Con el inicio de las discusiones sobre el salario mínimo en Colombia, resulta fundamental aportar al debate nacional con elementos que permitan fijar un salario adecuado a las necesidades económicas del país y que refleje su impacto en los últimos años. En esta ocasión, el Observatorio Laboral y el Observatorio Fiscal hemos unido esfuerzos para construir este breve informe, cuyo propósito es proporcionar un análisis detallado que sirva como insumo para las decisiones sobre el salario mínimo.
Para este análisis, se usarán datos de la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) correspondientes a 2013 y 2023, comparando variables salariales clave en el mercado laboral colombiano. Este análisis nos permite concluir lo siguiente:
A pesar de los incrementos en el salario mínimo legal, estos no se han traducido en una mejora significativa de los ingresos de los trabajadores ni han impactado positivamente la estructura salarial en el país. Por el contrario, y a pesar de que se han realizado incrementos amplios al salario mínimo, a lo largo de la última década, el salario medio de la economía ha mostrado una ligera pero preocupante tendencia a la baja en su proporción respecto al salario mínimo.
En el sector informal, la situación es más crítica. En 2013, el salario medio de los trabajadores informales representaba el 93% del salario mínimo, pero en 2023 esta cifra se redujo al 78%. Esta disminución refleja que los incrementos en el salario mínimo no solo son insuficientes para mejorar la situación de los trabajadores en la informalidad, sino que pueden acentuar su vulnerabilidad. Un aumento del salario mínimo sin intervenciones estructurales que fomenten la formalización y mejores condiciones laborales podría agravar las disparidades. Es fundamental tener en cuenta que los trabajadores informales, que incluyen en su mayoría a mujeres y a personas de zonas rurales, representan uno de los grupos más vulnerables del país. Por ello, es importante que las decisiones sobre el incremento del salario mínimo tomen en consideración las repercusiones que estas medidas pueden tener en los trabajadores de la Colombia rural, para garantizar que las políticas salariales beneficien a todos de manera equitativa y no generen impactos negativos en los sectores más desprotegidos.
Problemas como la falta de productividad, la informalidad persistente, las desigualdades de acceso a empleos formales y la limitada capacidad de las empresas para aumentar los salarios por encima del mínimo no se resuelven con esta medida. En lugar de mejorar la situación general, un aumento desproporcionado del salario mínimo podría hacer más difícil la contratación formal y desalentar la transición de la informalidad a la formalidad.
El incremento al salario mínimo, en su forma actual, presenta características regresivas al imponer la misma carga salarial a todos los empleadores, sin considerar sus capacidades de pago, utilidades o el tamaño de sus operaciones. Esta medida uniforme genera una inequidad inherente: los empleadores con una mayor capacidad financiera no enfrentan un aumento proporcional a sus posibilidades, mientras que aquellos con recursos más limitados se ven presionados por exigencias desproporcionadas que pueden llevarlos a la informalidad o incluso a la quiebra.
Una alternativa más equitativa para mejorar los salarios y los ingresos de los trabajadores es la implementación de la negociación sectorial, adaptada al tamaño de las empresas. Este enfoque permitiría que los sindicatos y empleadores con mayores capacidades de pago acuerden condiciones salariales justas y sostenibles, sin imponer cargas excesivas a las micro y pequeñas empresas. De esta manera, se fomentaría un incremento en los ingresos laborales de forma más equilibrada y se reducirían los riesgos de impactos negativos en las empresas más vulnerables, fortaleciendo al mismo tiempo la estabilidad económica y laboral del país.
En este contexto, es fundamental hacer un llamado a la responsabilidad y prudencia al fijar el incremento del salario mínimo. La evidencia económica muestra que aumentos significativos en el salario mínimo legal pueden tener efectos adversos sobre los trabajadores informales, quienes representan el 55,9% de la fuerza laboral en el país.[1] Además, este tipo de incrementos no garantizan necesariamente una mejora en los ingresos de los trabajadores colombianos en general. Para lograr un impacto positivo y sostenido en los ingresos laborales, se necesitan medidas complementarias y alternativas al simple aumento del salario mínimo, que aborden de manera integral las condiciones del mercado laboral y promuevan el crecimiento económico y la formalización del empleo.
