A medida que el país atraviesa el primer pico de la pandemia, la conversación nacional ha comenzado a trasladarse hacia los protocolos para la reactivación de actividades y servicios en materia de transporte, entretenimiento y espectáculos. En esta línea, las administraciones locales y regionales han comenzado a trazar sus planes para promover la reactivación económica y potenciar la generación de empleo en los años por venir.
Uno de los más sonados ha sido el denominado ‘Plan Marshall’ para Bogotá. Bautizado con el nombre que se popularizó a mediados del siglo XX para el European Recovery Program –a través del cual los Estados Unidos brindaron ayudas económicas por cerca de 12 mil millones de dólares de la época a países de Europa occidental devastados por la Segunda Guerra Mundial–, la iniciativa contempla medidas como una congelación del impuesto predial en 2021 para todos los inmuebles de Bogotá, así como exenciones de este gravamen para el sector cultural; prevé también descuentos del impuesto de industria y comercio para empresas que reporten pérdidas este año, y alivios a los empresarios que se formalicen.
El plan, que se le presentará al Concejo de Bogotá en dos proyectos de acuerdo –una figura que se asemeja a los proyectos de ley que en el orden nacional aprueba el Congreso de la República–, tiene un valor cercano a los 13 billones de pesos. Por un lado están 2 billones en incentivos tributarios, y, por otro, 10,7 billones de cupo de endeudamiento para impulsar la recuperación económica de la ciudad.
La generación de empleo será un eje transversal en la ejecución del plan. Así lo explicó la alcaldesa de la ciudad en un diálogo organizado por Invest In Bogotá: “El grueso de estas inversiones que vamos a hacer no se puede dar en el 2023 tenemos que hacerla en el 2021, para que, desde el año entrante, esa inversión, en estos proyectos de obras públicas empiecen a generar los empleos que necesitamos con urgencia en Bogotá y Colombia”.
Las medidas contempladas en la iniciativa están bien orientadas y favorecerán de forma efectiva a los sectores y personas más afectadas por el cese de operaciones generado por las medidas para contener la pandemia. Será, eso sí, muy importante el diálogo con los sectores que podrían terminar con una carga tributaria mayor. Es el caso, por ejemplo, de las plataformas digitales, que son una fuente importante de empleo.
El principal reto es reactivar el mercado, reduciendo los costos de contratación, pero sin afectar el nivel de vida de los trabajadores, y brindando un apoyo efectivo a los empresarios.
Sobre este tema, vale la pena mirar lo que la experiencia reciente tiene para mostrar a nivel nacional. Como lo contamos el mes pasado, a pesar de tener cálculos precisos y el dinero para hacerlo, el Gobierno nacional decidió no brindar subsidios efectivos a la nómina. Esa falta de acción hace que no sea sorprendente la pérdida de cerca de 5 millones de empleos entre febrero y mayo de este año. La estrategia del Ejecutivo se ha centrado en ofrecer créditos a los empresarios –una opción inviable para quienes no están vendiendo–, y ayudas por cerca de 350 mil pesos por empleado para empresas golpeadas por la crisis –un monto insuficiente para las empresas que verdaderamente estaban al borde de la quiebra-.
Además de la experiencia, el apoyo del Gobierno nacional es fundamental. Ni siquiera el músculo financiero de Bogotá puede solo. El trabajo conjunto, más que ideal, es absolutamente necesario. Y para ello se necesita transparencia, un elemento que no ha estado presente en el planteamiento y la ejecución de los planes económicos de los gobiernos colombianos, al menos durante el último cuarto de siglo.
El manejo del dinero destinado a atender la pandemia es una demostración clara de esto. Con corte al 18 de agosto, desde el Fondo de Mitigación de Emergencias se habían desembolsado cerca de 13 billones de pesos, una suma magra como proporción del PIB (poco más del 1%). Los recursos permanecen en una zona gris, y el Gobierno nacional sigue sin contarles a los ciudadanos qué planes tiene, peso por peso y no billón por billón, para gastar una plata que es de todos.
El reto que plantean el ‘Plan Marshall’ para Bogotá y, en general, los demás planes regionales de reactivación, es mayúsculo: no solo se trata de introducir medidas pertinentes para la recuperación –como lo está haciendo la administración de la capital–, sino también de coordinar esas medidas con el músculo financiero nacional. Ese ejercicio debe estar mediado por la claridad en el dinero dispuesto y lo que se piensa hacer con él. Pero para coordinarse se necesita la voluntad de parte y parte, y la prioridad del gobierno nacional no ha sido invertir en la recuperación de la pandemia, sino, inexplicablemente, ahorrar, pese a repetidas advertencias de los analistas de que lo barato nos va a salir caro.
El desafío es aún más grande teniendo en cuenta que 2021 marcará la antesala de la campaña electoral del año siguiente.
Mucho se puede aprender de las palabras de George Marshall, secretario de Estado de EE.UU. el 5 de junio de 1947 al presentar el plan que se conocería con su apellido: “Ni la pasión política ni los prejuicios deben hacer parte de él. Las dificultades que he señalado pueden ser y serán superadas, si contamos con una visión de futuro y la disposición de parte de nuestra gente para enfrentar la enorme responsabilidad que la historia claramente ha puesto sobre nuestro país”.