En una sesión que duró 3 horas –aunque solo tuvo una hora y 58 minutos de debate efectivo–, las comisiones Terceras y Cuartas de Senado y Cámara de Representantes –unos en camiseta, otros desde un celular, algunos con la cámara apagada, uno que otro en el Capitolio, y la mayoría desde su casa– le dieron luz verde, sin modificaciones, al monto del Presupuesto General de la Nación propuesto por el Gobierno nacional.
Este es el paso previo a la discusión y votación del proyecto en las comisiones –cuya fecha límite es el 24 de este mes–, antes de pasar a las plenarias tanto de Senado como de Cámara.
Vale la pena repasar algunos hechos destacados de la sesión, los cuales permiten entender no solo cómo ve el Congreso de la República el futuro próximo del país en materia económica, sino también entender o, en otros casos, ratificar las dudas, respecto a lo que el Gobierno planea hacer con la plata de todos los colombianos.
La sesión inició con dos proposiciones –que son el formato mediante el cual los congresistas ponen a consideración y voto de sus compañeros sus propuestas de modificación a los proyectos de ley–. La primera, del senador Wilson Arias (Polo Democrático) para subir el monto del presupuesto a 401.9 billones de pesos; el monto adicional sería financiado con un crédito del Banco de la República y utilizado en iniciativas como la renta básica. La segunda proposición la presentó el senador Gustavo Bolívar (coalición Lista de la Decencia) para llevar el monto a 315,2 billones –esto, con el objetivo de incluir el préstamo de 1,4 billones de pesos que el Gobierno nacional planea concederle a la aerolínea panameña Avianca–. Ambas proposiciones fueron derrotadas.
Se procedió, entonces, a debatir el monto propuesto por el Gobierno nacional en el proyecto de Presupuesto. La cifra, como contamos, no se movió: se quedó en 313,9 billones de pesos.
Varios temas -que seguramente volverán a mencionarse en debates posteriores- llamaron la atención. Congresistas de partidos en todos los puntos del espectro ideológico expresaron inquietudes frente a la meta que se fijó el Gobierno en materia de recaudo de IVA en 2021, y la disposición de activos y otros recursos de capital. Sobre el tema hablaron los congresistas Richard Aguilar y Emma Claudia Castellanos (Cambio Radical); Óscar Pérez (Centro Democratico); John Milton Rodriguez (Colombia Justa Libres); Iván Marulanda (Partido Verde); Wilson Arias (Polo Democrático); Aída Avella (Unión Patriótica) Gustavo Bolívar (Coalición Lista de la Decencia); y Juan Carlos Rivera (Partido Conservador).
Por otra parte, llamó la atención que congresistas pertenecientes al partido el presidente de la República dijeron cosas erradas sobre las actuaciones del Gobierno en materia económica. El senador Carlos Meisel, por ejemplo, aseguró que ya se sabe cuál es la disposición de activos por cerca de 12 billones de pesos. Sin embargo, no existe un documento público que sustente esa afirmación. A su turno, Ciro Ramírez, también senador, dijo que este año se aprobaron enajenaciones por 8,5 billones de pesos y que estas no se hicieron; cerró pidiendo a sus colegas que “no se escandalizaran”. No es claro si ese monto de 8,5 billones corresponde a la suma de suspensiones planeada -asunto mencionado por el senador Richard Aguilar (Cambio Radical)-, lo cual podría implicar suspensiones en la inversión en programas sociales.
A su turno, el senador Fernando Araújo aseguró que se han “usado” más de 25 billones de pesos en la atención de la emergencia por parte del Gobierno.
Esto, como lo evidencian los análisis adelantados por el Observatorio Fiscal, no es cierto. De los 25,5 billones de pesos de recursos del FOME, se han desembolsado -con corte al 8 de septiembre- 14,1 billones.
Pasadas las intervenciones de los congresistas, el turno fue para el ministro de Hacienda. Su exposición dejó en claro que las disposiciones de activos que se han planeado seguramente se harán antes de que termine el año.
Otras cosas, sin embargo, no quedaron tan claras. Habló, por ejemplo, de “mejores” usos” para el patrimonio, de “trabajar para usar mejor” el capital público, y de “construir maneras” de financiar actividades sociales. Pero, más allá, poco detalle.
Sus palabras plantearon, además, preguntas adicionales sobre el manejo del dinero de los colombianos en frentes como la atención de la emergencia. Señaló que, como parte de los recursos del balance -que es una suerte de excedente después de ejecutar el presupuesto -, este año el Gobierno va a terminar con 22 billones de pesos en su caja.
Hablamos de 22 millones de millones de pesos que se habrían podido emplear en una mayor transferencia de recursos al sector Salud, mayores pagos del programa Ingreso Solidario, la creación de una renta básica, o en brindar subsidios a las nóminas, evitando la destrucción de cerca de 5 millones de empleos desde que comenzó la emergencia.
Otro tema abordado por el ministro llama la atención en función de una observación que se ha hecho desde que se conoció el proyecto: el Presupuesto General de la Nación para 2021 no está financiado, y tiene un faltante de 38,1 billones de pesos; se planea llenar ese vacío con ventas de activos del Estado por 12 billones de pesos, y cubrir el resto con "otros recursos de capital".
Sobre estos “otros recursos” habló el ministro. Dijo que estos tienen una explicación fundamentalmente centrada en operaciones de tesorería y en recursos sin situación de fondo, que son recursos de las entidades que hacen parte del Presupuesto General que no pasan necesariamente por la tesorería, sino que se mantienen en esas entidades.
¿Por qué el proyecto de Presupuesto no detalla esto? ¿Por qué no se le cuenta al país cuáles son esas entidades? No se sabe.
Finalizada la intervención del ministro, se procedió a votar. Todos los congresistas votaron sí, con excepción de Wilson Arias, Aída Avella, Juan Luis Castro (Partido Verde), Katherine Miranda (Partido Verde), Iván Marulanda, Gustavo Bolívar, Israel Zúñiga (Partido Farc), y Carlos Alberto Carreño Marín (Partido Farc).