Es importante evitar que los trabajadores informales y los empleadores con menor capacidad de pago se vean afectados de manera desproporcionada debido a la falta de acuerdos salariales adaptados entre los grandes sindicatos y las grandes empresas. La negociación debería considerar las diferencias en las capacidades de pago para proteger a los sectores más vulnerables y asegurar condiciones justas para todos.
Por ello, consideramos que el incremento del salario mínimo debe estar basado en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) y en el crecimiento medio de la productividad, como principios fundamentales para garantizar que el ajuste preserve el poder adquisitivo de los trabajadores y esté alineado con las capacidades económicas del país. Sin embargo, esta política salarial debe complementarse con un enfoque más regionalizado, que reconozca las diferencias económicas y sociales entre zonas urbanas, rurales y regiones específicas. Una regionalización del salario mínimo permitiría que las particularidades de cada área sean consideradas, ajustando los incrementos de manera más equitativa y acorde con las realidades locales, tal como lo han sugerido los hallazgos sobre las disparidades salariales persistentes entre zonas del país.
De acuerdo con los datos analizados y las gráficas presentadas, se observa una ligera pero significativa disminución en la proporción del salario medio de la economía respecto al salario mínimo durante la última década. En 2013, el salario medio era 1,39 veces el salario mínimo, mientras que para 2023 esta proporción se redujo a 1,37. Aunque la variación puede parecer marginal, refleja una tendencia preocupante: los salarios medios no han mostrado mejoras sustanciales en términos reales en relación con el mínimo, lo que evidencia una falta de dinamismo en la economía y una limitada capacidad para generar incrementos salariales más allá del mínimo establecido por ley.
El análisis de los salarios medios en los sectores formal e informal revela una reducción preocupante en ambas categorías durante la última década. En 2013, el salario medio en la informalidad equivalía al 93% del salario mínimo (0,93 veces el mínimo), mientras que en 2023 esta proporción descendió al 78% (0,78 veces el mínimo). Por otro lado, en el sector formal, el salario medio pasó de ser 2,32 veces el salario mínimo en 2013 a 2,18 en 2023.
Estos datos indican que, aunque los salarios en la formalidad han disminuido en menor medida, la brecha entre la formalidad y la informalidad se ha ampliado. Además, la caída en los ingresos relativos en el sector informal plantea serias preocupaciones sobre la sostenibilidad económica y el poder adquisitivo de una gran parte de la población, que sigue empleándose bajo condiciones precarias. Este fenómeno también refleja los desafíos estructurales del mercado laboral colombiano, donde los incrementos en el salario mínimo parecen estar desconectados de una mejora generalizada en los ingresos.
Al desagregar los salarios por sectores, se observa que la mayoría de los sectores en la informalidad siguen pagando salarios por debajo del salario mínimo legal. Este patrón refleja una tendencia generalizada de bajos ingresos en el sector informal, lo cual resalta las dificultades económicas que enfrentan los trabajadores en este ámbito. Aunque el salario mínimo se ha establecido como un estándar legal, una proporción significativa de los trabajadores informales no alcanza este umbral, lo que profundiza la precariedad laboral en el país.
El análisis de los salarios según el nivel educativo muestra cómo, en principio, se espera que los trabajadores con educación superior obtengan los mejores ingresos, especialmente en el sector formal. En 2013, el salario promedio más alto con educación superior en el sector formal fue de 3,17 veces el salario mínimo, mientras que en 2023 esta cifra disminuyó a 2,87. En la informalidad, los trabajadores con educación superior también han experimentado una caída en sus ingresos: en 2013, el salario promedio era de 1,61 veces el salario mínimo, pero para 2023 descendió a 1,30.
Este descenso en los salarios relativos en ambos sectores, a pesar de tener niveles educativos superiores, sugiere que la relación entre educación y salario ha perdido parte de su efectividad como motor de mejora económica. La caída tanto en la formalidad como en la informalidad puede reflejar un estancamiento en el reconocimiento del valor de la educación, lo que pone en duda la capacidad del mercado laboral para ofrecer mejores remuneraciones basadas en la cualificación.
El aumento de la pobreza laboral a pesar de la educación superior es un fenómeno preocupante que refleja una disfunción estructural en el mercado laboral colombiano. En teoría, tener una educación superior debería proporcionar mejores oportunidades salariales y laborales, pero los datos muestran que, tanto en la formalidad como en la informalidad, los salarios de los trabajadores con educación superior no han mejorado significativamente.
