Actualmente la opinión pública colombiana asiste a un intenso debate acerca de cuáles serían las mejores políticas para proteger a las personas más pobres, quienes, por cuenta de la pandemia, se han quedado sin ingresos. Esta discusión –que no tiene precedentes–, parte de una premisa compartida por hacedores de política pública de todas las vertientes políticas: ninguna persona debería irse a dormir con hambre.
El eje de esta discusión se ha centrado en la propuesta de hacer realidad la renta básica, una iniciativa que –como hemos expuesto desde el Observatorio Fiscal de la Pontificia Universidad Javeriana– tiene múltiples y muy realistas opciones.
Para que la renta básica sea una realidad en Colombia el Congreso debe aprobar una ley en ese sentido. La idea ya cuenta con el apoyo de 68 congresistas de nueve partidos políticos. Sin embargo, y a pesar de que el tema se ha metido a la agenda pública como nunca, el bolsillo de los colombianos más pobres no da espera. Por cuenta de la pandemia, las condiciones de vida de millones de colombianos cambiaron y muchas personas que eran pobres se encuentran ahora en la miseria.
Conviene, entonces, darle una mirada a cómo se están invirtiendo los programas de transferencias que operan actualmente. Esta mirada permitirá no solo comenzar a definir qué tan costosas pueden resultar las propuestas sobre renta básica, sino saber también entender cómo están funcionando los pagos a las personas que más los necesitan durante la emergencia. Y, por supuesto, qué tan transparente está siendo la gestión de esos recursos.
Es importante destacar que actualmente se está ejecutando el más ambicioso programa de protección a las personas menos favorecidas del que se tenga registro en el país. Se trata de Ingreso Solidario, creado mediante el Decreto 518 del 4 de abril. Esta iniciativa –que, según su página web, ha beneficiado a 2 millones 616 mil hogares en 178 de los 1.103 municipios del país– consiste en un giro mensual de 160 mil pesos a los hogares que no estén cubiertos por programas de asistencia del Gobierno nacional, como Familias en Acción, Jóvenes en Acción y Colombia Mayor. El pasado 24 de junio el Gobierno nacional anunció la extensión del programa hasta diciembre próximo. Con corte a julio, ya se han hecho tres pagos.
De acuerdo con el registro del Portal de Transparencia Económica, en Ingreso Solidario se han ejecutado 1 billón 223 mil millones de pesos. El primer pago se hizo en abril. Como señalamos el pasado 20 de julio, si se tiene en cuenta que ya se han hecho tres pagos de 160 mil cada uno –completando así 480 mil pesos para estos hogares– se evidencia que ya se gastó el dinero que se había previsto para el programa. La información publicada por el Gobierno nacional no permite establecer de dónde saldrá el dinero para efectuar los nuevos pagos prometidos.
Aunque orientado a apoyar a los colombianos más pobres en medio de una pandemia, el programa Ingreso Solidario no ha escapado al debate político. El Gobierno nacional sostiene que ese programa ya hizo realidad la renta básica en Colombia; por su parte, congresistas de diferentes partidos políticos sostienen que eso no es así, y argumentan que se trata de un monto bajo. Lo cierto es que el Ingreso Solidario es, por lo menos, un primer paso hacia una renta básica, y así algunos consideren que el monto de dicha renta debe ajustarse, se están sentando las bases operativas para aterrizar esta idea de la teoría a la práctica.
Pero, ¿qué sucede con programas distintos a Ingreso Solidario? Miremos, por ejemplo, la devolución del IVA. Este beneficio está focalizado a los beneficiarios más vulnerables de Familias en Acción y Colombia Mayor. De esta forma, algunas personas que hacen parte de estos programas, además de la transferencia normal, reciban la devolución del IVA. Adicionalmente, el Gobierno nacional creó transferencias extraordinarias a los ya beneficiarios de Jóvenes en Acción, Familias en Acción y Colombia Mayor. No es claro cuántas transferencias normales y extraordinarias puede alcanzar un hogar. Es preocupante que algunos hogares reciban hasta cerca de un millón de pesos entre programas, como lo reconoció la directora del DPS, mientras otros hogares que necesitan los recursos no reciban ningún apoyo. Un paso importante para el futuro de la renta básica es consolidar todos estos auxilios en un solo programa con condiciones claras de elegibilidad, que no sea más burocrático que lo necesario, y que asegure que se destinan a quienes realmente los necesitan. Ingreso Solidario demostró que sí es posible segmentar con alto nivel de detalle la población objetiva de un programa. Las bases de datos existen, y los métodos de focalización podrán mejorarse cada vez más.
Por último, no hay que olvidar que las transferencias económicas durante la pandemia son más de las que usualmente da cuenta el Gobierno nacional y se mencionan en medios de comunicación, como lo ha documentado el Observatorio. Además de estas, en los decretos de emergencia se aprobó el apoyo a campesinos, a artistas, a reinsertados y a gestores de turismo. ¿Qué ha sucedido con estas transferencias? ¿A cuántas personas están llegando? ¿Cuánto dinero se ha destinado para cumplir hacer los pagos? A diferencia de lo que sucede con Ingreso Solidario y con la devolución del IVA, que están bien documentados en la página del DNP, sobre las transferencias extraordinarias a los programas normales y a estos programas no es posible encontrar datos. Es importante que estos programas - tanto en su ejecución como en sus costos - sean transparentes, y no un rompecabezas que tenga que armar la ciudadanía.