El Producto Interno Bruto colombiano se contrajo 15,7 por ciento durante el segundo trimestre del año. La noticia la dio a conocer el Departamento Nacional de Estadística (DANE). A este paso, nos encaminamos a la peor contracción registrada en la historia del país desde que existen datos económicos confiables; sus consecuencias –que ya las sienten millones de colombianos en sus bolsillos– se extenderán en el tiempo y afectarán no solo la esfera económica, sino también la social y, por supuesto, la política.
La estrepitosa caída del PIB entre abril y junio se explica a partir del decrecimiento de las actividades de comercio, construcción e industria manufacturera, sumadas a la reparación de vehículos automotores y motocicletas, el transporte y almacenamiento, el alojamiento y los servicios de comida. O, dicho de otra forma: la culpa la tuvo el coronavirus.
Es totalmente cierto que ha sido la pandemia –más puntualmente el aislamiento y las cuarentenas– la responsable del significativo frenazo en la economía. Sin embargo, una evaluación del escenario que para el país ha configurado el Covid-19 no puede reducirse a la narrativa de “el bicho tuvo la culpa”. Démosle, pues, una mirada a las implicaciones de lo que ha reportado el DANE, lo que se hizo, lo que se pudo haber hecho y, claro, lo que queda por hacer.
Comencemos: si bien la contracción reportada se refiere a un trimestre, es obvio que esta incidirá ampliamente en la cifra global que arroje el balance final del año. ¿Cuáles son los cálculos del Gobierno al respecto? En el Marco Fiscal de Mediano Plazo, presentado a finales de junio por el ministerio de Hacienda, se prevé un decrecimiento del 5,5 por ciento. El documento dice así: “Se estima que el PIB decrezca 5,5% en el año 2020 como consecuencia del choque originado por el COVID-19 y las medidas de aislamiento para la contención de la pandemia”.
No obstante, las perspectivas internacionales exceden las previsiones del Ejecutivo. En junio, el Fondo Monetario Internacional previó una contracción del 7,8 por ciento del PIB al final del año. Académicos han puesto de presente cómo un año de contracción es seguido por otro de crecimiento con tasas cercanas al 4 por ciento –una suerte de acordeón–. ¿Qué espera el Gobierno? A comienzos de junio se habló de una expectativa de 3 por ciento para 2021. Sin embargo, a finales de ese mismo mes, en el Marco Fiscal de Mediano Plazo se habló de “estimaciones” que ascienden a 6,6 por ciento.
El documento, eso sí, reconoce que “las proyecciones de crecimiento para la economía colombiana y mundial tienen un grado de incertidumbre superior a lo usual, derivado de la falta de certeza acerca de la evolución del COVID-19 y el grado de afectación en que terminen los balances de los agentes y los mercados de los factores de producción una vez se supere la emergencia sanitaria”.
Entonces, a juicio del Gobierno, ¿de qué depende la posibilidad de lograr resultados de crecimiento del 6,6 por ciento en 2021, o al menos números cercanos a ese? El resultado, señala el Marco Fiscal de Mediano Plazo, “estaría condicionado a que el estado de los balances financieros de las empresas les permita financiar su capital de trabajo y, en particular, reabsorber la mano de obra”.
Se trata, sin duda, de una expectativa ambiciosa, sobre todo si se tiene en cuenta que desde que inició la pandemia en Colombia se han perdido cerca de 5 millones de empleos, y a que esa destrucción de puestos de trabajo se debe –en una medida importante– a la decisión consciente que se tomó desde el Gobierno nacional de no subsidiar las nóminas, a pesar de tener el dinero para hacerlo.
Como lo contamos en julio, una revisión de las actas de las reuniones del Comité de Administración del Fondo de Mitigación de Emergencias (FOME) permitió establecer que los análisis sobre el asunto se hicieron, pero la idea –inexplicablemente– se desechó.
Al final se aprobó “financiar con cargo a los recursos” del FOME “el beneficio de pago de nómina equivalente a aproximadamente 350 mil pesos por trabajador, por tres meses, para empresas que hayan percibido reducciones en sus ingresos de por lo menos 20%”. El monto autorizado es insuficiente para subsidiar una nómina formal, y no podía esperarse que hubiera contenido la destrucción masiva del empleo.
No es claro por qué, si se hicieron los cálculos sobre cuánto costaba subsidiar el ciento por ciento de las nóminas, el Gobierno nacional –en cabeza del ministerio de Hacienda– se quedó quieto. Es claro que no fue por falta de plata.
No todas las nóminas hubieran requerido el subsidio. Como señaló el Observatorio el mes pasado, si suponemos que la pérdida de empleo fue de la misma proporción en el sector formal y en el informal –uno de cada cinco empleos perdidos–, estaríamos hablando de no más de 2,2 billones de pesos mensuales: 8,8 billones de pesos entre abril y julio.
Fueron varios los llamados que se hicieron desde la academia para salvar el empleo entre finales de marzo y comienzos de abril. Informes como el elaborado por la Facultad de Economía de la Universidad de Los Andes, advirtieron sobre lo que estaban viviendo “2.8 millones de trabajadores (formales) cuyas actividades están en la línea del fuego de las medidas de aislamiento, así como sus familias”.
Corficolombiana también publicó un informe estimando la proporción de empleos afectados por la cuarentena, y concluyó que era posible subsidiar todas las nóminas de las pymes afectadas por la crisis con los recursos disponibles en el FOME.
Las medidas adoptadas por el Gobierno nacional no respondieron de forma efectiva a las necesidades de los empleadores. Endeudarse no es una opción para empresas que, debido a la emergencia, no están vendiendo. Endeudarse para contratar trabajadores –o mantener las plantas actuales de personal– no tiene mayor sentido en términos financieros.
El costo y el tiempo que tomará recuperar los empleos que se perdieron por la falta de acción del Gobierno nacional para protegerlos va a ser mucho mayor al que se hubiera necesitado para evitar su pérdida mediante subsidios a la nómina de las empresas.
No deja, pues, de ser llamativo que el Gobierno nacional cifre parte de sus esperanzas de crecimiento y recuperación en un sector que no protegió adecuadamente –a pesar de que tenía cómo hacerlo–.
Hace una semana el Ejecutivo manifestó que espera ampliar hasta diciembre los subsidios a la nómina que se vienen entregando. Para ello, planea presentar al Congreso un proyecto de ley que posibilite la extensión.
Todo parece indicar que la pandemia, infortunadamente, está lejos de llegar a su fin. Aún si no tiene dimensiones tan dramáticas como las del trimestre informado por el DANE, los meses por venir serán igual de complejos. Los tiempos extraordinarios demandan medidas audaces, realistas y solidarias con los ciudadanos.
Al fin y al cabo, la culpa “es del bicho”, no de la gente.