En respuesta a las protestas estudiantiles del miércoles 10 de octubre, el ministro de Hacienda destinó medio billón de pesos más para las universidades públicas.
Sin embargo, este monto no responde a los retos que tienen las universidades colombianas, ni mucho menos a los del sistema educativo en general.
Los países que se han sobrepuesto al subdesarrollo económico en las últimas décadas lo han logrado invirtiendo sustancialmente en la educación, y especialmente en la educación más temprana. Sin embargo, es precisamente en la financiación de los estudios básicos que el país está peor, según los cálculos realizados por el Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana.
La desfinanciación de la universidad pública es relativamente baja si se le compara con la falta de inversión en educación primaria y de bachillerato. Para tener una educación de calidad y cobertura comparables a las de los países de la OCDE, se necesitaría destinar alrededor de 23,4 billones de pesos anuales más a la educación primaria, 36,6 billones más para el bachillerato, y 20,7 billones más para la educación universitaria – en total, 80,7 billones de pesos.
Una inquietud razonable a la hora de compararnos con los países de la OCDE es que los contribuyentes colombianos no tienen con qué solventar los gastos que esto implicaría. Sin embargo, esto no es cierto.
La Contraloría calcula que la corrupción le cuesta al país alrededor de 50 billones de pesos al año. Por otro lado, según estimaciones del Observatorio, llevar la tasa efectiva de tributación del 1% más privilegiado de los colombianos a un nivel comparable al que tendría ese mismo grupo en Estados Unidos le daría 12,9 billones adicionales al fisco, y reinstaurar el impuesto a la riqueza que fue eliminado por la última reforma tributaria traería 3,9 billones adicionales. En total, la lucha efectiva contra la corrupción y un sistema tributario más equitativo podrían generar unos 66.8 billones de pesos adicionales, lo cual nos llevaría cerca del nivel de financiación necesario para tener una educación de primer mundo.
Por lo tanto, el medio billón de pesos adicional que ha prometido el Ministerio de Hacienda sirve de muy poco, ya que es un par de órdenes de magnitud menor que las necesidades educativas (y las posibilidades financieras) del país. El problema de la desfinanciación de la educación no es económico: es político.
Nota:Los cálculos del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana mencionados en la Guía ciudadana a la tributación y el gasto del Estado colombiano son los que nos llevan a estas conclusiones. Para más información descárguela aquí.