Como quien juiciosamente le mete monedas al marranito día tras día, el Gobierno nacional sigue sumando elementos normativos –y, sobre todo, narrativos– para hacer realidad su viejo anhelo de gravar con IVA la mayor parte de la canasta familiar –y, con ello, tapar el hueco que abrieron en las finanzas públicas las gabelas que el Ejecutivo les dio a los grandes capitales–.
Lo intentó inicialmente en la ley de financiamiento de 2018, pero la idea no cuajó. El asunto también se ambientó en 2019, pero tampoco se abrió paso. Ahora, con la reforma tributaria que se está cocinando y llegará al Congreso cuando termine la pandemia, el ministerio de Hacienda espera que la tercera sea la vencida.
El escenario que parece haberse escogido para impulsar la idea es la comisión de expertos tributarios –un grupo de destacados técnicos internacionales con poco conocimiento sobre las complejidades del sistema colombiano–, que entregará recomendaciones de reforma y propuestas de acción para hacer frente a beneficios tributarios que, según las cifras del Gobierno, suman 92,4 billones de pesos. Según el director de la DIAN, el 81 por ciento de esa cifra –cerca de 74 billones– tiene que ver con exclusiones, exenciones y tarifas diferenciales del IVA.
El tema de los beneficios tributarios lo venimos desarrollando en el Observatorio Fiscal en una serie de análisis hace algunas semanas. Es innegable que las gabelas que otorga el sistema lesionan el recaudo de impuestos. Sin embargo, es llamativo que el mayor foco se esté poniendo sobre el IVA y no, por ejemplo, sobre la evasión y las fallas estructurales en el sistema tributario colombiano. Sobresalen entre ellas la corrupción y la falta de transparencia, que se convierten en incentivos para no pagar.
Si uno mira el asunto desde la perspectiva cortoplacista que el Gobierno parece estar dándole al asunto, la fórmula parece tener sentido: como se quiere aumentar el recaudo ya, es más fácil ponerle IVA a la remolacha que ir detrás de grandes sectores productivos que se mantienen a la sombra de la autoridad tributaria. Si el objetivo fuera un sistema sostenible en el tiempo, lo segundo sería sin duda lo deseable.
Sigamos analizando la forma en que el Gobierno ha construido su narrativa sobre este asunto: mientras que escenarios como la comisión de expertos parecen validar los argumentos frente a un público más especializado, de cara al grueso de la opinión pública el tema parece estarse ambientando a partir de contar las bondades del programa de devolución del IVA a algunas de las familias más pobres del país.
Esta iniciativa, que, de acuerdo con la página del Departamento Nacional de Planeación, “permitirá que las familias en situación de pobreza reciban entre 70 mil y 80 mil pesos cada dos meses” para aliviar “el impacto del IVA en sus ingresos” y mejorar “su capacidad de consumo”, se puso en marcha en marzo pasado.
El marco normativo de la estrategia –que analizamos en el Observatorio en marzo pasado– es el documento 3986 del Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conpes). La devolución del IVA es una de las vías a través de las cuales el Gobierno nacional está brindando asistencia a los colombianos más vulnerables durante la pandemia. Pero queda el hecho de que la devolución del IVA es una concesión de unos 2 billones de pesos para el 20 por ciento más pobre de los colombianos, mientras que las empresas cuyos dueños están concentrados en el 1 por ciento más rico de la población recibieron un recorte de impuestos de 9 billones de pesos -y el Gobierno quiere tapar ese hueco con el IVA a la canasta familiar de la clase media.
Otro de los argumentos para apoyar esta idea de ponerle IVA a la remolacha, los huevos y el pan –entre otros– es el coronavirus. No obstante, las cuentas hacen evidente que, aún antes del covid-19 Colombia necesitaba una reforma tributaria. La razón es simple y contundente: con su reforma de 2019, el Gobierno les recortó millones de millones de pesos en impuestos a las empresas.
No hay ninguna evidencia de que se esté contemplando subirles los impuestos a los colombianos cuyo ingreso proviene principalmente del capital y no del trabajo. En Colombia el capital tributa a tasas efectivas más bajas que lo que se observa en países de la OCDE. Aun así, la idea es que la plata faltante salga del bolsillo de la clase media.
En línea con este último elemento, hay otro argumento de la narrativa del Gobierno para ambientar la subida del IVA que parece no tener demasiada lógica interna: los beneficios al gran capital parecen estar igualándose con el IVA bajo o nulo que se paga al comprar el pan. Pongámoslo en términos explícitos: mientras que una reforma que recorte beneficios del IVA golpeará al sector más pobre de la población, los beneficios de renta que se introdujeron en 2018 -y que han abierto un boquete en las cuentas públicas, las cuentas de todos- benefician directamente a los más ricos.
¿Son comparables, por ejemplo, los beneficios que sobre el IVA otorgan las zonas francas con el IVA que deja de pagar un asalariado al comprar lo del desayuno del día siguiente? El sentido común dice que no. La narrativa del Gobierno dice lo contrario.
Es innegable que se necesita aumentar el recaudo tributario en Colombia, pero no es claro por qué es necesario empezar por el IVA a la canasta familiar. En un sistema realmente progresivo –donde los que tienen más pagan un porcentaje más alto de sus ingresos–, el paso a seguir debería ser subirles los impuestos a los dividendos y las rentas no laborales del 1 por ciento de los colombianos de más ingresos.
Sin embargo, monedita tras monedita, el Gobierno parece empeñado en poner esa carga sobre los hombros de los consumidores y los trabajadores asalariados.