Además de la problemática salarial, es importante destacar un cambio significativo en la composición educativa de la fuerza laboral colombiana en los últimos años. Entre 2013 y 2023, ha habido un incremento sustancial en el nivel educativo de los trabajadores. En particular, ha aumentado el número de personas con educación media y superior, y se ha reducido el porcentaje de personas sin educación o con solo educación básica. Este cambio en la estructura educativa debería, en principio, reflejarse en una mejora salarial para los trabajadores, ya que se supone que un mayor nivel educativo debería traducirse en mayores competencias y, por lo tanto, mejores remuneraciones.
El aumento en la educación superior y media indica que más colombianos están invirtiendo en su formación, lo que debería traducirse, teóricamente, en un mayor valor agregado en el mercado laboral. Sin embargo, los datos revelan una disconformidad entre la inversión en educación y las recompensas salariales. Aunque el nivel educativo ha mejorado, no se ha visto una mejora proporcional en los salarios. De hecho, los salarios promedio continúan siendo relativamente bajos en comparación con el salario mínimo.
Al observar la distribución salarial de 2013 a 2023, se evidencia que, a pesar de algunos ajustes en el contexto económico, la estructura de ingresos de los trabajadores colombianos no ha experimentado cambios significativos en cuanto a la proporción de quienes ganan el salario mínimo. Este patrón revela aspectos clave que deben considerarse al revisar la fijación del salario mínimo.
Uno de los hallazgos más destacados es que el porcentaje de trabajadores que ganan exactamente el salario mínimo ha aumentado en los últimos 10 años. Este fenómeno puede sugerir que, a pesar de los aumentos en el salario mínimo legal, más personas están atrapadas en este umbral, sin que haya una mejora significativa en sus ingresos relativos al salario mínimo.
A su vez, se observa una disminución en la proporción de trabajadores que ganan entre 1 y 3 salarios mínimos. Este fenómeno indica que, aunque el salario mínimo ha aumentado, no se ha logrado una mejora sustancial en los salarios intermedios, lo que podría ser un indicativo de que las políticas salariales actuales no están promoviendo una distribución salarial más equitativa ni mejorando las perspectivas salariales de aquellos trabajadores que no ganan el mínimo pero tampoco alcanzan salarios elevados.
Por otro lado, los trabajadores que ganan más de tres salarios mínimos siguen representando una proporción constante dentro de la distribución salarial. Esto sugiere que, mientras algunos sectores pueden estar mejorando sus ingresos, la mayoría de los trabajadores sigue concentrada en los extremos más bajos de la distribución. La estabilidad en este grupo puede reflejar una estratificación del mercado laboral, donde los aumentos salariales se concentran en los trabajadores de altos ingresos, sin generar mejoras significativas para los que se encuentran en el rango medio o bajo.
Este patrón pone de manifiesto que el salario mínimo no ha logrado el objetivo de mejorar la distribución salarial en Colombia. Aunque se ha incrementado, la proporción de personas que ganan el salario mínimo sigue siendo alta, lo que indica que los aumentos no han sido suficientes para elevar los ingresos de aquellos que se encuentran en el umbral de este salario. La disminución de los salarios intermedios también sugiere que el mercado laboral está concentrando los ingresos en torno al salario mínimo, sin que los sectores de ingresos medios estén viendo mejoras significativas.
Por lo tanto, al revisar el salario mínimo, es crucial considerar la distribución salarial en su totalidad, teniendo en cuenta no solo el aumento nominal del salario mínimo, sino también cómo este afecta a las distintas capas de trabajadores y si realmente contribuye a una distribución salarial más equitativa.
El análisis de la distribución salarial por género entre 2013 y 2023 revela dinámicas importantes en el mercado laboral colombiano. Aunque ha disminuido la proporción de mujeres que ganan menos del salario mínimo, este avance contrasta con un aumento similar entre los hombres, evidenciando desigualdades persistentes en ciertos sectores. Tanto hombres como mujeres han visto una mayor concentración en el salario mínimo, mientras que la proporción de quienes ganan entre 1 y 3 salarios mínimos ha disminuido, reflejando un estancamiento en los rangos salariales intermedios.
A pesar de un leve aumento en las mujeres que ganan entre 3 y 4 salarios mínimos, las altas remuneraciones permanecen constantes para ambos géneros. Estos resultados sugieren que, aunque hay avances en la equidad salarial, las políticas actuales no han logrado mejorar significativamente la distribución de ingresos ni superar la dependencia del salario mínimo como principal referencia. Esto subraya la necesidad de revisar profundamente el salario mínimo, vinculándolo a la productividad y a las condiciones económicas del país, para fomentar una distribución salarial más equitativa y sostenible.
