Dos de tres. Al anuncio de la agencia Standard & Poor’s, que redujo en mayo pasado la calificación de Colombia, se sumó la decisión de Fitch Ratings de bajarle también el grado de inversión al país. Mientras crecen las probabilidades de que Moody’s se mueva en esta misma línea, en la práctica, estas dos determinaciones implican la pérdida del grado de inversión que se había recuperado en 2011.
Este asunto tiene implicaciones que van más allá de lo fiscal y se extienden a lo político y electoral –tocando también las prioridades del Estado colombiano a la hora de invertir, por ejemplo, en programas sociales–.
Pero vamos por partes. ¿Para qué sirven las calificadoras de riesgo? Estas firmas se encargan de contarles a los inversionistas dónde hay un buen clima para invertir. Esto se determina a partir de mediciones generales, pero también mediante observaciones particulares que evalúan no solo los indicadores macroeconómicos, sino también elementos sociales y políticos.
Así, se considera que un país tiene grado de inversión cuando, de acuerdo con las estimaciones de las agencias calificadoras, sus títulos no plantean riesgos significativos de incumplimiento de obligaciones para quienes los compren.
Si un país tiene niveles bajos de riesgo crediticio y se estima que tiene capacidad para cumplir con sus obligaciones, este tiende a ser bien calificado. Se trata, pues, de un pulgar arriba que permite atraer capital extranjero a menor costo. En este sentido es importante anotar que hay inversionistas que solo ponen su dinero en países que tienen buena calificación.
La decisión de Fitch Ratings –que junto a Standard & Poor’s y Moody’s es la calificadora con mejor reputación a nivel internacional– consistió en bajar la BB+ desde BBB-, revisando la perspectiva de negativa a estable.
Entre las razones señaladas para tomar la decisión se encuentran el deterioro de las finanzas públicas, la deuda pública en aumento y la disminución de la confianza en la posibilidad de que el Gobierno pueda poner esa deuda en una trayectoria descendente. Por el contrario, la compañía calcula que la deuda seguirá aumentando hacia 2022, lo cual implica que el país será más vulnerable frente a eventuales choques externos.
La reforma tributaria que el Gobierno presentará en las próximas semanas al Congreso es otro elemento central en esta decisión. A juicio de Fitch prevalece un panorama de incertidumbre debido a la dependencia de las medidas que se adopten y a que, según los cálculos, la mayor parte del beneficio fiscal solo se obtendrá en 2023.
Adicionalmente, la firma estima que la aprobación de la nueva reforma tributaria será compleja debido a la baja popularidad del gobierno, a las movilizaciones ciudadanas que han aumentado la presión sobre la actual administración, y a la cercanía de las elecciones legislativas y presidenciales de 2022.
"Existe el riesgo de que la nueva reforma tributaria podría diluirse. Además, la aprobación de cualquier reforma será difícil de lograr dadas las crecientes presiones sociales, la baja popularidad del Gobierno y las próximas elecciones", estimó Fitch, que también menciona como causantes del impacto a la pandemia y al paro nacional, pero no los señala como las razones exclusivas del estado actual de la crisis ni de la decisión adoptada.
¿Y entonces? Es importante subrayar que el país no se va a quedar sin plata. No obstante, es cierto que sí van a tener que pagarse intereses más altos. Igualmente, cuando dos calificadoras bajan su evaluación frente a un país, muchos fondos institucionales deciden no invertir. Es dable, pues, pensar que menos inversionistas internacionales se interesen en los bonos emitidos por el Gobierno colombiano.
Aunque el asunto parecería un tanto alejado de la realidad de las personas de a pie, los impactos se extenderán a toda la población. Colombia va a tener que pagar intereses más altos. Eso implica que una parte más grande de los impuestos que pagamos se irán hacia el cumplimiento de esas obligaciones y que se destinará una parte menor a los programas estatales –incluyendo los sociales.
