Cada 20 de julio, el Congreso de la República entra en sesión, y uno de sus primeros deberes es debatir lo que se va a hacer con los recursos de la Nación durante el año entrante, conforme a lo establecido en los artículos 345-355 de la Constitución Política de Colombia. En este debate se determina cuánto va a ingresar a las arcas del Estado por concepto de impuestos pagados por la ciudadanía, explotación de recursos minerales, venta de empresas del Estado y otros. Además, se establece cuánto se va a gastar en los servicios y bienes públicos que reciben los ciudadanos a cambio de estos recursos: educación, seguridad, salud, justicia e infraestructura, etc.
Este debate - que dura tres meses – es uno de los más importantes que se lleva a cabo en la rama legislativa. Si la ciudadanía quiere exigirle cuentas al gobierno, hay que empezar por pedir cuentas durante el debate presupuestal. De lo contrario, podemos seguir esperando vivir en un país en el cual la corrupción hace que los recursos recaudados por el Estado no se usen de manera adecuada, y que terminen beneficiando a particulares en vez de propender hacia el bien común.
Con el fin de proporcionarle al público la información necesaria para llevar a cabo una veeduría ciudadana efectiva, vamos a colgar entradas en el blog del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana explicando y haciéndole seguimiento al debate presupuestal en el Congreso. Esta es la primera.
El debate sobre el Proyecto del Presupuesto General de la Nación para el 2020 comenzó el 27 de agosto en las Comisiones Económicas Conjuntas, es decir, las comisiones tercera y cuarta del Senado y de la Cámara de Representantes. Una vez el proyecto sea aprobado por estas, pasa a ser debatido por la totalidad de ambas cámaras. Las comisiones económicas son de las más deseadas por los congresistas, y solo logran quedar en ellas quienes tienen un peso político importante.
La sesión inició con la presentación sobre el proyecto del presupuesto general de la nación por parte del ministro de Hacienda y la directora del Departamento Nacional de Planeación, ya que es facultad de la rama Ejecutiva (el presidente de la República y sus ministros) plantear inicialmente cuáles van a ser los ingresos del gobierno y en qué se van a gastar. La presencia de la directora de Planeación es importante dado que el DNP se encarga de determinar el presupuesto de inversión, es decir, los gastos en proyectos estratégicos orientados a fomentar el crecimiento económico del país, mientras que el ministerio de Hacienda se concentra en temas como el funcionamiento del día a día del gobierno, el pago de la deuda y el recaudo tributario. Al ministro y la directora los acompañaron el director del Banco de la República y el contralor General de la Nación, quienes tienen la obligación legal de presentar informes valorando el proyecto de presupuesto.
Como al Congreso le corresponde revisar, discutir y finalmente aprobar con las modificaciones debidas el presupuesto presentado por la rama Ejecutiva, convirtiéndolo en ley, siguieron las intervenciones de varios congresistas. Uno de los temas que destacaron – el cual habíamos mencionado en un post anterior – fue su preocupación sobre los ingresos proyectados del gobierno (lo que se conoce como el presupuesto de rentas). Esta se debe a que el gobierno plantea obtener 8,5 billones de pesos de lo que denomina “disposición de activos de capital”. Dicho rubro casi con seguridad se refiere a la venta de empresas del Estado, pero en la ley que el Ejecutivo quiere que apruebe el Congreso no hay un listado de las empresas en donde se pretende vender las participación accionaria de la Nación, ni tampoco una valoración de las mismas. No está lejos de ser un cheque en blanco para que el gobierno venda activos del Estado a la valoración que tenga a bien, sin ningún tipo de control político. Los cuestionamientos vinieron de partidos de todas las tendencias políticas: comparten esta preocupación los senadores Efraín Cepeda, del partido Conservador, Iván Marulanda y Juan Luis Castro, del partido Verde, Aída Avella de la Lista de la Decencia y Wilson Arias del Polo democrático, al igual que la representante Katherine Miranda del partido Verde. Los congresistas le pidieron al ministro que especificara a qué se refieren estos 8,5 billones de pesos de disposición de activos de capital, pero no obtuvieron ninguna respuesta.
Con respecto al presupuesto de inversión, la intervención de la directora de Planeación Nacional fue sorprendente, ya que al final de su participación informó que la regionalización del presupuesto de inversión aun no se había realizado, y que sería entregado en días siguientes. Es decir, el Ejecutivo le está presentando al Congreso un presupuesto en el que no se dice a qué regiones del país se van a destinar los proyectos de inversión estratégicos para el crecimiento económico, y está tratando esta discusión como un detalle de poca relevancia. Sin embargo, para que las comisiones económicas logren hacer un análisis riguroso del presupuesto y puedan tomar decisiones sobre el mismo, es indispensable que cuenten con la información suficiente, la cual el Ejecutivo no les está proporcionando. Lamentablemente, esta situación también se ha observado en años anteriores.
La falta de un presupuesto regionalizado es más que un inconveniente: también se trata de un incumplimiento del espíritu de las leyes que rigen el proceso presupuestal en Colombia. El gobierno está obligado a elaborar el presupuesto conforme a lo que determinan la Constitución y las leyes orgánicas relevantes (las leyes orgánicas son de mayor jerarquía que todas las demás, supeditadas únicamente a la Constitución): Ley 38 de 1989, la Ley 179 de 1994 y la Ley 225 de 1995, que se encuentran compiladas en el Estatuto Orgánico del Presupuesto, decreto 111 de 1996. Al no presentar la regionalización de la información presupuestal, el Ejecutivo incumple con el artículo 8 del Estatuto Orgánico del Presupuesto, según el cual “El Departamento Nacional de Planeación preparará un informe regional y departamental del presupuesto inversión para discusión en las comisiones económicas de Senado y Cámara de Representantes”. Entre más se postergue la entrega de este informe, menos tiempo tiene el Congreso para debatirlo, y más presionado se verá a aprobar lo que tenga a bien disponer la rama Ejecutiva, presión que incumple la ley y socava el principio democrático de la división de poderes.
La adecuada elaboración y aprobación del presupuesto es central para materializar las políticas de gobierno propuestas por el Plan de Desarrollo. Queda todavía en este proceso para la aprobación del Presupuesto General de la Nación la presentación de ponencias por parte del Congreso. Esperamos que en estas se hagan ver los inconvenientes que genera la carencia de información completa y oportuna sobre temas como la regionalización presupuestal y el detalle del presupuesto de rentas.