Entre el 19 de agosto y a más tardar el 20 de octubre, 280 congresistas –108 senadores y 172 representantes a la Cámara– van a decidir cómo se gastará la plata de cerca de 50 millones de colombianos en 2021.
Hasta ahí, todo bien: democracia representativa en marcha. Lo paradójico es que, aparte de los debates al proyecto de Presupuesto General en comisiones y plenarias –que son siempre públicos–, es posible que los ciudadanos no puedan conocer cómo y en virtud de qué acuerdos, un puñado de congresistas y el ministro de Hacienda deciden el gasto de cerca de 314 billones –o millones de millones– de pesos.
Para entender esta problemática en toda su dimensión, conviene echarle una mirada a cómo se tramita el Presupuesto General de la Nación en el Congreso –lo haremos teniendo en cuenta las fechas acordadas para este año. El camino comienza el 19 y 20 de agosto, con la presentación del proyecto de ley por parte del ministro de Hacienda y el director del Departamento Nacional de Planeación, y los comentarios del gerente del Banco de la República y el contralor general de la República ante las comisiones Tercera –de Hacienda y Crédito Público– y Cuarta –de Presupuesto– de Senado y Cámara, que sesionan conjuntamente para este tema. Después de esto, el Gobierno tiene hasta el 29 de agosto para presentar enmiendas ante el Congreso.
El siguiente paso es aprobar el monto definitivo del presupuesto. La fecha máxima para hacerlo es el 14 de septiembre. Varias cosas ocurrirán entre el 29 de agosto y ese día: una de las más relevantes será la serie de reuniones que sostendrán los coordinadores y ponentes del proyecto con el Gobierno. Los ponentes son los congresistas encargados de exponerles a sus colegas por qué sí o por qué no aprobar determinada iniciativa. Lo llamativo en este caso es que los ajustes al proyecto de ley de Presupuesto General de la Nación no se hacen de cara a la ciudadanía en el Capitolio, sede del poder Legislativo, sino en el ministerio de Hacienda, en reuniones entre el ministro y un puñado de congresistas.
Aunque se trata de una práctica poco transparente y que en nada contribuye a fortalecer la confianza de los ciudadanos en sus instituciones y representantes, el hecho de que se hagan no equivale a que haya corrupción o a que en esas reuniones –a las que muchas veces no pueden entrar ni siquiera los asesores de los congresistas– haya acuerdos indebidos. Así lo subrayan una y otra vez los legisladores involucrados.
Si no se está hablando de nada indebido, y, aún más, si el asunto en discusión es cómo y en qué se va a gastar la plata de todos, ¿por qué no tener esas conversaciones de cara al país?
El asunto lo plantearon la semana pasada 21 congresistas de cinco partidos políticos. En una carta dirigida a los presidentes de las comisiones terceras y cuartas de Senado y Cámara, solicitaron “que las reuniones de ponentes se realicen, en la medida de lo posible, en el Capitolio Nacional y se transmitan en vivo por los canales de los que disponen las comisiones económicas del Congreso”.
No se trata de un pedido descabellado, sobre todo si se tiene en cuenta que, según el cronograma para este año, las reuniones entre coordinadores y ponentes combinarán la modalidad virtual y semipresencial. Curiosamente, la única reunión prevista con modalidad “presencial” es la de los coordinadores y ponentes con el Gobierno.
La respuesta a la carta de los congresistas no tardó en llegar. Se trata de una comunicación firmada por los presidentes de las comisiones Terceras y Cuartas de Senado y Cámara, en la cual, después de señalar que “la deliberación y aprobación en primer debate del Proyecto de Ley de Presupuesto General de la Nación 2021 (…) se harán de forma semipresencial”, se asegura que las reuniones de ponentes “siempre se han efectuado de forma general y transparente, garantizando la participación de los miembros de todos los Partidos y/o Movimientos Políticos que forman parte de las Comisiones Económicas, quienes son invitados oportunamente y asisten brindando la publicidad que merece”.
Después de recordar que “la Constitución y la Ley no demanda que las reuniones llevadas a cabo dentro del marco de estructuración del informe de ponencia deban realizarse garantizando la misma publicidad y difusión que si se exige (sic)” en el caso de los debates, los congresistas les cuentan a sus colegas que se había definido “una agenda de trabajo de forma presencial para iniciar desde el día martes 11 de agosto de los corrientes”, pero que esta no se pudo cumplir dada la dificultad de algunos “Honorables Senadores y Representantes Ponentes para trasladarse a la ciudad de Bogotá” para reunirse con el ministro de Hacienda.
Para ello, remata la carta, “se estableció un nuevo cronograma”. Dicho cronograma –que es al que hemos venido haciendo referencia– comprende la reunión “presencial” entre coordinadores y ponentes con el Gobierno el 2 de septiembre y, dos días después, otra virtual solo entre coordinadores y ponentes. La idea es discutir y aprobar el monto del presupuesto el 9 de septiembre. La fecha límite para hacerlo, como señalamos atrás, es el 14 de septiembre. ¿Qué sigue después de ahí? Según el cronograma establecido, los días 15, 16 y 17 habrá más reuniones de coordinadores y ponentes. Esto, con miras al debate –semipresencial– del día 23. El 24 de septiembre es la fecha máxima para aprobar el proyecto de Presupuesto General de la Nación en las comisiones conjuntas. De ahí pasará a las plenarias de Senado y Cámara.
Pero bueno, ¿serán o no públicas las reuniones de los ponentes con el ministro de Hacienda? La carta es extremadamente gaseosa. De hecho, se presta para que algún lector malpensado pueda creer que se trata de una intencional falta de claridad.
Resulta altamente probable que las reuniones sean privadas y que la ciudadanía no se entere de cómo un reducido grupo de funcionarios deciden los detalles de cómo gastar la plata de todos.
Además de lo preocupante que resulta ese nivel de opacidad, las discusiones sobre la transparencia en el debate –que no debería siquiera estar en discusión– alejan el foco de los problemas de fondo que aquejan al proyecto de Presupuesto General presentado por el Gobierno: desde su desfinanciación hasta su poco nivel de detalle en la planeación del gasto.
El debate –o al menos lo que nos permiten a los ciudadanos ver– está por comenzar.