Como si se tratara de una regla general, los presupuestos que los diferentes gobiernos les presentan a los colombianos a través de Congreso no suelen caracterizarse por su alto nivel de detalle en la proyección de gasto ni por su minucioso desglose de los montos propuestos.
La opacidad en la rendición de cuentas y el difícil acceso a la información sobre la ejecución del presupuesto, aunque violan el principio de transparencia, no equivalen necesariamente a que haya un uso indebido del dinero de los colombianos. Sin embargo, la persistencia y la mutación de estas conductas –sumadas a casos, esos sí probados, de corrupción– han lesionado seriamente la confianza de la ciudadanía en sus instituciones y ha cimentado en la conciencia colectiva expresiones como “ojalá no roben”, o la cínicamente célebre “reducir la corrupción a sus justas proporciones”.
Que de la pandemia “saldremos diferentes, más fuertes y mejores” es uno de los mensajes que más ha circulado por las redes sociales durante estos meses de confinamiento. Sin embargo, como lo indica la evidencia, en el caso de Colombia la emergencia no contribuyó a mejorar el estado de cosas: como si se estuviera siguiendo la regla sobre los presupuestos, hoy el país no tiene claros los montos destinados, las fuentes de financiación y los planes de gasto para hacer frente al escenario planteado por el nuevo coronavirus.
¿Es posible hacerlo mejor? La experiencia internacional demuestra que sí. Que el estado de emergencia no equivale a desorden en el manejo presupuestal. El caso de Nueva Zelanda es ejemplo de esto.
El pasado 29 de mayo el ministerio de Finanzas de ese país presentó el sumario de iniciativas contempladas como parte del paquete de financiamiento del Fondo de Respuesta y Recuperación frente al Covid-19 (CRRF, por sus siglas en inglés), el cual cuenta con un presupuesto de 50 mil millones de dólares neozelandeses (alrededor de 120 billones de pesos colombianos).
El manejo presupuestal y la transparencia evidenciada en el caso de Nueva Zelanda es, sin duda, un buen ejemplo a replicar. Veamos dos ejemplos.
El informe del CRRF detalla –dólar por dólar– la destinación, el monto y la vigencia en que se gastarán los 29,8 mil millones que ya se comprometieron y los restantes 20,2 mil millones. Discriminados en categorías como salud, negocios, justicia, apoyo a la cultura, ciencia e innovación, agricultura, financiación de la policía y el apoyo al deporte, se detallan los programas a financiar y el monto para la respectiva vigencia –la hoja de ruta está diseñada hasta 2024–. El contraste con Colombia resulta desalentador: actualmente el país no tiene claridad sobre los recursos destinados para atender la emergencia –se ha hablado de 30 billones de pesos, pero también de 117,2 billones–, y tampoco existe un plan detallado de gasto con las destinaciones, los montos y las fuentes del dinero.
Vayamos a un segundo ejemplo, mirando puntualmente la inversión en salud. El informe del gobierno neozelandés detalla uno a uno decenas de programas de salud como este, cada uno con el gasto proyectado año a año, de aquí al 2024:
"Mantenimiento de la continuidad del servicio para el Fondo de Helicópteros de Rescate de Auckland: esta iniciativa proporciona fondos a Auckland Rescue Helicopter Trust (ARHT) para continuar cubriendo los costos operativos luego de una reducción repentina e inmediata en los ingresos debido a COVID-19. Esta financiación es para garantizar la continuidad de los servicios de helicópteros de emergencia en la región norte entregados por ARHT."
Por su lado, el gobierno colombiano menciona, en reportes de prensa y en el Marco Fiscal de Mediano Plazo, una cifra gruesa de alrededor de 7 billones de pesos dedicados a la salud en medio de la pandemia, pero no la desglosa por programas futuros, y no enfatiza el hecho de que únicamente se ha transferido menos de un billón de pesos de los más de 7 anunciados con destino al Ministerio de Salud y el Instituto Nacional de Salud.
No faltará quien diga que “vivimos en Cundinamarca, no en Dinamarca”, y que no tiene sentido comparar a Colombia con Nueva Zelanda. Pero incluso en Cundinamarca sabemos leer, escribir y contar, y no es demasiado exigirle al gobierno que dé cuentas detalladas y claramente explicadas - peso a peso, no billón a billón - de lo que planea hacer con los recursos de la emergencia.
La realidad es que sí tiene sentido compararnos con países líderes en transparencia presupuestal: la seriedad en la construcción y ejecución de la política pública debería ser un atributo innegociable de las instituciones democráticas. Si no lo aprendemos y comenzamos a aplicar en tiempos de pandemia, corremos el riesgo de perpetuar el secretismo y la falta de transparencia que tanto nos han costado.