Si usted colecciona agendas, almanaques, libretas, pocillos, vasos o esferos alusivos al Gobierno nacional, su colección podría verse afectada en la vigencia 2020. Esto por cuenta del decreto 1009, expedido el pasado 14 de julio, y mediante el cual se establece el Plan de Austeridad del Gasto.
Pero, además de la instrucción a las entidades que hacen parte del Presupuesto General de la Nación de “abstenerse” de celebrar “contratos de publicidad y/o propaganda personalizada o que promocione la gestión del Gobierno Nacional (…) adquirir libros, revistas, o similares”, ¿qué más contempla el decreto?
Son varios los temas abordados en el texto. Se establece, por ejemplo, que la planta de personal de las entidades sólo se podrá modificar cuando dicha reforma sea a costo cero o genere ahorro. Sin embargo, si el Gobierno nacional las considera “prioritarias”, se podrán hacer reformas de la planta de personal y de la estructura administrativa que generen gasto. De igual forma, las entidades deben hacer “una revisión previa y rigurosa de las razones que justifiquen la contratación de personal para la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión”.
El decreto –que señala que se deben adelantar acciones que permitan “racionalizar” el reconocimiento y pago de horas extras– también introduce disposiciones sobre el mantenimiento de bienes inmuebles, cambios de sede y recomendaciones sobre la adquisición de bienes muebles. En este sentido, se indica que las entidades “deben abstenerse” de “adquirir bienes muebles tales como neveras, televisores, equipos audiovisuales, video beam, computadores portátiles, tableros interactivos, calentadores, hornos”, salvo que estos sean necesarios “para el normal funcionamiento de las entidades, sus dependencias, o la adecuada prestación del servicio”.
Adicionalmente, y por cuenta de este decreto, “salvo los debidamente justificados”, todos los viajes aéreos nacionales e internacionales “de funcionarios de todas las entidades de la rama ejecutiva del orden nacional” deberán hacerse en clase económica.
En cuanto a los viáticos, se establece que las entidades “adoptarán medidas para garantizar la austeridad de los gastos que generen las comisiones al interior o al exterior del país” por este concepto.
El texto también se ocupa de los eventos. Además de subrayar que se deben realizar únicamente los que sean “estrictamente necesarios”, recomienda “racionalizar la provisión de refrigerios y almuerzos”, así como “la papelería y demás elementos de apoyo”.
Sobre los esquemas de seguridad establece que –siguiendo las leyes y normas, y respetando la vida e integridad de las personas– la Unidad Nacional de Protección y la Dirección de Protección de la Policía Nacional, deberán, “en lo posible”, revisar los esquemas de seguridad de los servidores de las entidades de la Rama Ejecutiva del orden nacional, y “procurar” que se reduzca su conformación
Y, con relación a este último punto, se indica que quienes tengan asignado el uso de vehículos oficiales “propenderán porque los conductores respeten en todo momento las disposiciones de tránsito”. También se señala que estos carros “no podrán estacionarse en sitios prohibidos en la vía pública”.
La austeridad se extiende a la reducción de suscripciones a publicaciones periodísticas y bases de datos. Y, como señalábamos inicialmente, el decreto establece también que las entidades “deberán abstenerse de celebrar contratos de publicidad y/o propaganda personalizada o que promocione la gestión del Gobierno Nacional”. Así que adiós a los almanaques y los esferos. También a los recuerdos y regalos corporativos.
Se incluyó también la prohibición de realizar “recepciones, fiestas, agasajos o conmemoraciones de las entidades con cargo a los recursos del Presupuesto General de la Nación”.
El decreto cierra listando las iniciativas que las entidades deben adoptar en materia de sostenibilidad ambiental, como la implementación de sistemas de reciclaje de aguas, programas pedagógicos de ahorro de energía eléctrica, políticas de reciclaje y los incentivos al uso de medios alternativos de transporte, entre otros.
Semestralmente, las entidades reportarán en un aplicativo administrado por la Presidencia de la República las metas y medidas que hayan adoptado para cumplir lo contemplado en el decreto.
Más allá de si las medidas contenidas en el plan de austeridad del Gobierno nacional son suficientes o no –cada peso cuenta y debe invertirse de la mejor forma–, la pregunta es si este empeño por la buena gestión de los recursos se está concentrando en el lugar correcto. Racionalizar los refrigerios está bien. Entregar menos esferos ahorra algún dinero. Parquear los vehículos oficiales sin violar la ley debería ser la regla y no la excepción. Al momento de escribir este post el Gobierno nacional no había revelado la cantidad de dinero que espera ahorrar por cuenta de las medidas adoptadas –un reporte periodístico de julio del año pasado señaló que la expectativa es de 6 billones durante este cuatrienio, o 1,5 billones al año–.
El panorama actual demanda medidas más audaces. La emergencia provocada por la pandemia ha golpeado seriamente las finanzas del Estado y se requieren fuentes de financiación más contundentes que un entendible recorte en la compra de video-beams. Fortalecer la capacidad de recaudo de la DIAN y hacer más transparente la gestión de los recursos destinados a atender la emergencia son dos pasos adicionales –y más significativos en términos monetarios–.
Adicionalmente, normas de esta naturaleza, que tocan profundamente los hábitos cotidianos y la relación de los servidores públicos con su entorno, demandan mensajes claros de transparencia, verdadera austeridad y buen gobierno desde los centros de poder. Como muchas buenas ideas potenciadas por la crisis del coronavirus, este sería un momento ideal para comenzar a hacerlo.