El pasado 24 de junio el presidente Iván Duque anunció la extensión del programa Ingreso Solidario hasta diciembre próximo. En la práctica, esto quiere decir que, a partir de julio, cada beneficiario recibirá 160 mil pesos mensuales. Mitigar los efectos económicos generados por la pandemia del COVID-19 y aumentar el ingreso de los hogares en situación de pobreza extrema son los argumentos del Gobierno nacional para explicar este tipo de giros que, según el Departamento Nacional de Planeación, hasta el momento han llegado a dos millones y medio de hogares con tres pagos de 160 mil pesos cada uno.
Minutos después del anuncio, Diego Molano Aponte, director del Departamento Administrativo de la Presidencia aseguró a través de su cuenta de Twitter que “la #RentaBásicaYa es una realidad”. La etiqueta utilizada por Molano –#RentaBásicaYa– la venía promoviendo desde días atrás un grupo de 54 congresistas que impulsa una propuesta para otorgar una renta básica de un salario mínimo a cerca de 9 millones de hogares durante la emergencia sanitaria. Las reacciones no se hicieron esperar: Iván Marulanda, senador del Partido Verde, dijo que es un “engaño” que el Gobierno nacional llame “renta básica al programa Ingreso Solidario”. Y agregó que de 160 mil a 877 mil pesos –el monto que proponen– “hay un abismo”.
Este cruce conceptual y de declaraciones pone de presente la vigencia del debate en torno a la factibilidad y los costos de crear en Colombia la figura de la renta básica. Y es que, si bien ha sido la emergencia sanitaria la coyuntura propicia para poner el tema en el centro de la agenda pública, la posibilidad de introducir en Colombia la renta básica en cualquiera de sus modalidades, tiene un potencial enorme en frentes estratégicos como la lucha contra la pobreza y la pobreza extrema.
Se trata, pues, de un tema de alto impacto, no solo en tiempos de coronavirus, sino también en un escenario de normalidad…. o nueva normalidad.
A propósito del tema –con el ánimo de analizar las distintas propuestas sobre renta básica en Colombia y aportar insumos al debate público– el Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana publicó el pasado 14 de junio el informe El costo y la factibilidad.
Son varias las versiones y alcances de estas propuestas. La primera y más amplia –y en esencia impracticable– es la de una renta básica universal de un salario mínimo para todos los ciudadanos mayores de 18 años. En segundo lugar se encuentra la renta básica garantizada (o ingreso mínimo garantizado) la cual, orientada a la eliminación de la pobreza extrema, puede ser de fácil implementación.
Sobre la Renta Básica Universal
Este tipo de renta, aunque no se ha implementado en ningún país, ha sido ampliamente discutida. Consiste, como se señaló antes, en un pago del gobierno a todos los mayores de 18 años, sin importar su condición socioeconómica.
Una renta de eta naturaleza, aunque fácil de administrar, podría desincentivar el trabajo, cuesta mucho, y les entrega dinero a personas de altos ingresos que no lo necesitan.
Para imaginar un escenario de renta básica universal en Colombia, se deben considerar dos datos. Primero, el producto interno bruto (PIB) –constituido por el valor de todos los bienes y servicios finales producidos en el país cada año–, que en 2019 fue de 1.062 billones de pesos. Y, segundo, el presupuesto general de la Nación (PGN) –o los recursos de los que dispone el Gobierno–, que es de 271,7 billones para 2020.
Y, según el DANE, la población proyectada de mayores de 18 años en 2020 es de 36,078,248 personas.
El informe señala que una renta básica universal equivalente a la línea de pobreza extrema para todos los mayores de 18 años tendría un costo anual para el Gobierno de 54,5 billones de pesos. A su vez, el costo de transferirles un monto equivalente a la línea de pobreza a todos los mayores de 18 años sería 119,4 billones de pesos. Pero, si se quisiera transferir, en promedio, suficiente dinero a todos los adultos del país para que ni ellos ni ningún niño estén en la pobreza extrema (incluso si no tienen ninguna otra fuente de ingresos), el gasto equivaldría a 76,1 billones de pesos. Y, si se quisiera que la transferencia fuese lo suficiente como para que, en promedio, nadie esté en la pobreza (sea extrema o no extrema), el monto sería de 166,7 billones de pesos.
