Señalábamos a comienzos de este mes cómo la decisión del Gobierno nacional de otorgarle un préstamo por 370 millones de dólares a la aerolínea panameña Avianca ilustra la forma en que se vienen tomando decisiones ejecutivas en Colombia –especialmente en lo que respecta al poco interés de los altos funcionarios por contarles a los ciudadanos cómo maneja su plata, y a los interrogantes que plantea la ejecución de recursos limitados en medio de una emergencia que ha golpeado ferozmente el empleo y el ingreso de millones de colombianos–.
Pues bien, tanto la defensa que se ha hecho del préstamo como las acciones desplegadas para conseguir que se levante la medida cautelar que lo puso temporalmente en el congelador no han hecho más que acentuar esos comportamientos.
El capítulo más reciente de esta historia se ha vivido por cuenta de la respuesta del Gobierno –puntualmente, del Ministerio de Hacienda– a una serie de preguntas planteadas por la Procuraduría General con respecto al préstamo a Avianca.
“¿Cómo garantizará que los dineros se destinen a estos fines, y que esos recursos se puedan recuperar? ¿Cómo determinó el monto del rescate y cuáles fueron los cálculos y proyecciones en que se basó? (…) ¿Cómo serán los desembolsos y cuál será la ley aplicable a los mismos -nacional o extranjera-?”, son algunos de los interrogantes planteados por el ministerio público en una comunicación pública dirigida al presidente de la República el pasado 1 de septiembre.
Una de las respuestas que más llama la atención en esta comunicación del Gobierno –que, a diferencia de la carta del Procurador General, no le fue compartida a la opinión pública, pero fue dada a conocer por W Radio– es la que se da a la pregunta de si “cuenta el gobierno nacional con un soporte idóneo para la decisión que anunció”.
Escribe el Ministerio de Hacienda que se escogió a Avianca como la beneficiaria de este préstamo por cerca de 1,4 millones de millones de pesos como resultado de la construcción de un índice que permite priorizar a las empresas que más encadenamientos tengan con otros sectores económicos, generen más empleos, se encuentren en los sectores más productivos y sean firmas grandes, con pocos competidores. La fórmula que define este índice se encuentra en la página 8 de la respuesta.
Esta ecuación es denominada por el Ministerio una función de bienestar social. En buena medida, la teoría económica se conceptualiza en términos de personas o de gobiernos que resuelven algún tipo de problema de optimización. Visto de esta forma, se podría decir que la actuación del Gobierno en este escenario corresponde a la maximización de la que este considera la función de bienestar social.
Puesta en palabras y no en una ecuación, la explicación del Ministerio de Hacienda podría ser algo como lo siguiente: yo quiero ayudar a Avianca, y el 20 por ciento de mi decisión se basa en los encadenamientos con otros sectores; 15 por ciento en la productividad; y 25 por ciento en la cantidad de empleos que genera. El 40 por ciento restante, en si esta empresa domina o no un sector altamente concentrado. La variable resultante de esa fórmula es la posición que va a tener en el ranking una empresa.
Se trata, pues, de un índice que, diseñado por el Gobierno, le dice al Gobierno cuáles son las empresas que es más importante rescatar, según el bienestar que le aporten al país, a partir de variables determinadas por –así es– el Gobierno.
Cuando se diseña política pública, todas las ejecutorias –incluso las más técnicas y soportadas científicamente– tienen un componente o, al menos, una génesis política e ideológica. Todas las personas –incluidos los funcionarios públicos– tienen derecho a tener preferencias en materia de política pública. Sin embargo, no deja de resultar un tanto curioso dejarlas consignadas en una función macroeconómica.
Expresar subjetividades en una ecuación no parece la mejor forma de explicarles al ministerio público y a los ciudadanos por qué se toman las decisiones que se toman –especialmente cuando esas decisiones suponen comprometer mucho dinero en un escenario de emergencia–.
¿Son las ecuaciones la mejor forma de explicarles a los ciudadanos las decisiones de política pública? Ciertamente, no parece la forma ideal. Pareciera, más bien, que no hay interés por hacerlo. Se trata de un escenario similar al del trámite del proyecto de ley que busca extender el Programa de Apoyo al Empleo Formal (PAEF), el cual hace curso actualmente en el Congreso y que, con la bendición del Gobierno, dejó por fuera a las microempresas.
Se trata de decisiones que, en un escenario de desempleo histórico y seria afectación del ingreso de los ciudadanos, deberían explicarse con menos fórmulas y mayor transparencia.
La respuesta del Gobierno nacional a las preguntas de la Procuraduría –puntualmente el índice utilizado– deja preguntas adicionales al asunto del préstamo de 1,4 millones de millones de pesos a Avianca. Señala el Ministerio de Hacienda que la aerolínea panameña es la sexta en el ranking. Y, según las fuentes citadas por La W, se abstiene de publicar las demás firmas porque esto podría afectar la economía del país. Esta información también la debería conocer la ciudadanía –se trata, ni más ni menos, de la lista de empresas que el Gobierno considera es más conveniente, o no, apoyar–.
Faltan algunos capítulos más para conocer el desenlace de la historia. Sin embargo, este episodio deja una pregunta que puede plantearse no solo en este caso: ¿son suficientes para la ejecución de la política pública y la rendición de cuentas los argumentos de un Gobierno que se justifica a sí mismo? A priori, la respuesta es no.
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