La imagen es tan creativa como impactante: un dinosaurio ocupa el podio del Salón de la Asamblea General de las Naciones Unidas. "Ustedes pensarán que esto es obvio, pero extinguirse no es nada bueno. Y ¿provocar tu propia extinción? ¡En 70 millones de años es lo más ridículo que he escuchado!", afirma Frankie. Y agrega: “Al menos nosotros tuvimos un asteroide, ¿cuál es su excusa?”.
“Van hacia un desastre climático”. La sentencia –muy real, por cierto– hace parte de la campaña Don’t chose extinction (No elijas la extinción), lanzada en la antesala de la cumbre COP26, que se realiza en Glasglow, Escocia, del 31 de octubre al 12 de noviembre.
Del tema se está hablando mucho por estos días, pero ¿de qué se trata? En esta cumbre, líderes mundiales, jefes de Estado y de Gobierno, y responsables de negociación de 196 países determinarán qué acciones tomar para hacer frente al cambio climático. Se trata, puntualmente, de la forma en la que las leyes e instituciones deberán ajustarse para hacer frente a un problema común, real e inminente: el calentamiento global.
El encuentro se denomina COP26, pues se trata de la vigésima sexta conferencia de las partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático. Una de las reuniones más relevantes fue COP21, durante la cual se suscribió el Acuerdo de París, cuyo objetivo principal fue “reforzar la respuesta mundial a la amenaza del cambio climático manteniendo el aumento de la temperatura mundial en este siglo muy por debajo de los 2 grados centígrados por encima de los niveles preindustriales”, con el compromiso de buscar una limitación del aumento de la temperatura cercana a los “1,5 grados centígrados”.
¿Cómo va la tarea? El más reciente informe del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés), publicado en agosto de 2021, detalla un panorama especialmente complejo en el que, si bien los países redujeron sus emisiones de combustibles fósiles, el calentamiento global seguirá intensificándose. La alternativa es alcanzar la denominada carbono neutralidad para mediados del presente siglo –es decir, dejar de sumar dióxido de carbono a la atmósfera–.
La relevancia de COP26, además del momento crítico que vive la humanidad, radica en la necesidad de determinar planes de acción que permitan concretar planes de acción ambiciosos con miras a 2030. Ese año es también el horizonte fijado por la agenda de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Colombia juega un papel fundamental en este proceso. Nuestro país, el segundo más biodiverso del mundo por metro cuadrado, es especialmente sensible frente a los cambios derivados del calentamiento global. Sin embargo, dada nuestra capacidad fiscal –y aunque se han puesto en marcha ambiciosas iniciativas locales– dependemos de los acuerdos globales que se alcancen para seguir avanzando en el combate del cambio climático.
Los compromisos de Colombia en COP26 fueron detallados por el presidente de la República: una reducción del 51 por ciento en las emisiones de gases de efecto invernadero para 2030, y ser un país neutral en carbono para 2050.
“Esos compromisos le demuestran al mundo que si un país que solamente representa el 0.6% de las emisiones de gases de efecto invernadero, tiene tal nivel de compromiso, es un llamado para que los países más desarrollados hagan lo propio”, agregó.
Estos compromisos ilustran la complejidad del proceso. Nuestro país puede comprometerse con estas ambiciosas y muy positivas metas. Sin embargo, si no hay un compromiso global en igual sentido, será poco lo que se consiga avanzar –y será nuestro país uno de los que más padezca las consecuencias–.
Estos compromisos son posibles gracias a una sólida base alcanzada para el cierre del mandato del expresidente Juan Manuel Santos. Para agosto de 2018, Colombia había pasado de 13 millones de hectáreas de áreas protegidas a 31 millones. Adicionalmente se delimitaron cas 3 millones de hectáreas de páramos, y las áreas marinas protegidas pasaron de 1,2 a 12,8 millones de hectáreas.
Por su parte, el Parque Nacional Serranía de Chiribiquete fue declarado por la Unesco patrimonio natural y cultual de la humanidad, y pasó de tener 2,8 millones de hectáreas en 2010 a 4,3 millones en 2018.
A diferencia de lo que ocurría hace apenas unos pocos años, la certeza sobre la gravedad y la inminencia de la amenaza climática parece comenzar a ser dimensionada en toda su magnitud por los gobiernos más poderosos del mundo. Una demostración de ello es una seguidilla de informes en las que diversas agencias del gobierno estadounidense advirtieron sobre las consecuencias del calentamiento global no solo en materia climática, sino de seguridad.
Es un hecho que la posibilidad de adquirir compromisos a nivel internacional depende, en buena medida, de la existencia de arreglos institucionales a nivel doméstico que hagan posible su puesta en práctica.
Hace algunos meses invitamos a este espacio a Diana León, economista y magíster experta en cambio climático, e investigadora de Dejusticia para analizar el panorama nacional en la materia. Una de las principales conclusiones tiene que ver con la oportunidad perdida al dejar por fuera de la nueva reforma tributaria a los impuestos verdes como una estrategia de financiamiento del Gobierno y de los recursos ambientales del país.
La modificación del impuesto nacional al carbono, por ejemplo, es una de las tareas pendientes que tiene el país. Este debería ser uno de los elementos que se aborde en la reforma tributaria que probablemente tendrá que tramitar el nuevo gobierno que se elija en nuestro país el próximo año –cualquiera sea su tendencia política e ideológica–.
En cualquier caso, el énfasis actual en la agenda de impuestos verdes parece una oportunidad no aprovechada, en la medida en que las recientes disposiciones en materia tributaria se concentraron en los impuestos pagados por las empresas.
El proceso hacia la consolidación de los impuestos verdes como una fuente de financiación más amplia de las cuentas públicas parece, en cualquier caso, bien encaminada.
Es dable pensar que los resultados de COP26 movilicen a nivel nacional los procesos de decisión que abran mayor espacio a políticas que tienen a la lucha contra el cambio climático como elemento central.
Habrá, pues, que seguir muy de cerca los desarrollos de esta cumbre durante los próximos días. En juego está no solo la agenda tributaria futura, sino nuestro futuro como especie humana. Casi nada.
Para seguir todos los detalles de la COP26 pueden visitar este o este enlace.
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