Si el cálculo se extiende al salario mínimo, los montos son aún mayores. Si se le apuntara a que todos los mayores de 18 años recibieran siquiera la mitad del salario mínimo, el costo sería de 212,3 billones anuales. Y si se quisiera garantizar un salario mínimo completo a toda esta población, estaríamos hablando de 424,6 billones al año –más del 40 por ciento del PIB–, algo extremadamente difícil, por decir lo menos.
Proyecciones de esta naturaleza podrían indicar –erradamente– que es imposible garantizar para todos los colombianos un nivel de vida al menos cercano al que da el salario mínimo. ¿Por qué asumir esto es equivocado? Porque existe una alternativa menos costosa y con resultados prácticamente igual de positivos: la renta básica garantizada.
Diferentes perspectivas de una renta básica garantizada
Una renta básica garantizada que asegure cierto nivel de ingreso a toda la población es mucho más barata que una renta básica universal del mismo monto.
Según el DANE, el 7,2 por ciento de los colombianos vive en la pobreza extrema –unas 3.626.815 personas–. Según las estimaciones del Observatorio Fiscal, aún si estos ciudadanos no tuvieran ningún ingreso adicional, transferir un monto mensual igual a la línea de pobreza extrema tendría un costo anual de 5,5 billones de pesos.
Si además se les pudiera transferir únicamente el faltante para superar la línea de pobreza –agrega el informe–, el costo sería menor.
La formalización del empleo es un punto clave aquí, pues calcular con precisión el costo de montos de renta básica garantizada requiere conocer los ingresos de todos los individuos del país –en Colombia, cerca de la mitad de la población vive del trabajo informal–.
Con mejores herramientas de focalización se pueden atender los retos en materia de focalización. Sin embargo, el mayor reto se encuentra en el diseño del programa. Un mal diseño podría crear un programa que incentive a la gente a trabajar o ganar menos con el fin de obtener un subsidio, o incluso a dedicar tiempo y recursos a engañar al sistema para obtener el subsidio.
¿Cómo evitar que esto ocurra? Asegurándose de que las personas siempre tengan incentivos para trabajar más y ganar más dinero: que quien trabaje más, gane más.
Lo ideal –establece el Observatorio– es que el programa cuente con una fase de desmonte del subsidio, en la cual, por cada peso adicional que gane el hogar o el individuo se le descuentan algunos centavos, hasta llegar gradualmente a un punto en el cual no se cuenta con ningún subsidio.
Una manera de evitar que el incentivo a trabajar sea bajo es aumentar la cantidad de los ingresos laborales que puede conservar el beneficiario.
Por ejemplo, si se quiere que el trabajador tenga un ingreso garantizado de medio salario mínimo y conserve 80 mil pesos de cada 100 mil adicionales que gane (como ocurre en programas análogos en otros países), los montos serían los siguientes:
Para estos niveles de renta básica garantizada, el costo sería:
Un punto intermedio –en el que el trabajador tenga un ingreso garantizado de medio salario mínimo y conserve 50 mil pesos de cada 100 mil adicionales que gane– arrojaría los siguientes montos:
En ese escenario el costo sería:
Así, entre mayor sea el margen conservado por el trabajador más se incentiva el trabajo. Pero más cuesta el programa.
Son, pues, varios los factores que determinan el costo de una renta básica en Colombia. El primero radica, por supuesto, en determinar si se trata de una renta básica universal, de una renta básica garantizada o de un ingreso mínimo garantizado. También se debe considerar el nivel de ingreso que proporciona y también qué tanto incentiva el trabajo de los beneficiarios.
Lo cierto es que hay programas sumamente prometedores a pesar de su bajo costo.
Una mirada rigurosa a este tipo de cálculos y proyecciones puede contribuir a sacar adelante iniciativas audaces e innovadoras para lograr conquistas con enorme impacto y vocación de futuro, mucho más allá del escenario inmediato que plantea la pandemia.