En medio de la tormenta informativa nacional y, por supuesto, internacional –una que, dada su complejidad, puso en un segundo plano las noticias relacionadas con la pandemia por covid-19– resulta especialmente difícil hacer seguimiento a procesos de largo aliento relacionados con políticas públicas. Y es que, en medio del día a día, ¿quién tiene tiempo para prestarle atención a cada decisión técnica que se toma en el sector público?
Los tiempos complejos –como los vividos durante 2020 y 2021– son un terreno fértil para la falta de transparencia. La prioridad, como es obvio, es actuar pronto y responder a los desafíos que plantean escenarios complejos y, como en el caso de la emergencia que el mundo está superando, desconocidos. Sin embargo, en la claridad y la rendición de cuentas –decisión por decisión, programa por programa y peso por peso– está la clave para reparar y fortalecer la maltrecha relación entre los ciudadanos y sus instituciones.
Como lo señalamos hace unos días, aún a pesar de su complejidad, la crisis del covid planteó la oportunidad de consolidar en Colombia dinámicas más transparentes en materia de gasto público, profundizando la rendición de cuentas y los balances claros de cara a la ciudadanía. No obstante, todo parece indicar que esa oportunidad se dejó pasar de largo. Y es que, si todavía no sabemos todo lo que pasó en esta pandemia, ¿cómo se supone que nos vamos a preparar para la siguiente?
El Fondo de Mitigación de Emergencias (FOME), creado en 2020 para centralizar los recursos destinados a hacer frente a la emergencia, encarna esa dinámica institucional de información poco clara, niveles limitados de rendición de cuentas y lógicas de transparencia insuficientes al momento de dar cuentas sobre la forma en que se está invirtiendo el dinero para atender la crisis.
Al FOME le venimos haciendo seguimiento prácticamente desde el momento en que fue constituido. A pesar de que desde el Gobierno nacional se hicieron algunos esfuerzos orientados a fomentar la transparencia, la mayoría de las preguntas sobre la destinación del dinero dispuesto –programa por programa, peso por peso– persisten.
Cada vez parece más improbable que muchas de esas preguntas vayan a ser resultas. La razón es que –salvo que se le hagan nuevas adiciones, lo cual parece altamente improbable en el escenario actual–
Infortunadamente, no parece muy probable que muchas de ellas vayan a ser resueltas en el tiempo por venir. De acuerdo con el seguimiento que hacemos todos los meses, con corte al 26 de enero de 2022 ya se desembolsaron casi todos los recursos del FOME. De 43,9 billones –esto es, millones de millones– de pesos, ya se desembolsaron 43,2 billones. Queda, pues, un saldo de 642 mil millones de pesos.
Una mirada al desembolso por sectores permite concluir que han sido Salud e Ingreso Solidario los rubros que más recursos han recibido. El primero, 14,8 billones de pesos, y el segundo 11,4 billones. En Subsidios a la Nómina –que incluyen el Programa de Apoyo al Empleo Formal (PAEF) y el Programa de Apoyo a la Prima (PAP)– se han desembolsado 7 billones.
Por otra parte, se han desembolsado 5,1 billones para transferencias a programas sociales, y 3,2 billones para garantías de créditos. El billón y medio restante se ha desembolsado a sectores como Justicia, Defensa, Comercio, Agricultura, Cultura, Relaciones Exteriores, Educación y Vivienda, entre otros.
Cuando hablamos de casi 44 billones de pesos, hablamos de cerca del 4 por ciento del Producto Interno Bruto del país, y de más de tres veces el valor de la más reciente reforma tributaria.
Faltó transparencia. Eso es un hecho. Casi dos años después de iniciada la emergencia, todavía no es posible que la ciudadanía sepa cómo y en qué se ha gastado el dinero destinado a la atención de las consecuencias de la pandemia.
A estas alturas no es claro por qué la información del FOME –y, en general, sobre el gasto público en pandemia– no se puso en una plataforma en la que los datos se actualicen en tiempo real. Nuestras revisiones han permitido constatar que es posible conocer los valores desembolsados. Así las cosas, es factible contarle a la ciudadanía qué programas han recibido dinero y cuáles tienen, por ejemplo, contratos en ejecución y labores terminadas que ya fueron pagadas.
Si los datos existen, la desalentadora conclusión sigue siendo que no ponerlos a disposición de la gente es el producto de una decisión explícita en ese sentido.
La otra conclusión, igual de preocupante, es que estas dinámicas opacas siguen siendo la regla y no la excepción en materia de gasto público en nuestro país.
Salvo un cambio en la forma en que se divulga la información y cómo se le cuenta a la gente lo que se hace con su plata –algo que a estas alturas parece improbable–, ya no supimos exactamente y con el debido nivel de detalle en qué se gastó la plata de esta pandemia. Ojalá en la próxima sí sepamos.
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