La decisión de ayer de la Corte Constitucional de declarar inexequible la Ley de Financiamiento a partir del primero de enero de 2020 tiene consecuencias importantes para el manejo del presupuesto del país y para la representación democrática en la toma de decisiones sobre el uso de los recursos públicos. Por lo tanto, es importante analizarlas sin apasionamiento ni exageraciones de sus implicaciones negativas.
En primer lugar, hay que dejar claro que, según las mismas proyecciones del Ministerio de Hacienda al momento de debatir la Ley de Financiamiento en el Congreso, una caída de la ley representa un aumento en el recaudo tributario. Es decir, la situación fiscal del país no empeora sino mejora con la caída de la Ley de Financiamiento, y cualquier insinuación de lo contrario carece de sustento económico. De hecho, al momento de pasarse la Ley de Financiamiento, la prensa internacional financiera reportó la preocupación sobre como este recorte de impuestos a las empresas reducía el recaudo tributario en Colombia y por lo tanto ponía en duda la sostenibilidad fiscal del país a partir del 2020. Por eso, la caída de la Ley de Financiamiento hace más factible cumplir con la regla fiscal y mantener una buena calificación con las calificadoras de crédito, para las cuales su principal preocupación es que los gastos del gobierno no excedan sus ingresos. Este aumento de ingresos tributarios reduciría, además, la necesidad que ha manifestado el Ministerio de Hacienda de vender activos del Estado para financiar su funcionamiento.
El objetivo principal de los recortes de impuestos a las empresas, que ahora se caen con la decisión de la Corte Constitucional, era estimular la inversión en Colombia. Ante esto, es pertinente la preocupación de que los inversionistas prefieran ambientes de más bajos impuestos. Además, es cierto que existe una tendencia internacional hacia la reducción del impuesto a la renta corporativa, pero hay que tener en cuenta que simplemente porque algo sea tendencia internacional no quiere decir que sea bueno. De hecho, una de las principales preocupaciones en el ámbito tributario internacional es la competencia tributaria entre países, fenómeno en el cual los gobiernos compiten el uno contra el otro por atraer empresas bajando los impuestos de todos. Esto reduce el recaudo tributario a nivel mundial, y lleva a que las corporaciones pertenecientes a las personas más adineradas del planeta paguen cada vez menos impuestos. Esta preocupación ha sido manifestada de manera contundente en días pasados por dos economistas de la Universidad de Berkeley, Emmanuel Saez y Gabriel Zucman, en una editorial del New York Times y en un libro próximo a ser publicado, basado en su trabajo académico.
Hay una preocupación legítima de que esta decisión de la corte, al cambiar las reglas tributarias, les mueva el piso a los inversionistas y mande una señal fuerte de inestabilidad tributaria. Es innegable que esto constituye una situación clarísima de inseguridad tributaria que desanima a los inversionistas a hacer planes de largo plazo con un país que está cambiando sus reglas constantemente. Dicho esto, hay que poner esta preocupación en perspectiva. Desafortunadamente, en Colombia se han hecho reformas tributarias cada año y medio o dos años durante décadas, por lo cual eventos como la caída de la Ley de financiamiento ya hacen parte de las expectativas de los inversionistas, y no debería afectar de gran manera su percepción actual de la estabilidad tributaria de Colombia.
Más allá de los efectos puramente coyunturales, hay considerar el efecto que esto tiene sobre la manera en que la democracia colombiana maneja las finanzas públicas. El vicio de forma que encontró la Corte Constitucional en el paso de la Ley de Financiamiento es más que un tecnicismo: refleja la rapidez con la que el ejecutivo insistió en que se tramitara la ley, que supuestamente tenía como objetivo financiar un “hueco fiscal” en el 2019 pero terminó siendo una manera de reducir impuestos a las empresas en el 2020, lo cual poco tenía que ver con su objetivo original.
Los debates en los cuales el cual el Ministerio de Hacienda prefiere interponer su autoridad técnica en vez de convencer con argumentos claros y transparentes al público y al Congreso de la conveniencia de sus políticas económicas es una de las fuentes de inestabilidad tributaria de largo plazo que se vive en el país. La mejor opción que tenemos por delante es debatir por fin una reforma tributaria estructural, que se base en las preocupaciones de la sociedad civil y se apoye en las recomendaciones hechas por la academia. La Ley de financiamiento se pasó en oposición a las preocupaciones de un nutrido grupo de más de 70 académicos, doctores en economía y profesores de las universidades Javeriana, Rosario, Andes, Externado, Nacional, y otras. Entre otras cosas, la carta de los académicos se oponía a las exenciones tributarias creadas para las empresas en la ley, que precisamente son la principal medida que se cae con la decisión de la corte.
Como bien lo expusieron los magistrados, el principio de que no debe haber tributación sin representación es fundamental para la democracia y no debe ser violado. Los tributos deben ser decididos con un conceso amplio de los gobernados, o, de lo contrario, no se imponen.