Los colombianos somos dados a los eufemismos. Lo hacemos a todo nivel: de lo pequeño, como el cotidiano “¿me regalas un café?”, a lo grande, como cuando desde el viceministerio de Hacienda se le denominó –seguramente para no levantar tanta ampolla– “reforma fiscal” a la reforma tributaria que ya comienza a cocinarse.
La narrativa para vender esta idea es simple y lógica: la pandemia ha puesto en aprietos las finanzas del Estado y, ante la necesidad de cubrir la caída en el recaudo tributario, es necesario un ajuste.
Esto es cierto. Pero también lo es que Colombia necesitaba una reforma tributaria desde antes que iniciara la emergencia generada por el nuevo coronavirus. ¿Por qué? Con su reforma de 2019, al recortar billones de pesos en impuestos a las empresas, el Gobierno abrió un enorme hueco fiscal.
No hay ninguna evidencia de que se esté contemplando subirles los impuestos a los colombianos cuyo ingreso proviene principalmente del capital y no del trabajo, pese a que en Colombia el capital tributa a tasas efectivas más bajas que lo que se observa en países de la OCDE. ¿De dónde saldría, entonces, el dinero que se necesita? Del bolsillo de la clase media y trabajadora.
A juzgar por lo que han empezado a sugerir el Gobierno y algunos gremios, el principal componente de la nueva reforma tributaria sería insistir en ponerle IVA a la canasta familiar y poner a más colombianos asalariados a pagar el impuesto de renta. Esto ya había sido propuesto por el ministerio de Hacienda en su ley de financiamiento del 2018: se está utilizando la pandemia como ocasión para hacer algo que ya se tenía planeado hacer.
En cualquier caso, la realidad es que no es necesario subir el IVA, y tampoco es necesario poner a más colombianos a pagar impuesto de renta. En un sistema tributario realmente progresivo –es decir, donde los que tienen más pagan un porcentaje más alto de sus ingresos–, el primer paso a seguir debería ser el aumento de impuestos a los dividendos y las rentas no laborales del 1 por ciento de los colombianos de más ingresos.
Conviene considerar, como sí planteó el Gobierno, los impuestos verdes como fuentes adicionales de ingreso con enorme potencial. Podría, por ejemplo, pensarse en gravar actividades y productos relacionados con la ganadería –el ganado es una importante fuente de gases de efecto invernadero–. Como todo impuesto, un gravamen a estos productos debería tener en cuenta criterios de progresividad.
Los pasos que comienzan a darse con miras al diseño de una nueva reforma tributaria plantean preguntas de fondo sobre la visión del Gobierno y los actores involucrados de la relación entre el sistema tributario y la equidad.
Ampliar el IVA a toda la canasta familiar y hacer que más personas paguen impuesto de renta es una medida que no es necesario tomar en este momento, más aún cuando existen otras fuentes de ingreso tributario que responden de mejor manera al principio de progresividad.
Si bien es cierto que –como se viene impulsando desde el Gobierno– en el escenario posterior a la pandemia debemos trabajar en equipo para sacar el país adelante entre todos, esta narrativa no debería convertirse en un eufemismo que haga que Colombia tenga un sistema tributario que se nutre de impuestos a las personas más necesitadas, mientras que los líderes del "equipo" siguen tributando a tasas bajas a comparación de sus pares en países desarrollados.