El pasado 18 de agosto se instaló la comisión de expertos que estudiará el sistema tributario nacional. Sus recomendaciones serán la base de las próximas políticas y reformas tributarias en el país. Esta comisión, que estudiará las exenciones tributarias para recomendar su continuidad, modificación o eliminación, parece estar orientada a los intereses del Gobierno nacional y desconectada del país.
Varias cosas llamaron la atención durante la instalación de la comisión. En primer lugar, el hecho de que la comunidad internacional felicitara al Gobierno nacional por su iniciativa de convocarla, desconociendo que el Ejecutivo se está limitando a cumplir con un mandato del Congreso de la República, que la comisión no fue su iniciativa y que, realmente, se opuso a su conformación desde la primera mención, como lo conté la semana pasada. Esto no es un detalle menor. En la primera propuesta, un aspecto fundamental de la comisión es que sería independiente, mientras que en la instaurada no lo es y, prácticamente está direccionada por el Gobierno nacional; todos los miembros fueron nombrados por altos cargos del Gobierno, diversos funcionarios hacen parte de la misma y toda la estructura de los debates fue definida por el Gobierno, entre otras.
El aspecto más importante es que los miembros que la conforman es que desconocen el sistema tributario nacional. Todos los académicos son expertos en tributación en sus campos de estudio y cuentan con carreras admirables, pero que no incluyen a nuestro país. De hecho, este aspecto fue reconocido explícitamente por la mayoría de ellos en sus intervenciones. Por ejemplo, David Rosenbloom expresó que su mayor experiencia laboral es en inversiones fronterizas; él será el encargado de estudiar el impuesto a la renta de las personas jurídicas. Brian Arnold, un experto en tributación internacional, analizará los incentivos para el campo colombiano, que muy probablemente requiera un estudio detallado al ser completamente único e irrepetible. Y así sucesivamente.
La distancia con nuestro país es tan grande que ninguno de los expertos habla español y para poder estudiar nuestro sistema tributario dependen absolutamente de las traducciones de la secretaría técnica conformada por funcionarios del Gobierno. Literalmente, uno de los expertos dijo que “no entendió nada” de la instalación del evento porque fue en español. Esto configura un marco en el que la ciudadanía en general no puede hablar con la comisión. Además, los miembros no pueden acceder de primera mano a los datos que están estudiando, sino que dependen de plazos y posibilidades de los funcionarios.
Resulta, además, un tanto problemático que pareciera que la comisión tiene un objetivo definido previamente: aplicar el IVA a la canasta de bienes de alimentos básica. Durante la intervención del director de la DIAN se presentó que el costo fiscal de los beneficios tributarios es de 92 billones de pesos anuales, que corresponden a 75 billones de IVA y 17 billones de renta. El director detalló cuántos recursos se “pierden” por no tributar diversos alimentos y minimizó el costo de las exenciones a la renta a un segundo lugar. Esto es problemático por la equidad de las exclusiones a las que se refirió. Por la focalización de los impuestos es muy probable que estas exclusiones correspondan precisamente al principio constitucional de progresividad y sean equitativas al beneficiar a las personas con menores ingresos. Por un lado, las exenciones de IVA a algunos bienes tienen el horizonte de beneficiar a las personas más pobres, como la exclusión de los bienes de la canasta básica familiar. Por otro lado, las exenciones de la renta benefician a las personas con mayores ingresos del país.
En esta columna no se alcanza a detallar las complejidades de las exenciones que, sin lugar a dudas, complejizan el sistema colombiano. Nuestro Estatuto Tributario supera los 100 artículos y ha sido modificado una vez cada dos o tres años recientemente. Con este apartado, quisiera llamar la atención de que el análisis se debe hacer con mucha más profundidad y responsabilidad.
Otro aspecto que llama la atención es el afán que implica el cronograma programado, el cual dista del análisis profundo que necesitamos hacer de nuestro sistema tributario. Se expuso que en octubre se abrirá un espacio a la sociedad civil y no se mencionó que, en dos ocasiones, más de 100 académicos se expresaron rechazando la reforma tributaria liderada por el ministerio de Hacienda porque aumentó la desigualdad. Tampoco se mencionó la invitación de diversos académicos a incluir en la mesa a mujeres y personas expertas en nuestro país. Ojalá esta participación no sea un protocolo para titulares. De igual forma, tampoco se mencionó la reciente demanda al Estatuto Tributario ni la magnitud de la evasión de impuestos, ni como la corrupción se ha configurado como el mayor incentivo a evadir impuestos. Es necesario conocer la sociedad colombiana, más allá de 110 artículos del Estatuto Tributario para hacer recomendaciones de política pública realmente acertadas.
Esta titánica tarea se deberá realizar a distancia hasta marzo, cuando se presentarán resultados al Congreso de la República. En mayo será la entrega final. Los expertos harán en pocos meses lo que algunas personas se demoran años y diversos estudios de posgrado en entender. Es imposible. Por ejemplo, desde el Observatorio Fiscal nos demoramos 26 días sólo en conocer cómo se está gastando la plata del FOME para la emergencia.
En fin, la conformación de esta comisión deja un sabor a una oportunidad perdida y una inmensa desconfianza en la voluntad del Gobierno nacional, especialmente el ministerio de Hacienda. Como cereza del pastel, la primera mención del ministro de Hacienda fue que el sistema tributario colombiano se puede mejorar ampliamente y está lejos de cumplir los principios constitucionales de eficiencia, progresividad y equidad. Es fuerte escuchar estas declaraciones de alguien que hizo dos reformas tributarias que aumentaron la desigualdad en el país. Esto es un doble discurso.