¿Es el Banco de la República la mejor opción para administrar el Fondo de Ahorro Pensional?

La sostenibilidad y cobertura del sistema pensional en Colombia es uno de los debates fiscales que mayor atención ha tenido en los últimos años. Hoy, solo 1 de cada 4 adultos mayores accede a una pensión, lo que evidencia las brechas en cobertura que aún persisten. Además, el gasto en pensiones continúa siendo considerable; en promedio, ha superado los 54 billones de pesos anuales en los últimos tres años, lo que representa una carga estructural importante para la Nación. Para propiciar la sostenibilidad del sistema, en la aprobación de la Reforma Pensional, Ley 2381 de 2024, se estableció la creación de un Fondo de Ahorro del Pilar Contributivo, cuyo propósito es garantizar el pago futuro de las pensiones en el nuevo modelo pensional. Uno de los puntos más importantes dentro de esta reforma ha sido la decisión de asignar al Banco de la República la administración del fondo, medida que desde el Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana consideramos acertada por sus implicaciones en términos de sostenibilidad, independencia y transparencia. 

El Fondo de Ahorro busca acumular recursos provenientes de los aportes de los cotizantes al sistema público de pensiones y establecerá los protocolos de gasto de este que sólo deberá usarse para pagar pensiones. Esto no es otra cosa que la administración de los ahorros para pagar las pensiones del futuro. En el mejor de los casos, el buen manejo de este fondo podrá ir reduciendo la dependencia del sistema pensional de los ingresos fiscales anuales. En términos simples, este mecanismo funciona como un colchón financiero que permitirá mitigar los efectos del envejecimiento poblacional y la creciente presión sobre el gasto público en pensiones.

La administración de este fondo ha sido un tema clave en el debate de la reforma. En muchos países, los fondos pensionales han sido utilizados por los gobiernos de turno para financiar gasto corriente o cubriendo déficits de corto plazo y poniendo en riesgo la sostenibilidad del sistema pensional y las finanzas públicas. Precisamente por esto, el proyecto de decreto publicado por el Ministerio de Hacienda el pasado mes, plantea que el Banco de la República sea el encargado de administrarlo, con el fin de garantizar que los recursos sean manejados de manera técnica, independiente y sin interferencia política.

Desde el Ministerio de Hacienda, se ha explicado que hacer al Banco el administrador responde a la necesidad de blindar el fondo de riesgos de desacumulación acelerada, es decir, evitar que los ahorros se utilicen de manera anticipada sin considerar el equilibrio a largo plazo del sistema pensional. Sin equilibrio pensional, el equilibrio fiscal estaría comprometido. Para ello, el proyecto de decreto establece la creación de un Comité Directivo, compuesto por expertos en inversiones y gestión de riesgos, que definirá las políticas de inversión y administración del fondo. Esto asegura que los recursos solo sean utilizados para su propósito original: financiar pensiones y no cualquier otro tipo de gasto.

El Banco de la República tiene experiencia en la gestión de reservas internacionales y cuenta con la capacidad técnica para administrar grandes volúmenes de recursos de manera eficiente. Su autonomía frente al Gobierno central reduce el riesgo de que los recursos del fondo sean utilizados para fines distintos al pago de pensiones. Esto representa una garantía clave en un país donde la sostenibilidad fiscal ha sido históricamente un desafío.

Además de su experiencia y autonomía, el proyecto de decreto establece que el Banco suscribirá un contrato con el Ministerio de Hacienda para regular su papel como administrador del fondo, bajo principios de prudencia financiera y responsabilidad técnica. Se prevé también la implementación de subcuentas generacionales, reglas de inversión diferenciadas por cohortes y un Comité Directivo con mayoría técnica. Desde el Observatorio Fiscal hemos resaltado que este tipo de arquitectura institucional es clave para reducir el riesgo moral y proteger el ahorro pensional del uso político o improvisado. Ejemplos internacionales, como el de Noruega, muestran que modelos similares pueden combinar independencia, sostenibilidad y rendición de cuentas.

Desde el Observatorio Fiscal,  hemos apoyado esta medida porque proporciona un marco de seguridad financiera para los pensionados del futuro. La experiencia internacional muestra que la independencia en la administración de fondos de pensiones es crucial para evitar el uso discrecional de los recursos. Países que han manejado sus fondos de ahorro pensional sin reglas claras han enfrentado crisis de liquidez cuando el sistema comenzó a pagar pensiones en masa.

Además, aún quedan varios temas por reglamentar que definirán la implementación de la reforma. Los plazos para la puesta en marcha del nuevo sistema han sido ajustados de manera apretada, lo que genera dudas sobre si todas las instituciones involucradas estarán listas a tiempo. También persisten incertidumbres en el ámbito legal: la Corte Constitucional aún estudia demandas que cuestionan la validez del trámite legislativo y la falta de debate en algunos puntos clave del proyecto, en particular, en el último debate. Recientes informes sugieren que existe una ponencia para declarar inconstitucional la reforma, lo que podría generar incertidumbre sobre su futuro.

A medida que se implemente la reforma, será clave monitorear si las reglas de inversión permiten que el fondo crezca a un ritmo suficiente para cumplir su objetivo de respaldo a las pensiones. Desde el Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, consideramos que la administración del Fondo de Ahorro del Pilar Contributivo por parte del Banco de la República es una decisión acertada para garantizar su independencia y protegerlo de usos discrecionales. Sin embargo, persisten desafíos clave: los plazos de implementación son ajustados, la reglamentación aún es incompleta y la incertidumbre jurídica sigue latente. Si estos retos no se resuelven de manera adecuada, el riesgo es que este fondo, en lugar de ser un pilar de sostenibilidad para las pensiones del futuro, termine siendo un mecanismo de corto plazo sin el respaldo suficiente para cumplir su propósito.