El Gobierno reaccionó con tranquilidad frente al anuncio de Fitch. El ministro de Hacienda aseguró que se seguirá trabajando en promover “el crecimiento de la economía” y en la presentación de “un consenso a través de un proyecto de inversión social que logra recursos que garanticen la estabilidad social, la estabilidad de las finanzas públicas y el crecimiento de la economía” –es decir, en la nueva reforma tributaria.
Esta línea de acción del Gobierno es comprensible, pues interesa enviar un mensaje de tranquilidad a mercados e inversionistas. Sin embargo, el impacto de la pérdida del grado de inversión se sentirá en el mediano y largo plazo.
Dos elementos dan cuenta del complejo camino que tiene el país por delante en este tema. En primer lugar, conviene recordar que la última vez que el país perdió el grado de inversión tardó una década en recuperarlo. Este punto lo resaltó Mauricio Cárdenas, exministro de Hacienda, quien sostuvo que “el grado de inversión nos permitió atraer más capital, tener más recursos para el bienestar y el desarrollo del país” y aseguró que el camino para revertir el escenario actual es “retomar lo que ha sido la tradición de Colombia: en los momentos de mayor dificultad y adversidad sacamos lo mejor de nosotros mismos”.
¿Es factible recorrer ese camino en las actuales circunstancias de polarización política, crispación social y deterioro de la confianza ciudadana en las instituciones? Juan Carlos Echeverry, también exministro de Hacienda, tocó este tema desde la perspectiva de la actuación del Gobierno nacional.
A juicio de Echeverry, las calificadoras “estaban esperando una señal creíble de que el gobierno iba a arreglar sus finanzas. En cambio, en el Marco Fiscal de Mediano Plazo, de hace dos semanas, dejó una deuda altísima y unas metas fiscales que el propio gobierno no sabe cómo cumplir”.
Y agregó que el Marco Fiscal de Mediano Plazo es “un plan gastón en lo que queda del gobierno. Desafiando la ley de la gravedad, el déficit fiscal aumenta en un año en que se espera que la economía crezca 7%”.
De estas consideraciones se desprende el segundo elemento de análisis. El Gobierno espera sacar adelante la reforma tributaria en agosto próximo. La culminación de este proceso, además de mostrar fuerza del Ejecutivo para sacar adelante iniciativas en el Congreso, enviaría un mensaje de confianza a los inversionistas y los mercados internacionales sobre la construcción de una hoja de ruta hacia la consolidación de la política fiscal en el país en el mediano plazo.
Se trata, sin embargo, de un proceso que superará en materia de tiempos a la actual administración. Así, se requiere de consensos amplios que vayan más allá de la discusión legislativa entre el Gobierno y sus mayorías parlamentarias. ¿Será posible lograrlo? Y, más allá de eso, ¿existen la voluntad y el capital político necesarios?
Aunque esta parecería ser una discusión netamente fiscal, ciertamente no lo es. Están en juego no solo las cuentas públicas, sino también la posibilidad de mantener un ritmo de inversión que promueva el crecimiento económico pasada la pandemia.
Una conversación de semejante talante demanda sinceridad –de quienes toman las decisiones hoy, de quienes las tomaron antes y de quienes las tomarán de aquí a un año largo.
Por ejemplo: ¿por qué cuando a Colombia se le dio el grado de inversión, en 2011, la deuda como porcentaje del PIB estaba en alrededor del 30% y hoy se proyecta que a final de 2021 esté por encima de 60%? No todas las culpas pueden achacársele a la pandemia.
Adicionalmente, es necesario asumir las responsabilidades políticas del caso. Al margen de los mensajes de tranquilidad, es un legado particularmente negativo entregar un país sin grado de inversión —máxime si se tiene en cuenta que, por un lado, el Gobierno esperaba que las calificadoras darían un compás de espera, y que el choque derivado de la pandemia fue global, y no exclusivo para Colombia.
Perder el grado de inversión pone el camino más complejo, pero no es el fin del mundo. Sin embargo, recuperarlo es bueno para todos. ¿Qué tan dispuestos están los actores políticos, económicos e institucionales a jugársela para obtenerlo nuevamente? Esa es una de las preguntas de fondo. Veremos.
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