A pesar de la aguda polarización y de un escenario económico todavía incierto por cuenta de la pandemia, Colombia parece estar dando pasos firmes para hacer realidad una renta básica. Señales en materia política, técnica y académica comienzan a configurar un marco impensable hace unos pocos meses.
Dos ejes han impulsado la acción. Por un lado, el proyecto de ley presentado hace dos semanas por 68 congresistas de diversos partidos políticos para sacar adelante una ley de renta básica y la discusión pública que generó esta idea, que viene ambientándose desde abril pasado. El segundo eje ha sido la puesta en marcha de Ingreso Solidario –el más ambicioso programa de protección a las personas menos favorecidas del que se tenga registro en el país–.
Ingreso Solidario, creado mediante el Decreto 518 del 4 de abril, consiste en el pago mensual de 160 mil pesos a los hogares que no están cubiertos por programas de asistencia como Familias en Acción, Jóvenes en Acción y Colombia Mayor. Según su página web, ha beneficiado a 2 millones 616 mil hogares en 178 de los 1.103 municipios del país. En junio, el Gobierno nacional había anunciado su extensión hasta diciembre. Sin embargo, los pagos irán hasta junio del próximo año; así se dio a conocer el pasado 20 de julio. A comienzos de este mes se comenzó a distribuir el cuarto giro.
Este programa no ha sido ajeno al debate político. Algunos voceros del Gobierno nacional han asegurado que a través de Ingreso Solidario ya se hizo realidad la renta básica. Otros funcionarios han dado a entender que esa afirmación no es precisa, al sostener que “podría llegar” a serlo.
Lo cierto es que Ingreso Solidario es un primer paso cierto hacia la renta básica. Se están sentando las bases operativas y la idea se está llevando de la teoría a la práctica. Hoy el país cuenta con una caracterización más completa de las personas en situación de pobreza y pobreza extrema. Dos elementos consignados en el Plan Nacional de Desarrollo y que venían en desarrollo desde antes de la pandemia han contribuido al éxito de esta ejecución: el Registro Social de Hogares y la Plataforma de Transferencias Monetarias.
El éxito en la ejecución de esta iniciativa ha permitido que la discusión en torno a la renta básica se amplíe. ¿A quiénes debería beneficiar? ¿Cuál es el monto deseable? ¿Deberían fijarse condiciones deberían para acceder a ella?
En junio pasado el Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana analizó las distintas propuestas sobre renta básica en Colombia –de las más amplias a las más realistas–.
La primera –en esencia impracticable– es una renta básica universal de un salario mínimo para todos los ciudadanos mayores de 18 años. Se encuentra luego la renta básica garantizada (o ingreso mínimo garantizado); esta opción, si se orienta a la eliminación de la pobreza extrema, puede ser fácilmente implementada.
El costo de acabar con la pobreza extrema en Colombia con una renta básica garantizada bien focalizada sería de 4,6 billones de pesos. Y si se quisiera ampliar el monto para que todos los colombianos tuvieran ingresos por encima de la línea de pobreza, hablaríamos de 30 billones.
La discusión en torno a las condiciones que eventualmente podrían implementarse para acceder a la renta –por ejemplo, estar estudiando o encontrarse en una condición social específica, como sucede con otros programas– también está tomando fuerza. Las condicionalidades son costosas y generan burocracia, pero también hay quienes insisten en que es necesario un programa que permita hacer evaluaciones periódicas y determinar cómo van cambiando las condiciones de vida de los beneficiarios.
Un análisis prospectivo sobre las posibilidades de una renta básica en Colombia, como vimos anteriormente, no escapa al debate político. El último de los giros previstos en Ingreso Solidario llegará en junio del próximo año –menos de un año antes de la primera vuelta de las elecciones presidenciales de 2022–. Es más que obvio que la recuperación de la economía y la restauración del tejido laboral –golpeados por la pandemia y por la falta de acción del Gobierno nacional para proteger el empleo de millones de colombianos mediante subsidios a la nómina– estarán en el centro de la carrera electoral.
En los próximos años en Colombia se hablará mucho sobre la renta básica. Es hora de que los políticos y los diseñadores de política pública –que a veces no son los mismos– se pongan en sintonía con este nuevo consenso que está emergiendo en nuestro país.