La Comisión Tercera de la Cámara de Representantes le dio esta semana luz verde a un proyecto de ley que propone eliminar el impuesto 4 x 1.000. Aunque la iniciativa recién supera el primero de los cuatro debates que deberá afrontar para convertirse en ley, desde ya está generando reacciones a favor y en contra. ¿Es viable la propuesta? ¿Qué tan conveniente resulta? ¿A quiénes beneficia realmente? Les contamos a continuación.
La representante a la Cámara Katherine Miranda es la autora del proyecto, cuyo objetivo es aplicar medidas para racionalizar las cargas impositivas de los actores del sistema tributario colombiano.
Pero, antes de avanzar, ¿qué es el 4 x 1.000? La premisa del impuesto es simple: por cada 1.000 pesos de un movimiento financiero se pagan cuatro pesos. Los bancos efectúan el recaudo y, salvo algunas excepciones, lo envían directamente a las arcas del Estado colombiano. Así pues, no obtienen una utilidad.
El denominado Gravamen de Movimientos Financieros (GMF) se creó en 1998. Si bien comenzó siendo un 2 x 1.000 para hacer frente a la crisis económica que entonces afrontaba el país, se ha renovado a lo largo de las últimas dos décadas. Por ejemplo, en 1999 su destinación cambió para atender la emergencia provocada por el terremoto del Eje Cafetero, y un año más tarde se convirtió en un impuesto permanente. Una historia varias veces vista en la historia institucional colombiana: una medida con carácter transitorio terminó convertida en herramienta permanente.
Con el tiempo se han introducido excepciones al impuesto, entre las cuales se encuentran la posibilidad de que las personas tengan una cuenta exenta del tributo, siempre y cuando el saldo no supere los 11.994.500 pesos en movimientos mensuales. Las personas pensionadas también pueden ser exentas.
La base gravable de este impuesto está integrada por el valor total de la transacción financiera mediante la cual se dispone de los recursos. Para este impuesto, el articulo 879 del Estatuto Tributario define un total de 27 exenciones que modifican la base gravable, entre las cuales se destacan también el no cobro para las empresas que sean beneficiarias de contratos de estabilidad jurídica.
Para saber más sobre este y otros impuestos que se cobran en nuestro país, los invitamos a consultar nuestra guía ciudadana sobre tributación y gasto del Estado colombiano, la cual puede consultarse en este enlace.
Volvamos ahora al proyecto de ley.
La idea es efectuar un desmonte progresivo del impuesto. El proceso comenzaría en 2023, cuando pasaría a 3 x 1.000. En 2024 sería 2 x 1.000, y en 2025, 1 x 1.000. Así las cosas, el proceso terminaría en 2026.
El 4 x 1.000, según los cálculos compartidos por el equipo de la representante Miranda, entrega cerca de 8 billones –es decir, millones de millones– de pesos para las cuentas públicas cada año. En 2018, según los datos consignados en nuestra guía ciudadana sobre impuestos, este impuesto contribuía un 3,7 por ciento a los ingresos tributarios del Gobierno.
Para reemplazar esa fuente de ingreso se plantean tres acciones: la primera es la creación de un impuesto a los ingresos altos, la cual retoma la idea de gravar los salarios de más de 15 millones de pesos con una tarfa del 10 por ciento. La segunda es una reducción del tamaño del Estado, a partir de las recomendaciones de una comisión de expertos. Por último, se plantea derogar gabelas tributarias como las que la reforma tributaria de 2019 les entregó a las megainversiones. Por cuenta de dichos beneficios tributarias, el Estado colombiano dejó de recibir más de 9 billones de pesos.
La idea de desmontar el 4 x 1.000 le gusta a la Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia (Asobancaria). De hecho, en marzo pasado esta le propuso al Gobierno nacional incluir la medida en su nueva reforma tributaria. La idea finalmente no se consignó allí.
La idea también les gusta a los gremios. Rosmery Quintero, presidenta de Acopi, que agrupa a las micro, pequeñas y medianas empresas del país, aseguró que ven “con muy buenos oos ese proyecto”.
Por su parte, el exministro de Hacienda Juan Camilo Restrepo dijo lo siguiente: “La dificultad para derogarlo es que no hay un impuesto con qué sustituirlo. Si se encuentra la manera de sustituirlo, a mí me parece bien que se eliminara”.
¿Y el Gobierno nacional qué piensa? Esta semana se conoció que el Ministerio de Hacienda está preparando un concepto técnico en el que se exponen las razones para no estar de acuerdo con el proyecto de ley.
Aunque el Ejecutivo no tiene poder de veto frente la actuación del Congreso en esta materia, habrá que ver qué tanto pesaría dicho concepto en la actuación de los legisladores.
¿Y entonces? El 4 x 1.000 es un impuesto bastante progresivo que, además, recauda una cantidad importante de dinero para las cuentas públicas.
El apoyo del sector financiero a la idea de desmontarlo podría explicarse a partir de la reducción en el número de transacciones financieras. Las personas, básicamente, buscan hacerle el quite al 4 x 1.000 y realizan menos transacciones.
Un argumento que suele mencionarse con fuerza tiene que ver con posibles obstáculos a la bancarización por cuenta del impuesto. Aunque el debate debe darse con cifras en la mano, se trata de una idea debatible, sobre todo si se tienen en cuenta las excepciones al pago –incluyendo la posibilidad de marcar cuentas como exentas–, las cuales hacen que la inmensa mayoría de los trabajadores colombianos no sean, en el día a día, afectados por este impuesto.
La discusión apenas comienza. Ahora viene el debate en la plenaria de la Cámara de Representantes. Si se abre paso, luego el turno será para la Comisión Tercera del Senado y la plenaria de dicha corporación.
Veremos qué ocurre. En cualquier caso, desde ya podemos registrar un caso –de esos que no se ven tan a menudo– en el que los intereses de muchas personas de a pie y de los bancos se enfilan en una misma dirección.