 2025 tuvo que ser expedido por el mismo Gobierno Nacional mediante decreto, tomando como base el proyecto de ley que fue presentado al legislativo. Como consecuencia de los $12 billones faltantes, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP) debe ajustar el nivel de gasto aplazando algunos rubros de gasto. El año pasado tuvimos dos decretos de aplazamiento durante el segundo semestre del año. En 2025, los aplazamientos iniciaron temprano y el 25 de enero el MCHP expidió el Decreto 0069 de 2025 por medio del cual se aplazaron algunas apropiaciones del PGN de este año.
El aplazamiento para las entidades del orden nacional pertenecientes a la Rama Ejecutiva del poder público se hizo de manera específica determinando el rubro particular que se aplazará. En los casos de la Rama Legislativa y los órganos autónomos como Fiscalía, el aplazamiento fue global por sección presupuestal. Estas entidades tienen 10 días para determinar en el marco de su autonomía que rubros específicos se aplazarán. Finalmente, también se aplazaron recursos destinados a proyectos y obras de infraestructuras mediante el mecanismo de vigencias futuras.
Figura 1. Aplazamiento presupuestal PGN 2025 por tipo de gasto
El Gráfico 1 muestra el aplazamiento en el PGN 2025 discriminado por tipo de gasto. En específico, en el presupuesto de funcionamiento se aplazan $7,6 billones representando el 63%, mientras que en el presupuesto para inversión se aplazan $4,4 billones representando el 37%, para un total de $12 billones aplazados con este nuevo decreto.
Figura 2. Apropiación vigente PGN 2025
El gráfico 2 muestra la apropiación vigente del PGN 2025 considerando el efecto del aplazamiento decretado. El presupuesto de funcionamiento disminuye en un 2% frente a lo aprobado inicialmente, mientras que el gasto de inversión disponible tiene una disminución del 5% frente a lo aprobado inicialmente, siendo este rubro el más castigado. En total, debido al aplazamiento, el presupuesto vigente para este año será de $511 billones.
Figura 3. Distribución sectorial aplazamiento PGN 2025
Cifras en billones de pesos
La figura 3. muestra que la distribución sectorial del aplazamiento en el PGN 2025 no fue homogéneo en todos los sectores. En específico, los sectores en los que se evidencia un mayor recorte son Hacienda, con un aplazamiento de $3,8 billones (32%); Trabajo, con $2,2 billones (24%) y Transporte, con $1,5 billones de aplazamiento (13%).
Figura 4. Entidades con mayor disminución porcentual en su presupuesto
Cifras en millones de pesos
La Figura 4. muestra el top 10 de entidades con mayor aplazamiento presupuestal en términos relativos en PGN 2025. En específico, el presupuesto de la Comisión de Regulación de Infraestructura y Transporte se aplaza en 100%, seguido el Consejo Nacional Electoral (CNE) con 56%, el Ministerio de Igualdad y Equidad con 52%, el Ministerio del Interior con 21%, la Dirección Nacional del Derecho de Autor con 21%, la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia con 20%, la Unidad de Información y Análisis Financiero con 20%, el Instituto Caro y Cuervo con 17%, el Ministerio de Transporte con 16% y la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) con 13%.
Figura 5. Aplazamiento PGN 2025 por proyecto/obra
Fuente: elaboración propia con base en Decreto 0069 del 25 de enero de 2025
El gasto de inversión, como lo hemos explicado en nuestra Guía Ciudadana al Presupuesto General de la Nación, suele diferenciarse de los de funcionamiento en que son gastos cuyos retornos se darán en el futuro una vez se haya terminado, mientras que la utilización de los gastos de funcionamiento se suele limitar a su uso inmediato. La inversión está proyectada a ser económicamente productivo o crear infraestructura social. Los aplazamientos en el rubro de inversión ponen en riesgo la ejecución de proyectos para la creación, mejora y mantenimiento de infraestructuras y servicios públicos esenciales como colegios, hospitales, carreteras, sistemas de transporte, etc.
En específico, el decreto de aplazamiento afecta a entidades como el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, la Agencia Nacional de Infraestructura y el Ministerio de Transporte que tienen a su cargo la cofinanciación de proyectos de infraestructura claves en distintas regiones del país como el de la construcción del Metro ligero de la 80 en Medellín, la construcción de la troncal de Transmilenio de la Calle 13 y la Primera Línea del Metro en Bogotá, implementación del Sistema Estratégico de Transporte Público (SETP) en Armenia, Neiva e Ibagué, el mejoramiento y mantenimiento de varias carreteras en todo el territorio nacional, entre otros proyectos con el potencial de generar un impacto socioeconómico positivo en el mediano y largo plazo creando empleos, aumentando la competitividad de la economía, fomentando el desarrollo económico y redistribuyendo el ingreso.
Como lo señalamos en nuestro Informe #57, el riesgo de desfinanciamiento en 2025 (incluyendo los $12 billones de la fracasada Ley de Financiamiento) asciende a al menos $31,1 billones. El cumplimiento de la Regla Fiscal en 2025 dependerá de una reducción del gasto y de la realización de ajustes fiscales adicionales.
En este escenario, el presupuesto de inversión se podría seguir viendo afectado dado que, por las inflexibilidades del gasto de funcionamiento y deuda, el Ejecutivo sólo tiene margen de discrecionalidad para hacer recortes en este rubro. Desde el Observatorio Fiscal consideramos que en el corto plazo se debería racionalizar el incremento en los gastos de funcionamiento y en el mediano plazo es necesaria una reforma a la estructura del gasto público en el país que garantice la sostenibilidad de las finanzas públicas.
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La reducción de la financiación de las inversiones podría ralentizar proyectos cruciales, afectando la productividad económica y el bienestar público perfect tidy
The postponement of the 2025 PGN significantly impacts investment, creating uncertainty for businesses and stakeholders relying on financial stability. Delays in budget allocations can slow economic growth and affect key sectors. Just as investors seek clarity in financial planning, students benefit from reliable academic support—using primary homework help online ensures they receive accurate guidance for their studies. Stability in both finance and education is essential for long-term success.
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