Rosmery Quintero, presidenta de Acopi, el gremio que agrupa a las micro, pequeñas y medianas empresas del país, es la invitada al blog del Observatorio Fiscal. Estas son sus impresiones sobre el escenario que para el tejido empresarial colombiano configuró 2020 y los ejes en los que deben concentrarse las acciones emprendidas con miras a impulsar la recuperación.
Ni el mejor de los planificadores habría podido prever una pandemia. Aún después de casi un año, las micro, pequeñas y medianas empresas de Colombia afrontan un escenario desconocido y complejo –marcado por cierres, disminución de sus ingresos y, como consecuencia, una limitación en la capacidad de producir, que es su misión principal.
Hasta el momento, la incertidumbre ha hecho que las decisiones se tomen con una visión de corto y mediano plazo. El proceso de pensar –o repensar– la acción en el largo plazo apenas comienza.
Para hacerlo, conviene darle primero una mirada a la situación que han tenido que enfrentar a lo largo de los últimos meses. La principal dificultad ha sido la consecución de recursos, así como la búsqueda por utilizar de la mejor forma posible instrumentos como subsidios y créditos.
Es así como hemos observado un escenario marcado por el sobreendeudamiento. Para subsistir, las empresas han acudido al crédito en diferentes condiciones. Desde finales del año pasado hemos solicitado desde Acopi la ampliación de los periodos de gracia de las líneas de crédito que se han expedido. Para ello nos hemos reunido con el Ministerio de Comercio y la Superintendencia Financiera. El objetivo es que la situación actual, de por sí delicada, no termine en procesos de embargo –esta sería la puntillada final para muchas empresas.
Según nuestra más reciente encuesta de desempeño empresarial, 27% de los empresarios tenía un crédito con un periodo de gracia por vencer.
Cuando se habla de empresas, muchas personas tienden a pensar en enormes consorcios y en personas alejadas de la cotidianidad. Se trata de un estereotipo bastante alejado de la realidad: más del 70% de las empresas son organizaciones familiares. No se trata de grandes capitales, sino de grupos que ponen en riesgo sus ahorros o sus casas para sacar adelante los proyectos. En muchos casos de trata de empresas que han pasado de generación en generación –algunas con mayor capacidad de transformación que otras–, con un compromiso de crear tejido empresarial.
Más del 96% de las empresas del país son micro, pequeñas y medianas. Y de ellas, más del 90% son microempresas. Esta naturaleza interna de las empresas les da una posibilidad alta de readaptación. Sin embargo, esa capacidad supone también niveles altos de riesgo. Una microempresa puede cerrarse –acabando con el empleo que se genera– para comenzar una nueva. Este escenario es más difícil en el caso de las empresas pequeñas y medianas, pues se trata de unidades de negocio con mayores niveles de formalidad y solidez. Son estas las que mayores riesgos han asumido en la actual coyuntura, pues han hecho cambios en su estructura, sobre todo en materia de talento humano. Dichos ajustes se han concentrado especialmente en la transformación digital.
Es un hecho que los empresarios se han vuelto más eficientes en el uso de recursos. El aprendizaje sobre la importancia del ahorro también ha sido fundamental. En esta misma línea, las estrategias relacionadas con tecnología e innovación han adquirido especial relevancia. Transformar, generar valor para los productos y servicios que se ofrecen, es fundamental para conservar y ampliar los mercados.
A esto se suma la diversificación. La actividad comercial durante la pandemia demostró que, por ejemplo, además de productos terminados, las partes y los insumos también pueden comercializarse con buenos resultados.
Sobre ayudas y subsidios
La actual coyuntura también les ha permitido a los empresarios tener una visión más integral de la estructura que involucra precios, servicios públicos, costos de producción, costos logísticos e indicadores de productividad. En esta misma línea también ha quedado clara la importancia de la estructura fiscal –entendida no solo como la sola tasa del impuesto, sino también desde la perspectiva de cuál es el costo administrativo de cumplir las normas fiscales y laborales.
