El Presupuesto General de la Nación para 2021 tiene un hueco de 38 millones de millones –los tan mencionados billones– de pesos. Démosle una mirada a cómo planea el Gobierno nacional cubrir ese déficit.
El texto del proyecto de ley, publicado el pasado 29 de julio por el ministerio de Hacienda, y que en las próximas semanas comenzará su trámite en el Congreso, plantea dos fuentes. Se trata, sin embargo, de dos fuentes gaseosas en su descripción, faltas de detalle y, a juzgar por la experiencia reciente, poco confiables en su ejecución.
Comencemos por el principio: una primera lectura al texto planteó dudas respecto al desglose de ingresos y el escenario de recaudo tributario que prevé el Gobierno, así como sobre los recursos que decidió no gastar este año –recursos que hubieran permitido, por ejemplo, financiar el ciento por ciento de las nóminas formales, impidiendo la dramática destrucción del tejido laboral que vive el país–. Esa primera mirada también puso de presente la opacidad con la que se presentó la información, dificultando su análisis.
Sin embargo, lo que más llama la atención es que el Presupuesto General de la Nación para el año que viene –el que, en teoría, será el año pospandemia– no estaría financiado completamente, pues faltan 38 billones de pesos. ¿Cómo se va a llenar ese vacío? Según el proyecto, esa plata vendrá de dos fuentes: 12 billones saldrán de la enajenación de activos –es decir, la venta de activos del Estado–. Pero no se sabe qué empresas, o qué acciones, ni cuántas; el Gobierno decidió no contárselo a los ciudadanos. Los otros 26 billones se obtendrán mediante “otros recursos de capital”.
Comencemos por estos últimos. ¿Cuáles son los “otros recursos de capital”? El presupuesto no los desagrega en detalle. El segundo cuadro que aparece en la página 186 del proyecto de ley detalla la composición del presupuesto de rentas. Así, después de listar la disposición de activos, los excedentes financieros y un largo etcétera, se mencionan los “otros recursos de capital”. ¿Qué recursos son esos? ¿De dónde vienen? No hay forma de saberlo.
El mensaje presidencial que acompaña el proyecto de presupuesto no menciona estos “otros recursos”. Aparecen mencionados, eso sí, en las páginas 33 y 34 del anexo al mensaje presidencial. Allí se señala lo siguiente: “El aforo de Otros Recursos de Capital asciende a $26,1 billones. Este contiene las estimaciones del financiamiento restante requerido para asegurar la ejecución del presupuesto aprobado y los recursos obtenidos por otras fuentes de financiamiento específicas. Para la obtención de estos recursos se cuenta con cerca de 18 meses, durante los cuales se tiene previsto emplear una estrategia de financiamiento que, con fundamento en un monitoreo permanente de los mercados financieros, minimice el riesgo cambiario y el riesgo de refinanciación”. O, como quien dice, ahí vamos a ir viendo cómo se consiguen.
No es posible encontrar más detalles sobre cuáles son los “otros recursos” ni de dónde provendrán exactamente. A lo mejor se busca aprovechar las favorables condiciones crediticias en las cuales se encuentra Colombia actualmente (las cuales, por cierto, desdicen la excesiva preocupación de ciertos analistas por la manera en que nos perciben las calificadoras de riesgo y los mercados internacionales), y así aprovechar las bajas tasas de interés que nos ofrecen para pagar deuda cara con deuda barata. Esto tendría sentido, máxime cuando este año se planea aumentar el pago de la deuda en 22,2 billones de pesos frente a los pagos hechos el año pasado: se pasaría de amortizar $52,7 billones de deuda en 2020 a $74,9 billones en 2021.
Sin embargo, incluso si lo que se planea es refinanciar $22,2 billones a tasas de interés más bajas, el faltante de $38 billones se reduciría a 16 billones que todavía no se sabe de dónde van a salir.
Pasemos ahora a la enajenación de activos, que es de donde prevé el Gobierno salgan los otros 12 billones de pesos para cubrir el déficit. El mensaje presidencial tampoco se ocupa de este punto; sí lo hace, también, el anexo. Este dice así: “Se registran en la Disposición de activos, la estimación de los recursos que se obtendrían por la enajenación de activos de empresas del Estado por $12,0 billones”.
Pero volvamos a la enajenación de activos. ¿En qué consiste? Podría decirse que es como vender la casa para pagar arriendo. Supongamos que el plan del Gobierno nacional es vender parte de las acciones que el Estado tiene en Ecopetrol –hoy 86 por ciento es del Estado, y el otro 14 por ciento es de otros accionistas–. Reducir esa participación implica que los dividendos de la Nación sean más pequeños, año tras año.
A veces es estratégico vender empresas del Estado, y a veces no. Dado que el Gobierno decidió no ser claro en lo que planea hacer con la plata de todos los colombianos, aprobar el proyecto de presupuesto tal y como está redactado, implica firmar un cheque en blanco por 12 millones de millones de pesos para enajenar… ¿enajenar qué empresa? No se sabe. No se lo han contado a los ciudadanos, y tampoco al Congreso.
El asunto no para ahí. Si se revisa la experiencia reciente, la verdad es que el Gobierno no ha dado tranquilidad en el manejo de las enajenaciones.
Veamos lo que pasó el año pasado con el intento de vender la participación del Estado en ISA –la principal transportadora de energía eléctrica del país–. Para enajenar una empresa se debe diseñar el proceso. Esto requiere la contratación de empresas. En su momento, el ministerio de Hacienda invitó a cinco empresas que consideró idóneas; en un proceso de invitación directa, tres aplicaron y una resultó habilitada. La página web del ministerio permite ver la invitación, el contrato y la cancelación, pero no las aplicaciones ni las evaluaciones en donde se evidencie por qué las firmas no resultaron idóneas. El proceso se cayó. La noticia se conoció el 20 de noviembre del año pasado, un día antes del inicio de las protestas ciudadanas contra el Gobierno nacional.
Un presupuesto desfinanciado y planes que no son claros marcan, pues, la primera etapa del análisis del Presupuesto General de la Nación para el año que viene. Es urgente que el Gobierno nacional les explique a los colombianos cuáles son los planes que tiene. Como lo hemos señalado desde el Observatorio Fiscal de la Pontificia Universidad Javeriana, el estado de emergencia no es una excusa para el manejo poco transparente de los recursos que son de todos.