Los datos revelan desigualdades salariales significativas entre las zonas urbanas y rurales, así como entre los sectores formal e informal, que reflejan tendencias preocupantes en el mercado laboral colombiano.
En las grandes ciudades, los ingresos en el sector formal han disminuido ligeramente, pasando de 2,69 salarios mínimos en 2013 a 2,68 en 2023, manteniéndose en niveles similares a los de hace una década. Sin embargo, la situación en la informalidad es mucho más alarmante: el salario promedio ha caído de 1,44 salarios mínimos en 2013 a 1,15 en 2023, lo que refleja un empeoramiento considerable de las condiciones salariales en el sector informal de estas ciudades.
En las ciudades medianas, se observa una tendencia negativa tanto en la formalidad como en la informalidad. En el sector formal, el salario promedio ha disminuido de 2,34 salarios mínimos en 2013 a 2,08 en 2023, y en la informalidad ha pasado de 1,28 salarios mínimos en 2013 a 1 en 2023, lo que demuestra una notable reducción de los ingresos de los trabajadores en estas áreas.
En otras zonas urbanas, el salario en la formalidad ha disminuido de 2,18 salarios mínimos en 2013 a 1,81 en 2023, mientras que en la informalidad ha caído de 1,02 salarios mínimos en 2013 a 0,82 en 2023, lo que indica una significativa reducción de los ingresos tanto en el sector formal como informal en estas regiones.
En las zonas rurales, aunque se observa una ligera mejora en la formalidad, donde el salario promedio ha pasado de 1,49 salarios mínimos en 2013 a 1,50 en 2023, en la informalidad ha habido una caída, pasando de 0,76 salarios mínimos en 2013 a 0,67 en 2023, lo que refleja un retroceso en los ingresos de los trabajadores informales en estas áreas.
En resumen, las diferencias regionales y sectoriales siguen siendo una característica central del mercado laboral colombiano, y la revisión del salario mínimo debe tomar en cuenta estas variaciones. Las grandes ciudades han experimentado una caída alarmante en los salarios informales, mientras que las ciudades medianas, otras zonas urbanas y las áreas rurales también han mostrado reducciones salariales.
Los datos muestran una disminución generalizada de los salarios promedio para las mujeres en casi todas las regiones y sectores, salvo algunas excepciones, lo que evidencia las persistentes desigualdades de género en el mercado laboral colombiano.
En las grandes ciudades, el salario promedio de las mujeres en la formalidad pasó de 2,38 salarios mínimos en 2013 a 2,36 en 2023, con una leve disminución. Sin embargo, en la informalidad, los ingresos promedio cayeron de 0,90 salarios mínimos en 2013 a 0,80 en 2023, lo que representa una caída preocupante en las condiciones salariales informales.
En las ciudades medianas, el salario en la formalidad disminuyó de 2,09 salarios mínimos en 2013 a 1,88 en 2023, mientras que en la informalidad se redujo de 0,80 salarios mínimos en 2013 a 0,74 en 2023, reflejando un deterioro tanto en el sector formal como en el informal.
En otras zonas urbanas, el retroceso es notable. En la formalidad, el salario promedio de las mujeres cayó de 1,96 salarios mínimos en 2013 a 1,67 en 2023, mientras que en la informalidad pasó de 0,64 salarios mínimos en 2013 a 0,58 en 2023, mostrando un descenso significativo en ambos sectores.
En las zonas rurales, el panorama es mixto. En la formalidad, los salarios promedio para las mujeres aumentaron ligeramente de 1,49 salarios mínimos en 2013 a 1,58 en 2023, pero en la informalidad disminuyeron de 0,42 salarios mínimos en 2013 a 0,41 en 2023, consolidando una tendencia negativa en las condiciones salariales informales.
Las cifras reflejan cómo las mujeres en diferentes regiones del país enfrentan un deterioro salarial generalizado, especialmente en la informalidad, donde los ingresos ya eran considerablemente bajos. Aunque se observan pequeñas mejoras en la formalidad rural, la mayoría de las regiones muestran una pérdida en el poder adquisitivo de las mujeres, lo que subraya la necesidad de políticas específicas para cerrar las brechas de género en el mercado laboral.
