La compensación del IVA a favor de la población más pobre es una política progresiva. Sin embargo, no subsana la regresividad estructural del impuesto y es incierto que pueda llegar a toda la población pobre como lo propone el objetivo principal.
La compensación del IVA ha sido una política insignia del Gobierno nacional. Desde su creación, a través de la “Ley de crecimiento económico”, fue protagonista en todas las ruedas de prensa, incluso restando la atención sobre las exenciones tributarias (componente central de tal ley).
Actualmente, se está acelerando su puesta en marcha por la pandemia del COVID - 19.
A continuación, expongo algunas consideraciones para que esta política sea tan constructiva como sea posible.
En primer lugar, es importante reconocer que la compensación mitiga la regresividad del impuesto, pero no la elimina. El IVA tiene el potencial de ser un regresivo, dado que la población más pobre es la que gasta una mayor proporción de su ingreso en consumo. De hecho, en Colombia así se configura: su pago representa el 7% de los ingresos del decil más bajo y el 4% del más alto. Una forma de mitigar esta regresividad es a través de la asignación de tarifas de IVA. Sin embargo, en nuestro país sucede lo contrario. Mientras el decil 1 gasta el 4% de su ingreso en bienes excluidos, el 7% en bienes exentos y el 7% en bienes con tarifa del 5%, los gastos correspondientes para el decil 10 son del 27%, 13% y 22% (Conpes, 2020).
En segundo lugar, es importante evitar que la compensación genere los mismos incentivos perversos a los que se enfrentan todos los programas focalizados a través del Sisbén. Al asignar un subsidio a un grupo de beneficiarios a partir de un puntaje específico, de manera tal que quienes están por debajo lo reciben en su totalidad mientras los que están incluso un punto por encima no lo reciben, se incentiva que los ciudadanos busquen mantenerse por debajo de la línea. Una alternativa factible es que la compensación sea gradual, minimizando los riesgos de manipulación.
[1] Si bien el Sisbén como proxy del ingreso no es una medida perfecta, es importante diseñar políticas públicas que no generen tales incentivos perversos.
En tercer lugar, es importante garantizar que realmente se cubra a toda la población pobre. En este orden, se debe reconocer que Familias en Acción y Colombia Mayor, como mecanismos para la entrega de la compensación durante el 2020 no son suficientes, pues sólo cubren al 38% de las personas pobres. Es fundamental entonces que el mecanismo implementado a partir del 2021 cubra a toda la población efectivamente. Finalmente, es importante considerar los costos operativos para cuidar los recursos públicos. Llama la atención que este costo en Familias en Acción ya haya sido en algunos casos del 15% del valor del subsidio (Conpes, 2020).
En Colombia aún no existe un sistema unificado para realizar transferencias monetarias por parte del Gobierno nacional y la Compensación del IVA es una oportunidad histórica para consolidar esta institucionalidad. También es una oportunidad como primer paso para trascender de la mitigación de la regresividad del impuesto a una solución estructural.
[1] Por ejemplo, si la devolución se quisiera focalizar en la población con puntaje en el Sisbén menor de 30 puntos, el subsidio podría entregarse completamente a las personas con un puntaje mejor a 25 puntos y a partir de este podría reducirse la devolución en un 20% por cada dos puntos adicionales en el Sisbén, eliminándose completamente para los hogares con un puntaje mayor a 35 puntos. De esta forma, para que un hogar que no recibe ninguna devolución pudiera recibir el subsidio en su totalidad, tendría que manipular su puntaje para aparentar que tiene 25 puntos en vez de 35, lo cual sería mucho más difícil que manipularlo para aparentar que tiene 30 en lugar de 31.
Referencias
- Conpes. (2006, junio 29). Documento Conpes. Lineamientos para la focalización del Gasto Público Social. Bogotá.