A pesar de las dinámicas de adaptación, se ha evidenciado que Colombia es un país muy dependiente de otros en temas como las materias primas. El acero, por ejemplo, proviene de países como China y Brasil. En 2020 la producción se concentró en sus mercados locales. Hoy se observa un desabastecimiento de acero, el cual ha afectado la cadena productiva metalmecánica y de servicios de ingeniería. Adicionalmente, la industria dejó de producir chatarra, que es fundamental para todas las fundidoras. Se trata de una cadena con numerosos eslabones.
Muchos de los pedidos que se hicieron entre noviembre y diciembre de 2020 comenzarán a llegar al país entre marzo y abril de este año.
Esto implica que durante los cerca de cuatro meses sin actividad –a pesar de no haber cuarentenas extendidas– la producción se paró casi completamente, a pesar de que muchas empresas cuentan con capacidad instalada y talento. La implicación de fondo es que no hay ingresos. Por esta y otras razones prevemos que el primer trimestre en varios sectores va a ser bastante crítico.
Es en este contexto que conviene analizar el impacto que en la actividad de las micro, pequeñas y medianas empresas han tenido las ayudas impulsadas por el Gobierno nacional. Según la UGPP, desde mayo de 2020 hasta enero de 2021 se han beneficiado más de 250 mil empresas.
Aunque se trata de una cifra considerable, conviene observarla respecto al registro mercantil, en el cual contabilizamos 1 millón 600 mil empresas.
Según nuestras estimaciones, cerca de 600 mil empleos quedaron en el aire por cuenta de las condiciones establecidas para acceder a las ayudas para el empleo formal. Casos como los de microempresas que generan entre uno y dos empleos, así como de las personas naturales, son dicientes. ¿Por qué estas empresas, que son formales, están ajustadas a la ley y tienen sus pagos en regla, fueron excluidas?
Acciones para avanzar
Ahora bien: hecho este diagnóstico, ¿cuáles son las acciones necesarias para impulsar la recuperación en un escenario pospandemia, haciendo énfasis en el trabajo de las micro, pequeñas y medianas empresas?
Las acciones deben concentrarse en tres ejes principales: gasto público, empleo de emergencia, e instrumentos flexibles para aumentar la producción y estimular la demanda.
El crédito no es suficiente. Es necesario explorar instrumentos como los que se han introducido en países como Estados Unidos, especialmente la cofinanciación. Esta figura permite salvar tejido empresarial mediante recursos no reembolsables, o reembolsables vía impuestos, los cuales se puedan retornar en el mediano plazo.
La pregunta de fondo es si, independientemente del riesgo de la regla fiscal, pudiéramos seguir apretando un poco para salvar tejido empresarial; o si, por el contrario, es más económico para el país perder tejido empresarial y recuperarlo posteriormente.
Dentro del proceso de reactivación estamos convencidos de que la tarea no se le puede dejar solamente al Gobierno nacional. Las alcaldías y gobernaciones deben también hacer un gran esfuerzo en el uso de los recursos con miras a la recuperación del empleo.
También es hora de hacer énfasis en el empleo de emergencia. Tras la ola invernal de finales de 2010, desde Acopi acompañamos al Departamento de Prosperidad Social (DPS) en la contratación de personal con normas laborales más flexibles en términos de tiempo y labor, lo cual permitió aumentar la oferta de empleo en obras de recuperación en las zonas más afectadas.
Tampoco debe dejarse de lado una actuación con enfoque de género. La mujer siempre ha asumido una gran responsabilidad dentro del hogar. La pandemia –y con esta, las cuarentenas y los confinamientos– ha impuesto dinámicas en términos de tiempo y espacio al interior de los hogares que no siempre están disponibles.
Como consecuencia, muchas personas –en especial mujeres– han tenido que dejar sus trabajos. No es que se esté despidiendo a más mujeres. Sin embargo, hay un número mayor de mujeres renunciando a sus empleos.
* Rosmery Quintero Castro es la presidenta nacional de la Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Acopi). Educadora, conferencista y columnista, ha sido destacada como una de las líderes gremiales más importantes del país.
** Las opiniones expresadas de los y las columnistas invitados(as) no representan la postura del Observatorio Fiscal de la Pontificia Universidad Javeriana.
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