Para abordar esta realidad, la discusión sobre el salario mínimo debe incorporar un enfoque de género y regionalización, ajustando los salarios mínimos a las realidades de cada región y promoviendo medidas adicionales para mejorar las condiciones laborales de las mujeres, especialmente en sectores informales y áreas con salarios históricamente bajos.
El análisis de la relación entre salarios y formalidad en las ciudades colombianas durante los últimos diez años muestra una tendencia preocupante. La mayoría de las ciudades tienden a concentrarse en el cuadrante inferior izquierdo, caracterizado por bajos niveles salariales y de formalidad. Esta situación evidencia un deterioro significativo en las condiciones laborales de gran parte del territorio urbano, reflejando una combinación de ingresos insuficientes y una alta incidencia de la informalidad.
En contraste, Bogotá, Antioquia y Cundinamarca han logrado mantenerse en el cuadrante superior derecho, asociado con niveles más altos de formalidad y mejores salarios. Estas regiones, debido a su dinamismo económico y la presencia de sectores más formalizados, han resistido la tendencia general, consolidándose como polos de mejores oportunidades laborales. Sin embargo, esta estabilidad en unas pocas regiones subraya las marcadas desigualdades entre las diferentes áreas del país.
La concentración de muchas ciudades en la esquina inferior izquierda pone de manifiesto el deterioro de las economías locales y la persistencia de la informalidad, lo que agrava la precariedad laboral. Este fenómeno sugiere la necesidad de implementar políticas que promuevan tanto la formalización como el incremento de los ingresos en las ciudades más afectadas. Al mismo tiempo, es crucial que regiones como Bogotá, Antioquia y Cundinamarca sigan fortaleciendo sus niveles de formalidad e ingresos para consolidar su posición como referentes de buenas prácticas laborales.
Finalmente, esta polarización en la relación entre salarios y formalidad resalta la importancia de revisar el salario mínimo. Las marcadas diferencias regionales en las condiciones laborales requieren respuestas diferenciadas que consideren las particularidades económicas y sociales de cada área, con el objetivo de cerrar las brechas persistentes en el mercado laboral colombiano.
Conclusiones:
Las conclusiones del análisis revelan varios puntos clave sobre la situación del mercado laboral colombiano. Primero, el salario mínimo sigue siendo una referencia importante, pero su impacto real es limitado, ya que no ha mejorado significativamente los ingresos de los trabajadores ni ha reducido la informalidad. Además, se ha observado una disminución de los salarios medios en relación con el salario mínimo, lo que indica una pérdida del poder adquisitivo, incluso en sectores formalizados. Las disparidades salariales y de formalidad entre regiones del país también son notorias, con algunas zonas, como Bogotá y Antioquia, manteniendo niveles más altos, mientras que otras han experimentado un deterioro.
Otro hallazgo relevante es que, a pesar del aumento en el nivel educativo, los salarios no han mejorado proporcionalmente, lo que refleja un problema estructural en el mercado laboral, donde incluso los trabajadores con educación superior enfrentan ingresos reducidos. Además, persisten las desigualdades de género, con las mujeres enfrentando mayores dificultades para acceder a salarios más altos, especialmente en el sector informal.
La informalidad sigue siendo un reto estructural importante, con una caída significativa de los ingresos en este sector, especialmente en ciudades medianas y rurales. Frente a estos desafíos, se propone un enfoque integral en la política salarial, que considere las disparidades regionales y sectoriales. Esto implicaría un ajuste del salario mínimo basado en la inflación y la productividad, junto con un modelo de salarios diferenciados por regiones y la promoción de negociaciones salariales sectoriales en grandes empresas. Estas medidas buscan mejorar la equidad salarial y fortalecer la formalización laboral sin afectar la sostenibilidad del empleo.
En conclusión, el incremento del salario mínimo debería ser, al menos, equivalente al IPC proyectado en un 5,2%, más el aumento de la productividad. Además, se debe abrir la discusión sobre salarios regionales y, en caso de que las centrales sindicales insistan en aumentos adicionales, esto debería llevar a la mesa de concertación a promover negociaciones sectoriales y en empresas de gran tamaño, para evitar afectar a las medianas y pequeñas empresas.
[1] Esta cifra es la reportada por el DANE para el total nacional en el trimestre julio – septiembre de 2024.
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