Como lo indican los expertos a cargo de la Comisión del Gasto Público, el próximo gobierno no tendrá más opción que buscar nuevos ingresos.
Si bien la reforma tributaria del 2016 incrementó el recaudo del gobierno en algunos rubros - por ejemplo, aumentando el IVA del 16 al 19% - la reforma también implica una reducción en los ingresos futuros al disminuir gradualmente la tasa del impuesto sobre la renta corporativa del 40% actual al 33% en el 2019. Además, para poder cumplir con el nivel de endeudamiento que exige la actual regla fiscal (déficit estructural de 1% del PIB en 2022), hay que reducir el gasto. El margen de maniobra para lograrlo es limitado, porque el presupuesto de 2018 ya incluye una reducción en el gasto equivalente a 0,5% del PIB, y muchos recursos ya están legalmente comprometidos a través de vigencias futuras, lo que hace que el gasto público colombiano sea bastante inflexible. Así que cuando un candidato no dice con claridad que hay que subir impuestos o disminuir los servicios sociales que el Estado presta a la ciudadanía, está ignorando la realidad fiscal del país. En nuestro post anterior veíamos que Iván Duque cae en este error. Su contrincante al otro extremo del espectro político, Gustavo Petro, hace lo mismo.
El proyecto económico Petro, según lo manifiesta en su página web https://petro.com.co/, se puede sintetizar en dos objetivos principales. Primero, busca una transformación de una economía extractiva a una economía basada en energías renovables. En segundo lugar pretende transformar lo que llama el latifundio improductivo e impulsar la economía campesina. Si comparamos estas propuestas económicas con las de los demás candidatos, Petro es sin duda quien más relevancia ha dado al tema ambiental y a la importancia de lograr una redistribución equitativa de la tierra.
Es de aplaudir que Petro haya puesto en el centro de la agenda política el tema ambiental. Colombia está comprometida con el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030 de Naciones Unidas, en los que la protección del medio ambiente tiene carácter prioritario (5 de los 17 objetivos hacen referencia a este tema), por lo que la transición de una economía basada en energías fósiles a una de energías limpias debería ser un compromiso de todos los candidatos. No obstante, esta transición difícilmente puede lograrse en un período de cuatro años, y no es claro que en el mediano plazo ayude a sanear las finanzas del Estado. La realidad es que hoy Colombia sigue dependiendo en gran medida de los recursos provenientes del sector minero-energético: antes del desplome del precio del petróleo, entre el 2011 y 2014, la actividad petrolera representó en promedio 15,6% de los ingresos del gobierno nacional y las proyecciones del Ministerio de Hacienda para los próximos años sugieren que los ingresos por este concepto serán de 1.6, 2.3 y 4.6 billones de pesos en el 2018, 2019 y 2020, respectivamente. Petro propone poner un impuesto al carbono sobre los productos de importación que contaminan, pero no es claro cómo reemplazaría los recursos provenientes de la renta petrolera en los próximos cuatro años. Por lo tanto, aunque la propuesta de hacer una transición nacional hacia las energías limpias es relevante y coherente con la agenda internacional, su implementación en los próximos cuatro años es poco probable, y por lo menos en su página de campaña no explica claramente cómo lograría por sí sola resolver los problemas presupuestales del gobierno.
Con relación a la transformación del llamado latifundio improductivo, la propuesta es introducir un impuesto predial rural con tarifas en función del tamaño del terreno, las condiciones de producción y la relación entre la aptitud y uso del suelo. Si tenemos en cuenta que la desigualdad en el acceso a la tierra es de las más altas en América Latina, con un Gini de 0,9 aproximadamente, y que sólo 2 de cada 5 campesinos tienen acceso adecuado a la tierra, buscar una mayor equidad rural parece razonable y puede que esta propuesta contribuya a solucionar el problema. Sin embargo, vale la pena debatir más a fondo la idea de que el uso del suelo en Colombia sea ineficiente y de que la solución a este problema deba buscarse a través de políticas estatales que regulen su uso. Un estudio muestra que mientras que en Colombia 21 millones de hectáreas deberían ser utilizadas para la agricultura, solo 5.9 millones se utilizan para este propósito y 7.3 millones no están siendo utilizadas. En este sentido, poner un impuesto a las tierras improductivas puede ser un incentivo para poner a producir la tierra, aunque es importante cuestionar cuáles son los obstáculos que – si es que son así de productivas – les han impedido a sus actuales dueños lucrarse aún más de ellas. En cualquier caso, para poder materializar esta propuesta sería necesario en primer lugar actualizar el catastro – con lo cual está de acuerdo no sólo Petro sino también todos los demás candidatos. Estas propuestas son interesantes y vale la pena debatirlas, pero ninguna parece tener el potencial de solucionar el problema de falta de ingresos al que se enfrenta el gobierno.
En materia tributaria, además del impuesto al carbón y del impuesto predial discutidos previamente, el candidato pretende disminuir el IVA nuevamente a 16% y devolvérselo a las personas de más bajos recursos económicos, una reducción de impuestos que no explica cómo compensaría. A pesar de que el candidato propone eliminar las exenciones tributarias, lo cual aumentaría el recaudo del gobierno, no es evidente que estos recursos compensen la disminución del IVA, que es una de las principales fuentes de ingresos del gobierno colombiano. En este sentido, teniendo en cuenta la coyuntura económica, proponer disminuir impuestos resulta irresponsable.
El próximo presidente no podrá aumentar los gastos sin encontrar nuevas fuentes de financiación o arriesgarse a modificar la regla fiscal endeudándose por encima de lo hoy permitido. Por ello, propuestas como la que hace Petro de incrementar el presupuesto de educación en 15 billones de pesos resulta poco creíble. ¿Qué inversiones dejarían de hacerse para aumentar el gasto en educación? ¿Y si no se deja de invertir, cómo se va a aumentar el recaudo total? Como esta, varias propuestas de Petro resultan ambiciosas en términos de presupuesto: creación de un banco popular, implementación de energías renovables, educación superior pública gratuita, etc. Incluso un gobierno que logre acabar con la corrupción necesitaría recaudar más de lo que entra actualmente: el costo de la corrupción al Estado se estima en decenas de billones de pesos, no en los cientos de billones que podrían implicar todos estos programas. Ni Petro ni Duque ofrecen cifras serias que respalden sus propuestas, y ambos están evitando, convenientemente, hablar de la nueva reforma tributaria que con toda seguridad deberá implementar el próximo gobierno.