El Plan Nacional de Desarrollo introdujo en sus artículos 237 y 238 el denominado ‘Acuerdo de Punto Final’ –conocido también como Ley de Punto Final–. Lo allí estipulado sienta las bases para saldar las deudas que se han acumulado entre el Gobierno nacional, las EPS y las IPS, y proceder a su pago. Se trata de un mecanismo orientado solo a sanear las cuentas pendientes, sin mayores cambios paralelos que eviten que las deudas se vuelvan a acumular. ¿En qué va todo este proceso?
Comencemos por señalar el monto que se calcula de deuda en los regímenes contributivo y subsidiado. Una primera estimación arrojó que, en el régimen contributivo, las deudas del Gobierno nacional y los entes territoriales con las entidades prestadoras de servicios (EPS) y las instituciones prestadoras de salud (IPS) ascienden a 5,2 billones de pesos. En el régimen subsidiado los pagos se aproximan a los 1,5 billones.
El “Acuerdo de Punto Final para sanear deudas históricas”, presentado en julio del año pasado, establece que las deudas que se concilien para ser pagadas se convertirán en deuda pública y se pagarán con bonos del Estado. El dinero saldrá de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres).
Pero, ¿qué fue lo que hizo que se acumulara tal nivel de deuda? El sistema colombiano de salud es un sistema de aseguramiento. Cada EPS recibe pagos en equivalencia de la Unidad de Pago por Captación (UPC), que es el valor que se le reconoce por cada afiliado que tiene; con esa plata, la EPS debe cubrir todas las necesidades que tengan los pacientes incluidas en el Plan Obligatorio de Salud (POS). Los servicios no incluidos en el POS y ordenados por algún profesional en la salud son cubiertos por las IPS, cobrados a las EPS y “recobradas” por las EPS al Gobierno nacional. Con el tiempo, por falta de claridad en procedimientos y complejidades desconocidas por la mayoría de ciudadanos, los pagos de medicamentos y servicios no cubiertos, se acumularon deudas entre IPS, EPS y Gobierno a través de la Adres.
Así, el esquema de ‘punto final’ introduce una ruta rápida que permite arreglar las cuentas y sentar algunos cambios para una relación de cuentas más transparente hacia el futuro. Dicho esquema también incluye medidas como una actualización progresiva del plan de beneficios en salud, así como de las exclusiones, de modo que medicamentos, servicios o procedimientos que no se estimen como efectivos o seguros no se paguen con recursos del sistema.
En su concepción, un esquema como este debe impactar positivamente la calidad del servicio, pues los flujos financieros llegarán directamente a instituciones prestadoras, hospitales públicos, proveedores y talento humano –en este último punto, el pago de deudas y salarios atrasados debería ser una prioridad–.
De igual forma, una inyección de capital como la prevé este mecanismo deja sin cabida las excusas con las que se negaban servicios.
El más reciente desarrollo normativo del esquema de ‘punto final’ es el decreto 521 de 2020, el cual estableció el proceso para la aclaración de cuentas. La Adres, que comenzará a recibir las cuentas que serán objeto de revisión, dispondrá a las EPS los documentos base del proceso operativo, los cuales se han trabajado en conjunto con estas. El Gobierno ha señalado que con esto se busca “garantizar la transparencia y éxito del proceso de saneamiento de las cuentas”.
Aunque define pautas en materia de auditoría y establece criterios de verificación, el decreto 521 no hace explícitos procesos para comunicarle a la ciudadanía cómo avanzará el proceso de depuración de las cuentas.
El espíritu de este esquema, que busca garantizar un sistema de salud más sólido, justo y transparente, debe ir acompañado de dinámicas serias, consistentes y bien diseñadas de rendición de cuentas. Estamos hablando de billones de pesos. La confianza debe ser una de las bases de este renovado sistema que se les quiere entregar a los colombianos.
En un momento crucial como el que vive el país debido a la pandemia del covid-19, en el que cada peso del sistema de salud es valioso para salvar vidas, el dinero destinado a la salud –como todo el dinero de los colombianos– tiene que ser girado con transparencia. El Gobierno nacional debe informar cómo va el proceso, en tiempo real y con acceso a toda la ciudadanía.